Cuando aún faltan precisar los aspectos más importantes del acuerdo con el FMI, el mero anuncio del “entendimiento” acordado ya abrió una crisis política en el gobierno que muy probablemente se extienda también a la oposición de derecha. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos pone en cuestión la exigencia del Fondo de que el acuerdo alcanzado sea validado por una ley del Congreso Nacional, aún cuando su sucesor Germán Martínez asegure lo contrario. El silencio de Cristina Kirchner, que en carácter de vicepresidenta preside el Senado, agrega un elemento adicional de crisis que se suma a la generada por la renuncia de su hijo. En este cuadro Patricia Bullrich reclamó que el gobierno avance con el acuerdo mediante un DNU, renunciando al tratamiento parlamentario. Claro que para ello debería anular la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada hace un año atrás. No sabemos si la posición de la presidenta del PRO es compartida por el ala de Larreta. De no ser así, a la división del oficialismo se le sumaría la de Juntos por el Cambio. Contradictoriamente, una ley prevista para unificar al régimen en el pago de la deuda terminaría acelerando su fragmentación. Ante estas vacilaciones el nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Ilan Goldfajn, hizo un llamado al orden, y afirmó que el directorio del organismo solo tratará el programa que sea aprobado por el Congreso.

Ajuste sin destino

Las disputas por escaparle a la autoría del acuerdo muestran la poca confianza que éste genera dentro de los partidos y coaliciones principales. Sucede que más allá de las frases de circunstancia, el ajuste que traerá aparejado tendrá un costo político del que nadie se quiere hacer cargo. La combinación de reducción del déficit fiscal con la menor asistencia del BCRA al Tesoro, sumada al compromiso de reforzar las reservas y elevar la tasa de interés, plantea en el corto plazo un combo de tarifazos, devaluaciones, aceleración inflacionaria, afectación de la actividad económica y menores salarios y jubilaciones. Por lo pronto, el primer paso ha sido un aumento de las naftas del 11% que tendrá un impacto inmediato en la inflación, que todos prevén que en enero será del orden del 4%. Este aumento de las naftas no será el último. Según los voceros de YPF y de otras petroleras el “atraso” de los precios es de al menos un 25%. A esto deberá sumarse el aumento de las tarifas, uno de los puntos más críticos del acuerdo. Según los funcionarios del FMI, el gobierno se comprometió a reducir los subsidios a la energía, para lo cual las tarifas deberían aumentar por encima de la inflación. Como ésta superará el 50%, los aumentos de la electricidad y el gas deberán estar cómodamente por arriba del 60%. Una medida de este tipo equivale a echar más leña al fuego de la inflación y puede disparar una rebelión popular.

Estas tentativas por evadir a la autoría del acuerdo no solo se deben al costo enorme que traerá aparejado su aplicación, sino al hecho de que nadie considera que sea consistente, ni en el corto ni en el largo plazo. En el corto plazo la reducción de déficit y de la emisión plantean el interrogante de cómo se financiará el Tesoro. La única medida posible es incrementando notablemente la colocación de deuda en pesos en el mercado local. Pero para ello la suba de la tasa de interés comprometida puede no ser suficiente. Este año el gobierno enfrenta vencimientos por 4,3 billones de pesos, los cuales superan en un 30% la base monetaria. Ya el año pasado, con compromisos menores, el gobierno no logró su objetivo de financiar con deuda el 40% del déficit, logrando cubrir solo el 25% y el resto debió hacerlo con emisión. El panorama para el año en curso es aún más sombrío. Las estimaciones hablan de que debiera tomarse deuda por 2,6% del PBI, una cifra enorme que requeriría una suba muy significativa de la tasa de interés, con su correlato negativo sobre la actividad económica y también sobre la renovación de las Leliq del BCRA, agravando el déficit cuasifiscal del Estado. Ante este cuadro sombrío, Domingo Cavallo acaba de pronosticar un default de la deuda en pesos que podría darse antes o después de las elecciones del 2023.

Este panorama sombrío del corto plazo se agrava cuando se analiza el contexto más general de la deuda, que el acuerdo con el FMI está lejos de resolver. Es que bien visto el acuerdo solo posterga por pocos años el peso mayor de los vencimientos, sin afectar en lo más mínimo el peso general de la deuda sobre la economía nacional. Repite en ese sentido la reestructuración de la deuda privada, que se limitó a posponer hasta el 2025-2026 la mayor parte de los vencimientos. Así, Argentina deberá enfrentar en pocos años pagos de deuda que son a todas luces imposibles de pagar. En el horizonte próximo se descuentan nuevas reestructuraciones y negociaciones, que alejan por completo la posibilidad de una reducción del riesgo país y una apertura para el Estado y para las empresas del mercado de crédito internacional. Esto, claro, sin tener en cuenta que la suba de la tasa de interés a nivel internacional anunciada para los próximos meses por la Reserva Federal de los Estados Unidos está llamada a agravar esta situación en todos los planos. En este cuadro la agencia de Moody’s señaló que el acuerdo con el FMI no evitará que Argentina tenga que reestructurar su deuda en los próximos años.

Vigilancia y cogobierno

La falta de expectativas sobre los efectos del acuerdo y sobre su cumplimiento alcanzan al propio FMI. Por eso el método elegido contempla una revisión trimestral de la política económica y de las metas previstas, que condicionará los desembolsos para hacer frente al pago de los vencimientos. Dicho de otro modo: si el ajuste no se lleva adelante en los términos previstos, el FMI puede imponer nuevas condiciones y medidas adicionales de ajuste, o dar por cancelado los desembolsos y empujar al gobierno al default. Después de todo, es lo que el Fondo hizo primero con el gobierno de Alfonsín y luego con el de De la Rúa. Tanto éstos como el de Macri pensaban que mediante los acuerdos con el FMI salvaban sus gobiernos y hasta lograban ganar las elecciones, pero ocurrió todo lo contrario. Terminaron siendo solo el primer paso para su salida del poder.

El método de la revisión trimestral incorpora un factor de crisis permanente para el período de tiempo que le resta al gobierno actual. La presencia de las misiones del FMI combinará las tendencias al cogobierno con el Fondo al chantaje y la ruptura, con la consabida amenaza de default. El tenor que alcanzó el discurso del presidente y su elenco, afirmando que sin acuerdo con el FMI Argentina quedaba “fuera del mundo” anticipan que la tendencia a la capitulación y la entrega adquirirá niveles aun mayores.

Enfrentar la entrega

La experiencia indica que los acuerdos con el FMI terminan pariendo crisis económicas, políticas y sociales, como así también terminan generando rebeliones populares. Los recientes hechos en Ecuador y Colombia confirman esta tesis. Los que decían que Argentina sería una excepción se vieron rápidamente desmentidos por las crecientes divisiones en el elenco oficial, que derivaron en la renuncia de Máximo Kirchner. Esa renuncia, sin embargo, no debe confundirse con un intento real de enfrentar el pacto y sus consecuencias. El dirigente de La Cámpora lo dejó en claro en su carta, cuando señaló que no piensa obstaculizar al gobierno y que se queda en el bloque del Frente de Todos para colaborar con el presidente de la nación, o sea, con quien firmó el entendimiento con el Fondo. Los ministros y dirigentes de La Cámpora tampoco han renunciado a sus cargos en el gobierno, en una clara señala de no querer patear el tablero.

La intención de encapsular la crisis no es un operativo político sencillo. En su momento lo intentó el Chacho Álvarez cuando renunció al gobierno de De la Rúa prometiendo que no obstaculizaría la gestión, pero terminó generando una crisis de la cual la Alianza nunca se repondría. Acá el kirchnerismo enfrenta la misma situación, con el riesgo adicional de que si finalmente logra no agravar la crisis, caería él mismo en la intrascendencia. El sentido de la maniobra sin embargo apunta en otra dirección: contener el descontento que existe y que muy probablemente se va a incrementar en la medida que se sientan las consecuencias del pacto que se quiere sellar. Las condiciones políticas en las que opera el kirchnerismo para ese trabajo de contención están lejos de ser las ideales. El mismo es responsable de haber llevado a la presidencia a Alberto Fernández para hacer lo que según Cristina Kirchner a ella le iba a costar, en primer lugar, pactar con el FMI. Desde el punto de vista regional, el apoyo dado al acuerdo por el Grupo Puebla, y por los Lula y Mujica, muestra a los nacionales y populares de la patria grande encolumnados detrás del FMI. En el caso de Lula el apoyo anticipa cuál será el carácter de su eventual gobierno.

Lo antedicho debiera alcanzar para que la izquierda y todos los sectores activos del movimiento obrero y popular rechacen los planteos de quienes pretenden postergar toda acción de lucha independiente contra el pacto con el FMI en pos de buscar un frente con el camporismo o el kirchnerismo. Postular un frente con los Boudou, Moreau y compañía no solo tiene un grado de ilusión alarmante, sino que condena a la inacción a la izquierda facilitando el avance del FMI en el país. De más está decir que el programa de esta fracción disidente del gobierno nada tiene que ver con los planteos de romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria, sino que plantean una negociación y un acuerdo en términos parcialmente distintos.

En este cuadro cobra una importancia enorme la movilización convocada para el próximo martes 8 de febrero por el plenario de organizaciones reunido en Parque Lezama el lunes pasado. Se votó la convocatoria con un programa claro, que refuerza un campo de clase independiente y de lucha contra el gobierno. En la voz de la mayoría de los participantes la movilización fue defendida como el inicio de un plan de lucha que debe buscar incorporar a franjas cada vez más significativa de los trabajadores y de los sectores populares. Para ello el llamado a la movilización irá acompañado, al menos por parte el Partido Obrero, de una fuerte agitación en las organizaciones obreras para denunciar la entregada de la burocracia sindical y plantear la necesidad de una acción de lucha independiente para derrotar el pacto del gobierno con el FMI.

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