No sólo De la Rúa y su banda de “demócratas” terroristas cargan con la responsabilidad de los 28 muertos y los cientos de heridos de la pueblada. También la cargan los gobernadores peronistas, y sus intendentes.

Nueve muertos, cientos de heridos y más de 2.400 detenidos en Buenos Aires; cinco muertos en Santa Fe; un muerto en Córdoba; otro en Tucumán, además de un centenar de heridos de bala y 400 detenidos. Las policías provinciales y la Gendarmería reprimieron al pueblo con la misma saña que la Federal en la Plaza de Mayo.

Si la masacre no fue mayor se debe a que el pueblo echó a De la Rúa el jueves 20. Ese día, el comandante de la Gendarmería aseguraba que “vamos a utilizar toda la violencia que haga falta” y que “casi agotadas las municiones antidisturbios, anoche comenzaban los preparativos para cambiar el armamento de los efectivos por fusiles” (La Nación, 21/12).

En Buenos Aires, el sonriente Ruckauf le reclamó a De la Rúa el despliegue del Ejército, después de que la policía provincial agotara las balas de goma en la tarde del miércoles 19 (Clarín, 20/12).

En Buenos Aires, los “operativos de inteligencia” de la policía provincial y de la Side estuvieron a la orden del día. Fueron ellos los que desataron la psicosis de los “saqueos a las viviendas” que nunca ocurrieron, pero que sirvieron para aterrorizar a la población, mantenerla en sus casas, enfrentar a los vecinos y a los barrios entre sí y, por sobre todo, justificar el cerco policial a las barriadas populares y las salvajes razzias policiales que tuvieron lugar en barrios, villas y asentamientos en las noches del miércoles, jueves y viernes.

Los servicios de inteligencia y los organismos de seguridad actuaron en estas jornadas tanto para los que fogoneaban el recambio político como para los que trataban de sobrevivir: después de todo, tienen tantas relaciones con unos como con los otros y a ambos les deben la impunidad de sus crímenes contra el pueblo, tanto los de las épocas dictatoriales como los cometidos bajo la “democracia”.