Después de anunciar que la policía concurrirá sin armas de fuego a las manifestaciones populares, la ministra de Seguridad estableció el nuevo equipamiento que usarán la Federal, la infantería y la caballería: “escudos, machetes y gas pimienta”. Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte, un garantista señalado como ‘confidente’ del equipo de Garré, avaló el enfoque: la represión con armas, dijo, es “un error técnico”. El ala progresista que anima el CELS se apresta a dar lecciones de ‘seguridad’ y de represión a la derecha más recalcitrante. Una competencia por el premio de Gran Cana.

El artículo del compañero Savas Matsas sobre la reciente huelga general en Grecia, que se puede leer en esta edición, es aleccionador al respecto -aunque más no sea porque en la Helade el garantismo, representado por el ‘socialista’ Pasok, y el aparato de represión de la Otan, representado por los ‘servicios’, marchan al paso en una unidad muy rendidora . Mal que les pese a Carrió o Macri, Garré y CFK saben muy bien de qué están hablando cuando postulan una policía “desarmada” y con “profesionalidad”. En su nota, Savas describe la labor brutal de la policía antidisturbios, sin otras armas que “una increíble cantidad de gases químicos”, que intoxican a manifestantes y transeúntes. Esta policía, según relata Savas, ha venido entrenándose durante meses en el ‘control antidisturbios’ en los estadios deportivos, para aceitar “la forma de reprimir levantamientos urbanos”. Esas brigadas de Grecia están calcadas de las que se ven en Londres, París o Madrid, en las manifestaciones contra la crisis capitalista. En Estados Unidos, munidas de porras y gases, las brigadas son conocidas como “unidades de gestión (sic) de la multitud”. La característica de esta “policía profesionalizada” es que va al choque de los manifestantes, liberando calles y, llegado el caso, produciendo detenciones masivas, hasta la disolución de las demostraciones populares. El uso de armas ha devenido en un error ‘técnico’.

En esto consiste la “seguridad democrática”, cuyos protocolos han firmado en la Argentina desde el PJ hasta los aliados de Solanas, pasando por Alfonsín. Para la protesta social, la “seguridad democrática” estipula un uso de la fuerza “proporcional, racional y subsidiario”, o sea, el escalonamiento de las medidas represivas hasta alcanzar “el objetivo” (la liquidación de la protesta).

La prensa le dio mucho lugar a las quejas contra ‘el desarme’ de Carrió y Macri. En cambio, tuvo mucha menos difusión el apoyo ofrecido por el vocero de la Policía Federal, Sebastián Seggio. El hombre no ahorró palabras: calificó a la iniciativa de Garré como “exacta, precisa, clara y práctica”, que “nos protege del riesgo de actuar contra personas que quieren lastimar a la política, al gobierno y a la propia fuerza” (Clarín, 20/12). El anuncio garantista exime a la policía de las crisis políticas provocadas por la represión criminal, al estilo de lo que sucedió en Soldati. En contrapartida, la Federal será capacitada y habilitada para el choque físico con las manifestaciones, y su disolución por medios “alternativos”.

Como se ve, la Presidenta no sólo trajo de Europa la “normalización” con los banqueros del Club de París. Pero la ‘seguridad democrática’ del garantismo criollo no es del todo genuina -es otro caso de piratería intelectual. Ocurre que no desmantela, antes, a las patotas sindicales o a las formadas por punteros. Coexiste con ellas y hasta las refuerza. La marca ‘democrática’ no alcanza para borrar los trazos fascistoides de la represión nacional y popular. Las patotas siguen siempre ahí, dispuestas a hacer “lo que el Estado no quiere hacer” (palabras de Pablo Díaz, de la Unión Ferrovaria, minutos antes del crimen de Mariano Ferreyra). ¿Los nuevos securitarios, encontrarán a Jorge Julio López?