Más de 40 personas detenidas dejó la jornada en la que la movilización popular fue atacada por la represión estatal de un modo salvaje. Hoy comenzaron a producirse algunas excarcelaciones, pero la mayoría de los compañeros continúan detenidos. Mañana se tomará indagatoria a 25 de ellos. 

La Policía Federal impidió hasta altas horas de la noche que abogados de organizaciones de derechos humanos tuvieran contacto con los detenidos, violando las garantías constitucionales más elementales. En estos momentos, una delegación de abogados de organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia se encuentran en Comodoro Py reclamando la excarcelación de los detenidos. Entre otros, se encuentran allí las abogadas de Apel, Claudia Ferrero y Lliliana Alaniz, y Nora Cortiñas. También la diputada nacional Romina Del Plá se acercó a Tribunales para reclamar la liberación. 

Anoche, el juez de turno a cargo del procedimiento Claudio Bonadío adujo que no tenía personal en su juzgado, por lo tanto impidió la liberación de los manifestantes injustamente detenidos. Entre ellos se encuentra Damiana Negrín Barcellos, una joven que regresaba de su trabajo, se detuvo a sacar fotos y al cruzarse con la represión estatal comenzó a correr cuando fue apresada y alrededor de gendarmes la rodearon para subirla a una camioneta de la fuerza represiva mientras la joven gritaba desesperada: “¡No hice nada!”. La violencia para detener a una joven en estado de pánico es una de las postales de la represión estatal del 14 de diciembre.

 

 

 

No es la única. La jornada estuvo marcada por un virtual estado de sitio . El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decretó el acuartelamiento de todos los efectivos de la Policía de la Ciudad ante la eventualidad de que Macri decidiera aprobar la reforma previsional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, de categoría inconstitucional, y que hubiera provocado un incremento de la protesta social en todo los ámbitos. La crisis política que atraviesa el gobierno de Mauricio Macri impidió que recurriera a esa posibilidad, a pesar de que los 22 ministros habían estampado sus firmas en el decreto. 

 

 

La mayor parte de las cuatro decenas de detenidos que permanecen en las celdas fueron producto de la cacería realizada por las fuerzas represivas de Bullrich luego de que las columnas de las organizaciones sociales, sindicales y políticas hubieran realizado la retirada del lugar de los acontecimientos. Estos hechos intimidatorios forman parte del operativo político para hacer pasar en el Congreso las reformas previsionales, laborales y el ajuste en general que lleva adelante el gobierno de Macri. El reclamo de que el principal ariete represivo sea removido del gobierno es una necesidad del movimiento obrero y popular. Que se vaya Patricia Bullrich de inmediato.

 

 

 

 

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