La reciente intervención de la Corte Suprema en la causa que se sigue a Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción en Vialidad Nacional constituye un nuevo episodio de la crisis política.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton solicitaron al Tribunal Oral Federal n° 2, que sigue la causa, que le remita los más de 50 cuerpos de expedientes, lo que supone la casi segura postergación del inicio juicio oral cuyo comienzo estaba previsto para el 21 de mayo.

La decisión contó con el solitario voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, y despertó furibundas críticas por parte de Marcos Peña, Laura Alonso y hasta de Mauricio Macri, entre otros funcionarios. El interés del oficialismo, inocultable, era que el juicio se desarrollase con la campaña electoral en marcha. La medida de la Corte tuvo lugar horas después de que CFK reapareciera en la cumbre del PJ, lo que fue interpretado por propios y extraños como un paso más hacia el lanzamiento de su candidatura. Los cortesanos han puesto un paréntesis en una de las numerosas causas por corrupción que asolan a CFK y su camarilla.

No estamos ante la primera resolución del máximo Tribunal que contradice los deseos del gobierno. Tampoco del primer voto en soledad de Rosenkrantz –ya ocurrió, por ejemplo, con el fallo contra la aplicación del impuesto a las Ganancias a las jubilaciones. El aislamiento del hombre en la Corte que preside se ha visto reforzado con el alejamiento del gobierno por parte de Highton.

Es más o menos evidente que la fractura que recorre al Poder Judicial se conecta con el derrumbe del gobierno. Una parte de la Justicia sintoniza con un eventual relevo.

Esta fractura en el Poder Judicial se extiende a todos sus estamentos. En la Corte Suprema Bonaerense, su presidente Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigiani (ambos ex ministros de Seguridad peronistas) acaban de votar en minoría que se postergue la jura de Sergio Torres, designado para el máximo Tribunal provincial a propuesta de María Eugenia Vidal (y votado por unanimidad en el Senado bonaerense). Torres, que hizo en el pasado gala de “garantista”, se ha convertido en un campeón de las prisiones preventivas contra los luchadores (y por lo tanto, en una pieza de valor en la política represiva del gobierno), como se vio en el encarcelamiento que dictó contra quienes enfrentaron la reforma previsional de 2017, entre ellos, nuestros compañeros César Arakaki y Dimas Ponce.

A su turno, La Nación (12/5) recaba los dolores de cabeza de Macri en su intento por avanzar sobre el Fuero Laboral, para blindar judicialmente las agresiones de la política oficial contra la clase obrera. El ministro de Producción Dante Sica formó con este fin un “Consejo Asesor” con lobbystas judiciales provenientes de la UIA, las cámaras empresariales y la burocracia sindical de Luis Barrionuevo y UPCN, que “sin embargo, no garantiza aún los triunfos en los tribunales”.

Por último, otro episodio significativo de este proceso, es el de Ramos Padilla versus Stornelli, que sacó a la luz la trama de operaciones cruzadas entre servicios de inteligencia, funcionarios políticos y judiciales y diputados.

Atenta a una posible agudización de la crisis política, la Corte ha buscado con esta nueva resolución arbitrar de cara a la campaña electoral, colocándole límites al gobierno, cuando este declina en todas las encuestas frente a sus potenciales adversarios.