Los salarios en La Rioja son de los más bajos del país. Para muestra solo algunos datos: en enero, el salario estatal mínimo fue de $185.000. Se cobró menos que los meses de octubre y noviembre en los que el gobierno pagó un bono $15.000 y $20.000, respectivamente.

A su vez, el salario de un docente que recién se inicia fue de $220.000 en el mismo mes, y aquel que tiene el máximo de antigüedad apenas llegó a los $258.200. Vale recordar que nunca se hizo efectivo el último tramo del acuerdo paritario nacional que iba a llevar el inicial a $250.000 en diciembre. El gobierno provincial y nacional nunca dijeron nada sobre semejante estafa. El básico, que apenas llega a $61.405, permanece en la misma suma desde agosto.

Para los trabajadores de la salud, la realidad no es diferente. El sueldo básico de un médico es de apenas $86.000 y el de un enfermero $75.000. Ni hablar de lo que cobran por las guardias, viáticos o traslados que, no solo es menos de lo que se paga en provincias vecinas, sino que lo perciben a cuentagotas. Por eso ya no hay médicos para cubrir las guardias mínimas en los hospitales.

La política de las sumas en negro que viene llevando adelante el gobernador Ricardo Quintela tiene duras consecuencias para los trabajadores estatales. Por ejemplo, en el caso del aguinaldo, lo cobrado en diciembre fue casi igual al aguinaldo de julio. A su turno, los trabajadores que llegan a la edad jubilatoria no quieren hacerlo ya que la mayoría pasa a cobrar la mínima, es decir $105.712 (enero).

Por eso es absolutamente insuficiente el anuncio realizados este 15 de enero por el gobierno de Quintela, que plantea un incremento de $80.000 para los trabajadores estatales de planta permanente (igual para los trabajadores de salud y docentes, en este último caso es por persona y no por cargo) y, para los trabajadores precarizados, unos $50.000.

Así, para poner solo un ejemplo, un trabajador de planta permanente con categoría 15, en febrero cobrará $260.000.
Si tenemos en cuenta el informe elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, la canasta de indigencia llegó en La Rioja a $256.568 en diciembre y la canasta básica (pobreza) a $541.359. Anualmente, el aumento de la canasta básica fue del 258%.

Es decir, el salario en La Rioja, con el último anuncio, dejaría a casi a todos los trabajadores, no solo muy por debajo de la línea de pobreza, sino prácticamente con salarios de indigencia. En esta línea de ajuste insoportable hay que ubicar el proyecto del gobierno provincial para emitir una moneda propia (bono) que sería usado para pagar salarios.

Esta dura realidad en la que se encuentran sumidos los trabajadores riojanos desde hace años, se acentúo con las últimas medidas del gobierno nacional de Milei: devaluación, tarifazos, liberación de precios (principalmente en combustibles), suspensión de la obra pública, despidos.

Además, el presupuesto de La Rioja se ve afectado por la decisión del gobierno nacional de reducir las transferencias discrecionales a las provincias y la prorrogación del presupuesto 2023, que licúa los montos involucrados en la coparticipación federal. Esto despertó el conflicto entre Quintela y Milei. Incluso, reavivó el reclamo del gobierno provincial sobre el punto en la coparticipación que perdió La Rioja cuando se sancionó la Ley de Coparticipación Federal en 1988.

El enfrentamiento entre el gobierno provincial de Quintela (PJ) y el gobierno de Milei por los fondos que llegaron y llegan a la provincia no debe crear ningún tipo de expectativa a los trabajadores. Quintela usó y usa los fondos para sus propios negociados y los de sus amigos. Y Milei, a través de Martín Menem, se dedica ahora a “denunciar” los bajos salarios con el único objetivo de apretar al gobierno provincial para que los diputados del PJ le aprueben la nefasta ley ómnibus o dejen pasar el DNU que significan un retroceso en los derechos de los trabajadores.

A ninguno le interesa el bolsillo de los trabajadores. El famoso “no hay plata” de Milei es solo para los trabajadores, no así, para la casta (política y empresarial) que decía combatir.

Las redes sociales mostraron un fuerte rechazo al anuncio de Quintela. Lo mismo sucede por parte de los trabajadores de salud que se encuentran movilizados en estos días reclamando una mejora en sus salarios y en sus condiciones de trabajo. Exigen al menos un trato igualitario con las fuerzas policiales que le arrancaron un incremento del 70% en el salario y un 30% en la quincenita tras el acuartelamiento. Un sector de la burocracia salió rápidamente a aplaudir el anuncio del gobierno, situación que enardeció aún más a los trabajadores.

Los ataques y el ajuste, tanto del gobierno provincial como nacional, requieren una respuesta acorde a los mismos. Así como lo hicieron las organizaciones sociales el pasado 20 de diciembre contra el plan motosierra de Milei y el protocolo Bullrich; como lo hicieron los trabajadores de la cultura el pasado miércoles 10 con el cacerolazo nacional y como lo hacen las asambleas barriales que se propagan en Buenos Aires y otros lugares del país, este 24 de enero tenemos que ser miles en todo el país.

El paro arrancado a las centrales sindicales es la oportunidad para enfrentar el plan ‘motosierra’, el DNU de Milei, el protocolo represivo de Bullrich, la Ley Ómnibus y también, para poner en el centro de los reclamos un aumento que lleve el salario básico de todos los trabajadores a lo que está la canasta básica, es decir de $500.000.

En este marco, el pueblo trabajador riojano no puede ser presa de la política de quienes gobiernan nación y provincia, es necesario que hagamos sentir nuestros reclamos de manera independiente. Impulsemos la deliberación en cada lugar de trabajó, marchemos el próximo 24 y demos le continuidad construyendo un plan de lucha por la derrota del ajuste de Milei y los gobernadores.

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