A principios de agosto, el gobernador Beder Herrera tomó la decisión de expropiar las acciones del Banco de La Rioja, en manos del grupo Ick, titular del Banco de Santiago del Estero, el diario El Liberal, constructoras, empresas de servicios y cadenas de hoteles, entre otros, especialmente en Santiago del Estero. Beder Herrera denunció que el banco había incumplido con una política crediticia de fomento a los sectores comerciales y productivos de la provincia. Esta medida fue apoyada por la Unión de Industria de La Rioja y el Centro Comercial.

Desde el grupo Ick, propietario desde 2001 del 70 por ciento de las acciones del banco, se señaló que desde la privatización el gobierno nunca dejó de tener participación en las asambleas anuales y que siempre aprobó todos los balances que ahora dice cuestionar. Además, el grupo hizo una fuerte denuncia por corrupción contra varios funcionarios, entre ellos el ministro de Infraestructura, Néstor Bosetti, recientemente electo vicegobernador. Ick reveló que el gobierno utilizaba el banco para desviar fondos públicos en concepto de subsidios multimillonarios a ONG que, en realidad, no existían y eran propiedad de los propios funcionarios.

Fuerza Cívica (UCR, PRO y otros) apunta que la maniobra se realizó apenas cuatro días después de que la entidad informara al Banco Central de una serie de operaciones sospechosas vinculadas con quince ONG que reciben millonarios subsidios del ejecutivo provincial. Según fuentes financieras consultadas por la agencia NA, el Banco Central había tomado la decisión de revisar los Reportes por Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por la conducción privada del Nuevo Banco de La Rioja (NBLR). Eso se dio a partir de pagos por ventanilla y en efectivo de más de 300 millones de pesos por orden de la administración riojana de Beder Herrera a presuntas "entidades fantasma" beneficiadas por esos pagos.

La expropiación se concretó en tiempo récord en una sesión extraordinaria de la Legislatura en la que los mismos diputados oficialistas admitían desconocer el proyecto, que se mantiene bajo cuatro llaves. El Estado recuperó el 70 por ciento que estaba en manos del grupo Ick y sus socios y designó a las nuevas autoridades. El Banco Central autorizó en tiempo récord la transferencia de las acciones y la asunción de las nuevas autoridades. La Legislatura se apresta a aprobar la emisión de un bono para el pago de deudas que, según fuentes periodísticas, en realidad sería el pago de las acciones al grupo Ick.

El gobierno parece haberse apresurado a recuperar el control del banco por diversos motivos. El más evidente es el intento de encubrir los enormes desvíos de fondos en manos de los principales funcionarios, quienes además asumirán puestos clave en el próximo gobierno -como la vicegobernación o la intendencia de capital, en el caso de Paredes Urquiza. El otro motivo es la fuerte presión de los capitales "productivos" que tienen una puja con el gobierno de la provincia desde el fin de la promoción industrial, la cual le otorgaba enormes beneficios impositivos.

Planteamos la apertura de los libros contables para el control popular y la expropiación sin pago de toda la banca bajo control de los trabajadores. De otra manera, los negociados del gobierno y los privados lo seguiremos pagando los trabajadores.