Cuando la comisión policial de la ‘Rionegrina’, encabezada por el procesista comisario Marchetti, entregó sus conclusiones sobre el triple crimen de Cipolletti, hizo hincapié en caratularlo como un “hecho simple y circunstancial”.

Varios meses después, ha salido a luz una siniestra red de delitos cometidos por jefes policiales que abarcan casi toda la geografía provincial. Algo nada ‘simple’ ni ‘circunstancial’.

En Viedma, asesinó a Fredy Pazos en un caso ligado al narcotráfico. Un policía del caso, que había llegado a la conclusión de que eran sus camaradas los autores del hecho, fue a su vez asesinado por otros dos policías (más tarde juzgados y encarcelados, pero luego absueltos).

En Río Colorado, en relación con la muerte de una pareja de jóvenes, ya han sido encarcelados cinco jefes acusados de ‘asociación ilícita’que cometieron el crimen para proteger sus negocios ligados a la faena clandestina y al contrabando de animales, violando la barrera sanitaria. Los fiscales involucran a más policías y a un ex diputado radical y aún a ganaderos de la zona. El juez pidió a dos importantes frigoríficos de Río Negro que informen si tenían alguna relación comercial con los acusados.

Entre los detenidos por lo de Río Colorado, hay un subcomisario que, para la época del triple crimen, “cumplía funciones” en Cipolletti, en la misma comisaría donde estaba el comisario Torres (uno de los acusados por la “asociación ilícita” de ese crimen) que estaba en Viedma cuando lo de Fredy Pazos y el policía asesinado.

El negociado de la “asociación ilícita” de Cipolletti sería la compra-venta de autos robados y el contrabando de autopartes, que a su vez se liga con el escándalo del desarmadero ‘trucho’ en Neuquén, en el cual se vio involucrada la policía provincial y el ministro de gobierno de Sapag.

Para una banda institucional, una defensa institucional

“Larpidale (actual jefe de la policía de Río Negro) reafirmó que hay una defensa institucional de los policías imputados… (en el caso de Río Colorado)” (Río Negro, 10/9). Estas declaraciones las hizo al salir del penal de Roca, tras visitar a los jefes policiales detenidos. Pero no terminó allí el periplo ‘institucional’. Más tarde, el jefe policial se trasladó a Cipolletti para entrevistarse “con el juez del triple crimen… con quien hacía tiempo que quería conversar” (ídem).

El anterior jefe de policía, el también procesista Elosegui, está procesado por falso testimonio ya que negó haber escuchado cuando el comisario Torres (verdadero hilo conductor de todos estos casos) le dijo, en relación con el intento de matar y luego inculpar al ‘marginal’Sepúlveda: “No pudimos matar a ese hijo de puta, parece que duró”.

El forense de Río Colorado admitió que no había realizado las autopsias y que falsificó los informes, pero fue absuelto.

Los dos policías que fueron encarcelados por matar en Viedma a otro policía que los incriminaba, terminaron también absueltos.

El comisario Torres fue ascendido por Verani poco después del triple crimen, y ahora está en el centro de la “asociación ilícita”.

Contra la impunidad

La “asociación ilícita” que cubre la provincia desde “los Andes al mar”, ha saltado a la luz por la lucha popular.

El actual escenario de marchas democráticas contra la impunidad policial-delictiva amenaza confluir con la lucha de los trabajadores contra la política antiobrera de Verani (ver nota), tornando la situación explosiva.

Cerrar rápidamente y como sea todos estos casos, asegurando la impunidad de los ‘peces gordos’, es la política en que están empeñados el gobierno y la justicia.

La escalera de la “asociación ilícita” apunta al centro del poder y su sistema de financiamiento de campañas. Los crímenes de Río Negro son un hecho político, y como tal deben castigarse: ¡Fuera Verani y la ‘Rionegrina’!.

El 11 de noviembre, primer aniversario del triple crimen de las chicas de Cipolletti, debe ser la oportunidad de una gran movilización provincial (en cada ciudad) contra la impunidad. Cárcel, juicio y castigo a todos los asesinos de la ‘Rionegrina’.