En los diálogos con Lagarde no habrá estado ausente la reforma de las Fuerzas Armadas que vio la luz con el Decreto 683. Tampoco en los contactos íntimos del G20, cuando la aplicación de los planes del FMI está produciendo rebeliones populares -y sangrientas represiones- en Nicaragua, Haití y Panamá. Los anuncios son un claro complemento en materia de reforzamiento represivo del Estado, de la enorme ofensiva contra los trabajadores pactada en el memorándum del crédito del FMI.



El combate al narcotráfico invocado para la reforma, es la excusa clásica del Pentágono norteamericano para justificar el emplazamiento de bases militares por toda América Latina y para promover la militarización de los Estados y sus regímenes políticos. Ya conocemos sus resultados en México, país largamente militarizado, donde el narcoestado ha avanzado de la mano de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas hace décadas. Al mismo tiempo, hemos conocido las masacres de las rebeliones y movimientos populares como la de los estudiantes de Ayotzinapa o el ahogo en represión de la rebelión de Oaxaca, a partir de la huelga general de los maestros de esa provincia en 2006, entre tantas.



El decreto implica una alteración del régimen político, aunque eluda reformar las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, porque las “interpreta”, de tal manera que habilita una intervención permanente de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, cuando la Constitución habilita esto sólo en el dictado del estado de sitio. El decreto es, por lo tanto, una vuelta más de tuerca en el carácter represivo y de clase del Estado. Coloca la respuesta a un agravamiento de la lucha de clases que cuestione a ese Estado y sus instituciones, no sólo como emergencia sino como cuestión permanente.



Siguiendo este hilo, el decretazo calza como anillo al dedo con la ley antiterrorista que prevé como acto de alzamiento contra el Estado aquel accionar “que tenga por finalidad obligar a las autoridades” a tomar ciertas determinaciones o a no tomarlas. Justamente la función de la movilización popular, por ejemplo, para que no se apruebe una ley que le robó 100 mil millones de pesos a los jubilados, como la que tuvo aprobación el 18 de diciembre. No casualmente, Bullrich ha dicho, justificando la escalada legal represiva, que no tolerará otros 14 y 18 de diciembre.



Se valen de un difuso concepto de “agresión de origen externo”, que contempla el accionar “contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país”, lo cual es suficientemente genérico como para justificar cualquier intervención. Ya no se trata de la hipótesis de un Estado como enemigo, sino de fuerzas indeterminadas. Pero el articulado del Decreto 683 es más alarmante todavía. En el artículo 24 bis establece que “el sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de objetivos estratégicos”. Esos los dispondrán Aguad y Bullrich, y bien podrían ser puentes, campos de Benetton, mineras, rutas o pozos petroleros, lo cual es una militarización de aquellos lugares que puedan ser sensibles al conflicto con la clase obrera y el movimiento popular en general.



La maniobra prevé en lo inmediato enviar miles de efectivos del Ejército y la Armada a las fronteras a cumplir las funciones de la Gendarmería, cuyas fuerzas serán volcadas al control social interno, es decir a la represión al movimiento popular como ya las vemos actuar hace tiempo, incluso mucho antes de la gestión Macri, con Berni y con Milani como comandante en Jefe. La continuidad entre este gobierno y el anterior está dictada por la adscripción a la política “antiterrorista” que dio origen a la nefasta “ley antiterrorista”, que ciertos “republicanos” macristas cuestionaron en tiempos del kirchnerismo, pero de la que jamás volvieron hablar, y está vivita y coleando más que nunca con estos anuncios.



El anuncio es una continuidad del Decreto 721 del año 2016, conocido como de “autonomía de las Fuerzas Armadas”. Por esa vía se dio autonomía en la designación de mandos y traslados, y se dio vía libre a la participación de militares retirados, acusados de crímenes de lesa humanidad, en la formación de los nuevos cuadros. Toda una concesión estratégica de “reconciliación” que tuvo luego expresión en el “2×1” a los genocidas, abortado por la movilización popular que impidió lo que sería una virtual amnistía. El Decreto 721 fue denunciado por Prensa Obrera como una medida de “excepción” que refleja una tendencia profunda del Estado y de las democracias capitalistas para descargar la crisis sobre las masas trabajadoras. Su derogación debe ser unida a la acción parlamentaria contra el nuevo decreto por parte de las bancadas obreras y socialistas en el Congreso. No se trata, como plantean las distintas alas del pejotismo y Unidad Ciudadana, de que el Congreso “diseñe” las políticas de seguridad. De allí sólo podría salir un producto reaccionario; se trata de que actuemos desde el Congreso para reforzar al movimiento popular por la caída del decreto y clarificando sobre su alcance político.



Precisamente, el alcance político es muy vasto, puesto que, en Campo de Mayo, Macri prometió reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Algo tan importante como el decreto. Se trata de un rescate de las Fuerzas Armadas de la mano del alineamiento con las políticas del Pentágono y de la compra de armamentos a quienes dictan la política de seguridad mundial, de guerras e intervenciones armadas que hoy acompañan la guerra comercial. Macri coloca a la Argentina como peón de esa política y los “apoyos” yanquis conseguidos ante la fragilidad de la política económica y sus peligros de defol han sido seguramente moneda de cambio. Por ello la premura del anuncio, no bien terminó el G20.



No se trata sólo de una cuestión de derechos humanos, que sin dudas lo es, sino de la preparación de un régimen para descargar su fracaso sobre la mayoría trabajadora nacional, que de eso se trata la letra grande y la letra chica del pacto con el FMI. Es un aspecto de la garantía de su aplicación y, por lo tanto, la anulación de todas estas medidas merece ser incorporada a una campaña política de las organizaciones obreras y populares. La CGT, en lugar de pedir reuniones con el FMI y atención a las “consecuencias sociales del ajuste”, debería llamar a un congreso de todos los sindicatos argentinos con mandato de sus bases, para enfrentarlos con la huelga general y la movilización popular. Así derrotamos el estado de sitio de De la Rúa, así derrotamos el plan represivo de Duhalde en 2002, así derrotamos el 2×1 de Macri. Desde luego, impulsamos movilizaciones inmediatas en todo el país contra el decretazo.