Políticas
11/6/2025
La Salada cerrada y los trabajadores sin respuestas
La Justicia y el gobierno actúan a instancias de los Estados Unidos, preservando el negocio de unos pocos.
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Allanamiento La Salada.
Las ferias de La Salada (Urkupiña, Punta Mogote y Ocean) permanecen cerradas desde el pasado 22 de mayo, tras un operativo con 62 allanamientos ordenados por la Justicia Federal, en una causa ordenada directamente desde los Estados Unidos para terminar con el mercado “trucho” de indumentaria y otros bienes, y afectando directamente a miles de feriantes y trabajadores y a todo un mercado de reventa que se extiende por todo el país.
En la causa a cargo del juez federal Luis Armella se ordenó la detención de Jorge Castillo, sindicado como el principal referente de la explotación de los negocios de La Salada, en un esquema que se extiende a otras ferias e inversores y propietarios.
La orden de avanzar en esta dirección vino directamente desde los Estados Unidos, en el marco de las negociaciones secretas sobre los aranceles impuestos y su eventual modificación. La Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios) coloca a La Salada como uno de los mayores mercados negros de productos falsificados y pirateados en Argentina. Misma línea que se aplicó contra los feriantes callejeros y manteros en CABA, particularmente en las zonas de Once y Flores.
El gobierno intercede activamente a cuenta de los reclamos del capital norteamericano y de las grandes marcas de indumentaria, accesorios y productos, que ven mermados sus ingresos y afectados sus intereses por el crecimiento de la producción y comercialización de productos de imitación, que se venden a precios accesibles a la población trabajadora.
Cabe destacar que el esquema de negocios de La Salada no tiene nada que envidiarle a cualquier esquema comercial a gran escala de las patronales del sector. Lejos de lo que pueda considerarse como una “economía social de integración”, estamos ante un negocio que diferencia a inversores y capitalistas de feriantes y trabajadores, estando estos últimos sometidos a lo que imponen los primeros -su dinámica y sus condiciones-, siendo en los hechos una relación laboral no reconocida.
La Salada se abastece principalmente de una industria textil bajo que opera condiciones de explotación laboral de cuasi servidumbre, abasteciendo ferias que a su vez son el punto de venta y abastecimiento de locales, comercios y vendedores de todo el país. No se trata de una política excluyente de este mercado semiinformal, sino que son las prácticas que dominan todo el sector textil, con talleres clandestinos, jornadas de trabajo extenuantes, salarios mal pagos y el desconocimiento total e derechos laborales.
La suspensión de La Salada afecta particularmente a quienes menos provecho sacan de todo este proceso: feriantes y trabajadores que dependen del funcionamiento de los puestos y la apertura de los establecimientos.
Se calculan unos 50.000 trabajadores directos afectados, que implican las tareas realizadas en 7.000 puestos “habilitados”, más puestos improvisados, carreros, changarines, comerciantes de comida, remiseros y choferes. Además de la afectación de decenas de miles de comerciantes y revendedores por fuera de la feria.
El crecimiento y la explosión de este tipo de ferias está directamente asociado al deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora y la caída del poder adquisitivo de las familias, habilitando el acceso a indumentaria de imitación a precios más accesibles, lo que a su vez abastece otras formas rudimentarias de supervivencia, como la de los manteros y de feriantes que extienden su actividad por diversas plazas y locaciones del Amba y las principales ciudades. Es el oficio de quienes carecen de un empleo formal que las patronales no ofrecen ni el Estado garantiza.
Su funcionamiento también expone otros problemas, como el de la falta de controles de la calidad de los productos que allí se comercializan, muchos de los cuales pueden terminar resultando nocivos y/o peligrosos para el uso de las personas, por la toxicidad de los materiales empleados o la endeblez de los mismos, desde juguetes tóxicos, telas mal tratadas, hasta insumos de ferretería no certificados y de alta peligrosidad. Algo que también es inherente a la lógica capitalista y que ocurre incluso en los establecimientos habilitados, con el Estado haciendo la vista gorda para favorecer a los empresarios.
Diferenciándose del gobierno nacional y del accionar judicial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se esfuerza por defender la continuidad de este negocio, que se basa en condiciones laborales deplorables. En su momento, el kirchnerismo impulsó las tratativas para que este modelo incluso sea exportado a Angola. Unos pocos años atrás, la intendencia de Lomas de Zamora, a cargo de Martín Insaurralde, desalojó a los manteros de la periferia de La Salada a pedido de Castillo y en defensa de los inversores privados: poco les importan los feriantes y los trabajadores.
La salida a la situación que atraviesa La Salada no puede ser atendida preservando el negocio millonario de un puñado de capitalistas e inversores como Castillo, sino poniendo los establecimientos en manos de sus trabajadores, con una organización independiente y democrática y los controles de calidad y resguardos necesarios. Hay que echar a los regenteadores de los feriantes y a todos los que viven del trabajo ajeno.
