29/09/2011 | 1196

La salud obrera también financia a la banca

15 mil millones de nuestros bolsillos, al agujero del tesoro público

Entre las obras sociales y el Pami, 15 mil millones de pesos están financiado el déficit público.

Por el lado de las obras sociales, hay dos rubros que administra el Estado desde la intocada «desregulación» menemista: el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y la Administración de Prestaciones Especiales (APE). De ellos, el Estado se está quedando, al día de hoy, con unos 10 mil millones, según se informó en el Congreso de Acami, una asociación de entidades civiles médicas, quienes se quejan amargamente por el aumento de los costos de la salud que afectan sus contratos.

El primero (FSR) tiene por función equilibrar el sistema asistiendo a aquellas obras cuyos ingresos, debido a bajos salarios, no alcancen a cubrir la cápita básica para acceder al PMO o Programa Médico Obligatorio. El segundo (APE) es un fondo especial para tratamientos de alta complejidad que desbordan el presupuesto de ciertas obras sociales -en especial, las más pequeñas. Cada año, el excedente de estos fondos enormes, que resultan de una retención de aportes del 10% del total de los 2.500 millones de pesos mensuales que recaudan las obras sociales, deben ser devueltos a todas las obras en forma proporcional a sus afiliados. No se hace. El Estado se lo queda ilegalmente, por lo que se ha formado esta bola de fondos a lo largo de la gestión kirchnerista.

En el caso del Pami, se acaba de suscribir una letra de tesorería con la tasa de las Lebac, que emite el Banco Central, por 1.630 millones de pesos. Pero no es la única, los «ahorros» del Pami en títulos del estado nacional suman ya 5.500 millones de pesos. Recordemos que los fondos del Pami provienen del aporte del 3% que hacemos todos los trabajadores mes a mes por encima del 11% jubilatorio.

Como se puede apreciar, en ambos casos (obras sociales y Pami) son dineros apartados del salario obrero con el objeto de la salud presente y de la salud futura de los trabajadores. Apartados de las cajas correspondientes, su traducción inmediata es el deterioro de la calidad de las prestaciones de salud en forma directa en el Pami.

En el caso de las obras sociales, la fuga de fondos se traduce de dos maneras: caída de las prestaciones y aumentos de loe «coseguros» o aranceles que se pegan crecientemente por cada atención médica, estudios o internaciones. Esto es tan así, que hay una lluvia de demandas judiciales de familias afectadas porque sus obras no alcanzan los estándares mínimos del Programa Médico Obligatorio que es el (limitado) combito básico de salud, que cotiza con la cápita media establecida en la negociación con las cámaras de la medicina privada que contrata masivamente en todo el sistema. El nivel de juicios es tan alto que la Acami informa que el 5% del gasto de salud del sector se va en gastos de honorarios, indemnizaciones, peritos y otros gastos judiciales. De manera que a las retenciones indebidas del Estado, hay que sumarle este 5% derivado de esa retención y de los curros del sistema semiprivatizado desde el menemismo -cometas y vaciamientos de las dirigencias sindicales mediante.

Estos 15 millones van al agujero del presupuesto público con dos destinos esenciales: la deuda pública y los subsidios a las privatizadas. Estamos financiando a la banca y a los privatizadores con la salud obrera, además de los fondos de jubilados, de los salarios familiares, del Fondo de Desempleo, del impuesto al salario-para hablar de lo que los trabajadores ponemos directamente, más allá de los impuestos indirectos y las reservas del Banco Central que también financiamos vía inflación.

Moyano ha consentido todo a cambio de manejar el APE y privilegiar al grupo de gremios más íntimos. El resto de la burocracia lo cuestiona por esto, pero en absoluto denuncia al gobierno kirchnerista por el conjunto de la confiscación. Nuestras agrupaciones sindicales y candidatos del FIT tienen que denunciarla, reclamar los fondos y la apertura de libros de las obras sociales. Forma parte de la formación de una conciencia de clase y política respecto del kirchnerismo y es condición para el movimiento en marcha para expulsar la burocracia de los sindicatos.

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