La segmentación de la que mucho se habló pero recién comienza a ponerse en marcha supone que el que más gana sería el que más caras paga las facturas de gas y electricidad. En la región patagónica existe otro criterio que se viene aplicando históricamente, que consiste en subsidiar a las personas que habitan una zona desfavorable en donde las familias estamos obligadas a consumir más energía especialmente en los sistemas de calefacción.

Las políticas de ajuste, como la pactada actualmente con el FMI, van contra toda forma de “subsidios a los trabajadores”. En el extremo lo tuvimos a Aranguren (ministro de Macri) que avanzó en la eliminación gradual del subsidio patagónico y de todos los subsidios en general.

Los que traemos algunos años encima recordamos que el gobierno radical de Alfonsín intentó, en tiempos del “plan austral”, avanzar contra los subsidios patagónicos, y sucesivas puebladas se lo impidieron. Luego De la Rúa con López Murphy fueron por el mismo camino y se chocaron con la resistencia popular. Y finalmente Macri-Aranguren fueron los que llegaron más lejos en esta política.

Tarifazo

Es evidente que la segmentación es la vía para hacer pasar un tarifazo en regla que va a afectar a la inmensa mayoría de los hogares y que se va a acelerar ante las urgencias del ajuste.

La introducción de esta segmentación en las regiones con subsidios especiales como la nuestra plantea una superposición de los dos criterios esbozados en un principio, con lo cual se abre una amplia gama de posibilidades a la hora de su implementación. Esto puede ser una trampa mortal y según como se realice puede terminar con el subsidio patagónico para amplios sectores de la población de la zona.

En la peor variante terminaremos como con Aranguren.

Desde el Partido Obrero hacemos un llamado a las organizaciones de vecinos, sindicatos y personas interesadas para organizar la defensa del subsidio patagónico y el reclamo contra el tarifazo en puerta.

La cuestión de fondo

El tema de fondo es que la energía en su extracción, generación, transporte y venta está masivamente privatizada desde los 90, de la mano de Menem y Kirchner.

No existen estudios -independientes de las propias empresas interesadas- que nos informen cuál es el costo de esa extracción y generación que es la única forma de establecer un precio justo. La intermediación capitalista es un costo adicional que encarece las facturas y que bien podría ser eliminado, renacionalizando bajo control obrero y popular todas las etapas de la producción de hidrocarburos y de energía.

Es una medida fuerte y necesaria ante la crisis terminal del modelo económico privatizador que está agotado.

Si para muestra falta un botón, todos claman por el gasoducto que traslade el gas de vaca muerta, pero solamente el Estado va a realizar (tarde) la inversión. Ningún capitalista y ninguna corporación traen su plata fugada al exterior para realizar una obra como esa.

Como se ve no se trata de hacer demagogia, sino de enfrentar los grandes problemas con grandes soluciones y la izquierda tiene un plan para que esas soluciones las realice un gobierno de trabajadores.