El 29 de diciembre se dictó la segunda sentencia a Milagro Sala. Esta vez en el fuero contravencional, en la causa por los 52 días de acampe en la plaza Belgrano por la que fue detenida hace casi un año. Fueron juzgados Sala y también la Tupac Amaru, su organización, en calidad de “persona jurídica”.

 

Sala fue condenada a pagar una multa de 3.780 pesos, más la inhabilitación para participar de asociaciones jurídicas y políticas por tres años y la clausura de la sede de la Tupac Amaru por tres meses.

 

Milagro Sala estuvo detenida más de un mes por una simple contravención. Cuando se agotaron todos los plazos y las excusas para retenerla en prisión, el gobierno armó un esquema de múltiples acusaciones para prolongar su encierro. En particular, las causas iniciadas por la malversación de fondos públicos están paralizadas, porque involucran a buena parte de las contratistas y políticos de la provincia.

 

Para los luchadores, este fallo reviste enorme gravedad. Una causa iniciada por una protesta arroja una condena económica, aunque ínfima, combinada con una proscripción política sin precedentes.

 

En su alegato, Sala volvió a denunciar que es una perseguida política del gobernador Gerardo Morales. En un tramo del mismo  enumeró a todas las organizaciones que participaron del acampe, pero ninguna se movilizó a los tribunales para apoyarla. Una buena parte se pasó al campo del gobierno. Ni los funcionarios K se quedaron a hacer el aguante. Curioso: vinieron a apoyarla en la causa por el escrache a Morales, pero no se quedaron a bancar la causa por el acampe (Berni mediante, a los K tampoco le gustan los cortes ni cualquier otra medida de fuerza).

 

La Tupac Amaru viene en un fortísimo retroceso organizativo. El gobierno de Morales se ha encargado de desguazarla y desmontar toda la infraestructura que se había organizado al amparo de los K (consultorios médicos, piletas en los barrios, etc.).

 

Morales despidió empleados públicos, detuvo y mandó reprimir a los municipales y trabajadores de Ledesma, descontó -por primera vez desde 1983- los días de paro decretados por los gremios nacionales, entregó el bono de fin de año más bajo del país (1.500 pesos para la mayoría de los trabajadores). La perspectiva para el año que viene es de profundización de medidas contra los trabajadores, en una provincia con 40% de empleo informal, niveles salariales por debajo de la media nacional y niveles de pobreza muy por encima de la media.

 

Esta condena sienta un grave precedente para todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles o de cualquier índole que pretendan enfrentar al gobierno ajustador.