A los pocos días de asumir como Ministro de Economía de la Nación, el “BB-man” Néstor Rapanelli se ha convertido en un prófugo de la justicia. El juez venezolano Luis La Riva ordenó su detención en el marco de una investigación parlamentaria por estafas reiteradas contra el Estado en operaciones de comercio exterior Rapanelli fue el presidente de la filial venezolana de Bunge y Born entre marzo de 1985 y diciembre de 1986. En Caracas ya se encuentra detenido el actual presidente de la empresa, Nicomédes Zuloaga, ex embajador de Venezuela en Buenos Aires.

Saqueo

Bunge y Born en Venezuela estafó al Estado en millones de dólares sobrefacturando las importaciones de trigo realizadas con dólares que el Estado entregaba —bajo la forma de subsidios— a menos de la mitad de la cotización vigente en el mercado libre. Durante el período investigado por el juez La Riva (1983/1988), las cerealeras recibieron más de 800 millones de dólares subsidiados.

Las mismas "operaciones” de sub o sobrefacturación son habituales en Argentina. Las autoridades aduaneras salientes denunciaron que esa estafa ha perjudicado al Estado argentino en más de 2.000 millones de dólares anuales.

Conmoción

Bajo los mismos cargos que pesan contra Rapanelli y los directivos de las cerealeras, el juez La Riva ordenó la detención de cuarenta y siete prominentes hombres de negocios, máximos directivos de grandes empresas de las más variadas ramas. Quince de ellos están detenidos. Los restantes abandonaron precipitadamente el país y, como Rapanelli, están siendo juzgados "en ausencia”.

Para impedir que la fuga de ejecutivos aumentara, el juez se vio obligado a prohibir a los máximos dirigentes de las filiales venezolanas de Ford, General Motors y Toyota que abandonen el país. Los ejecutivos de las ensambladoras, a los que se les investiga una sobrefacturación global de 125 millones de dólares, “admiten el uso de 3.716 millones de dólares preferenciales (subsidiados) en el periodo 1982-88, pero algunos parlamentarios han dicho que posiblemente recibieron más” (La República, Montevideo 15/6).

Fuentes venezolanas admiten que el conjunto de las empresas investigadas recibieron “unos 30.000 millones de dólares —monto equivalente a la deuda externa venezolana" (Crónica, 19/7) y que “las maniobras involucran unos 6.000 millones de dólares de fraude” (Clarín, 19/7).

En Caracas, las derivaciones del escándalo  alcanzaron una dimensión política cuando el pasado 13 de abril, a poco de abierta la causa, “el ex viceministro de Finanzas Héctor Menesses se disparó un tiro en la sien, aunque sobrevivió. Menesses escribió una típica carta de suicida autoinculpándose de haber tramitado por escrito instrucciones verbales irregulares de sus superiores, los ex ministros de Finanzas Manuel Azpurúa y Héctor Hurtado” (La República, 15/6).

¿Dónde está la verdad?

El ministro Rapanelli explica ahora que la causa en su contra se había iniciado en 1985 pero que "en junio de 1988 la Fiscalía se expidió y dispuso que no hay lugar a ningún tipo de cargo y por lo tanto dicta el sobreseimiento” (Crónica, 19/7). “Se trata de una caza de brujas”, agregó afectadamente.

El presidente Menem reafirmó que Rapanelli “está sobreseído” y hasta se atrevió a señalar que “la versión (de la orden de detención contra Rapanelli) va a terminar como terminan siempre los infundios: sepultados por la verdad” (Clarín, 19/7).

Pero, ¿cuál es la verdad?

A poco de conocidas las manifestaciones de Menem y Rapanelli, el juez La Riva ratificó la orden de detención contra el ministro, señalando que la misma data del 26 de mayo pasado, cuando Rapanelli aún no era ministro.

El magistrado venezolano desmintió rotundamente al “BB-man” al afirmar categóricamente que lo dicho por Rapanelli “es rotundamente falso... (ya que) la causa de referencia no es de 1985 sino que comenzó en abril de este año por encargo del Senado... (y que) es imposible que Rapanelli haya sido sobreseído por la Fiscalía pues no está en sus facultades dictar ningún sobreseimiento” (Página 12, 19/7).

Esto fue confirmado en Venezuela por el propio abogado defensor designado por el acusado, quien “ratificó que Rapanelli está siendo juzgado ‘en ausencia’ y estamos a la espera de la sentencia del Tribunal de Salvaguardia del Patrimonio Público (pues) es la Instancia legal que debe dictar sentencia” (Crónica, 19/7).

Que la situación de Rapanelli no es la que Menem dice lo confirmó “un alto funcionario de la cancillería venezolana que aseguró que 'si Rapanelli pisa Venezuela, será inmediatamente detenido”' (Página 12, 19/7), lo cual fue confirmado por su abogado defensor en Caracas (Crónica, 19/7).

Para cerrar el cuadro, el gobierno venezolano se ha negado a desmentir un “pedido de extradición de los empresarios que, como Rapanelli, están buscados por la Justicia” (Crónica, 19/7).

Crisis política

El asunto Rapanelli es la segunda crisis que debe enfrentar Menem en sus dos primeras semanas.

La crisis puede ser mortal porque pone en evidencia frente a la población, hambreada y expoliada por las remarcaciones, los procedimientos de los grandes pulpos como Bunge y Born.

Al convertir al Ministerio de Economía en una mera extensión del directorio del ya centenario holding, Menem desató la envidia y la "competencia” de otros pulpos. Al “libanizar” el Estado entre los grandes pulpos económicos, el riojano convirtió sus rivalidades económicas en un factor directo de crisis política.

El golpe caraqueño contra Rapanelli abre de nuevo el canal para que los Kühl, los Cavallo, pretendan subirse a Economía, como lo intentaron a la muerte de Roig.

Cuando hace pocas semanas señalábamos en Prensa Obrera que “el Estado y el gobierno menemista dependen ahora del Balance de Bunge y Born y de su cuenta de resultados” no nos equivocábamos, a condición de entender por “Balance” el balance en negro.

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Enemigo de dos naciones

Desde que el finado Miguel Roig fuera designado Ministro de Economía, asistimos al intento de presentar al holding Bunge y Born como el arquetipo de la "burguesía nacional”. Este macaneo monumental lo confirma ampliamente ahora el “affaire Rapanelli”.

Uno de los detenidos en Caracas, Nicomédes Zuloaga, presidente de la filial venezolana de Bunge y Born y ex embajador de Venezuela en Buenos Aires, realizó una intensa campaña durante su permanencia en nuestro país, para impedir el ingreso de exportaciones argentinas de trigo al mercado venezolano.

No lo hizo, empero, en defensa de los intereses de su país sino de los de Bunge y Born, donde ya figuraba como miembro del directorio de la filial venezolana. Sucede que “según el organigrama internacional de Bunge y Born el mercado venezolano está reservado estrictamente al trigo norteamericano" (Página 12, 11/6).

De un saque, Bunge y Born lesionó los intereses comerciales de ambos países obviamente, en su propio beneficio.

El "affaire Rapanelli” pone de manifiesto la ausencia de cualquier carácter nacional de la política de B y B. Para colmo en ambos países, es un parásito que se enriquece con el subsidio estatal.