Los jueces militares y el Consejo de Guerra Permanente están absolviendo o, en su defecto aplicando sanciones disciplinarias menores, a decenas de oficiales que participaron en la sublevación de Aldo Rico en enero pasado o que se negaron a reprimirla. En el caso de los desprocesamientos, Clarín (6/7), indica que "el actual magistrado instructor ha adoptado un criterio diferente del de su antecesor que, según algunos, iba dirigido a profundizar en el grado de responsabilidad por omisión de generales, que en esos momentos Integraban la cúpula del Ejército, llegando hasta las más altas jerarquías de entonces".

En el caso del Regimiento de Santa Cruz, “los jueces militares se pronunciaron en todos los casos por la aplicación de sanciones disciplinarias, aun a aquellos oficiales hallados culpables de insubordinación, delito previsto por el artículo 667 del Código de Justicia Militar. Es decir que habría imperado un criterio de lenidad respecto de las conductas observadas en la emergencia por el grupo” (La Nueva Provincia, 4/7).

Todo esto indica que Caridi ha cenado un acuerdo con las huestes de Rico. La Corte Suprema, por otra parte, ha casi concluido el desprocesamiento de todos los oficiales responsables de los secuestros y asesinatos bajo la dictadura. Si a esto se suma el reinicio de equipamiento militar yanqui y las perspectivas de operaciones militares conjuntas con la Armada estadounidense, se comprende bien que nada de todo esto ocurra al azar y que el gobierno norteamericano está dirigiendo todas las operaciones judiciales.

Los “demócratas” han satisfecho el 99% de las exigencias de los militares sublevados en Semana Santa.

Entretanto aún no ha terminado el juicio oral a los “civiles” por el copamiento del Aeroparque en enero, que se ventila en la Cámara de Apelaciones. Este juicio es pura cortina de humo.