Durante una entrevista con Clarín (20/7), el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli dijo: “Si me dan 50 mil policías más, tengo trabajo para todos” (la Bonaerense tiene 52 mil efectivos y es la institución armada más grande del país). Stornelli hace abstracción de la condición criminal de una policía cuyas pestilencias salen regularmente a la luz pública.

En la semana inmediatamente posterior a las declaraciones del ministro fueron detenidos tres policías que habían asaltado un supermercado chino, en un intento de mejicanear mercadería robada o contrabandeada. Ocurrió que “el supermercadista chino al que se le encontró mercadería robada y de contrabando… ya había ‘arreglado’ su cuota con los muchachos (policías) de La Matanza, pero los de la zona norte… (venían) siguiendo los destinos de la mercadería y también querían su parte” (www.tigreseguro.blogspot.com).

Al día siguiente, seguramente producto de otra “interna”, cayeron otros tres agentes de la comisaría de Zárate por robar autos. Los delataron en el curso de una investigación sobre la actividad de piratas del asfalto en ese distrito “que, aparentemente, era considerado como zona liberada” (Clarín, 24/7).

La incorporación de más policías, lejos de contribuir a la solución del problema, sólo lo empeoraría. Y aún no hablamos del gatillo fácil, de la tortura, de los arreglos con narcotraficantes, ladrones, desarmadores de autos robados, proxenetas y dueños de timbas clandestinas.

“Valores éticos y profesionales”

Stornelli asegura que se propone “recuperar una cúpula policial con valores éticos y profesionales”, con lo cual se desbarranca en el cinismo porque, si de eso se tratara, él debería ser el primero en irse.

El titular provincial de Seguridad, por citar un caso, contrató a la empresa Dinatech para proveer servicios informáticos a su ministerio. Pues bien: Dinatech es la misma que se vio involucrada en el escándalo de sobreprecios y contratos fraudulentos que hizo caer a Roberto Giacomino de la jefatura de la Policía Federal.

No es casualidad. Entre los asesores del ministro está el abogado Marcelo Rocchetti, defensor de Giacomino y de varios corruptos gordos de la Federal. También defendió a Rafael Di Zeo, ex jefe de la barra brava de Boca, cuya esposa, Soledad Spinetto, también es funcionaria de Stornelli. Cuando apenas había dejado de estar prófugo, Di Zeo iba habitualmente a Comodoro Py a buscar a Stornelli (aún era fiscal) y se los veía salir juntos rumbo a alguno de los restaurantes caros de la zona.

Rocchetti, como se recordará, fue nombrado director de Seguridad de la Legislatura porteña por el gobierno de Mauricio Macri, aunque el escándalo que siguió a esa designación obligó a echarlo, de modo que el hombre volvió a refugiarse bajo el alero de Stornelli.

Además, el actual ministro tiene entre sus antecedentes el haber pedido, en 1994, la absolución de Amira Yoma en el caso de las valijas en las que traía dinero para lavar.

Ni hablar del caso Skanska, cuya investigación dejó por la mitad para ocupar su nuevo cargo, lo cual no deja de sugerir turbiedades.

En tales manos está la seguridad de la población trabajadora de la provincia de Buenos Aires.

“Les pedimos discreción”

Al poner al comisario Daniel Salcedo en el puesto virtual de nuevo jefe de policía, Stornelli comenzó en febrero pasado una contrarreforma en regla respecto de los cambios promovidos por León Arslanián en 1988. Le devuelven a la policía “capacidad de gestión”; esto es, capacidad de manejar las “cajas negras” a su arbitrio y antojo. Una fiesta, y ya veremos de nuevo a comisarios como Mario “Ñoño” Naldi y Mario “Chorizo” Rodríguez, que viven en casas de 2 millones de dólares.

Además, Stornelli le aseguró a la Bonaerense que no habría más purgas, lo cual, inmediatamente, incrementó las torturas y los casos de gatillo fácil.

A cambio de tales prebendas, el ministro le propuso a la plana mayor policial un pacto mafioso: “Les pedimos lealtad, discreción y honestidad. Nosotros también seremos leales con ustedes” (www.acciondigital.com.ar, 15/2).

Pero no es todo. Stornelli ha dejado en manos de gente del Centro de Oficiales Retirados (refugio de los Sin Gorra de la “maldita policía”, echados por Arslanián) nada menos que la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la policía provincial, una millonada. Harían bien los policías en echar un vistazo sobre esos manejos, porque ya se vio con Giacomino que esta gente no vacila en estafar a sus propios camaradas.

El problema de la seguridad es, por cierto, en extremo complejo, pero tiene una base bien visible: lejos de ser “una pata más” del problema, o “el furgón de cola”, como dice el ministro, la organización policial es la organización del delito, y desarmar esa organización resulta indispensable para luchar por la vida.