Los trabajadores tucumanos que protagonizaron la Marcha de la Bronca el 9 de julio; por el salario y el trabajo; están ocupando en estos momentos los puentes de acceso a Tucumán. Esto forma parte de un plan de lucha que tiene como punto culminante una segunda marcha el 3 de agosto.

En las próximas horas, se debatirá la convocatoria a un congreso de delegados de los sindicatos y organizaciones piqueteras de la provincia. Contra esta propuesta (ya votada) han comenzado a actuar los emisarios de la CGT “unida”. La guerra de camarillas capitalistas –entre Miranda y el gobernador Alperovich, es decir entre Duhalde y Kirchner–, prosigue. Tucumán es el laboratorio de una crisis política de conjunto. El sometimiento al planteo del FMI impide al gobierno “cerrar” la lucha por el salario de los docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires o cumplir con la promesa que el Presidente hizo al titular de la CTA de otorgar otros 100 pesos de aumento a los estatales en septiembre.

El Código de Macri (no sólo)

Esta descomposición política se manifiesta con el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que no es otra cosa que un régimen policial. La provocación montada en la Legislatura tuvo como propósito imponer su aprobación. Nadie ha desmentido la información de Clarín (17/7) de que Cristina Kirchner ordenó el repliegue de las fuerzas de seguridad al interior de la Legislatura, lo que dio inicio a los destrozos. Tampoco nadie puede pensar que una dotación de más de doscientos efectivos de civil puedan desplazarse sin conocimiento del Estado. Por otra parte, como bien señala La Nación, los incidentes llevaron al gobierno “por primera vez a cruzar una línea”. Después de “tres horas de deliberación”, es decir, de dejar pudrir la situación a fondo, “se ordenó a la policía disparar gases lacrimógenos y detener a los agresores” (17/7). Horacio Verbitsky, que es un alcahuete del oficialismo actual y de los pasados, hace referencia a una “escandalosa ineficacia de la Secretaría de Seguridad”, o sea a una “interna” dentro de su gobierno “amigo”, que podría explicar la historia “íntima” de la provocación.

En otro momento del mismo día, a escasas cuadras de la Legislatura, en el mayor de los sigilos “se realizaba la ceremonia de partida del buque Bahía San Blas rumbo a Haití. Cuatro grupos de combate de la Prefectura debían sortear los invitados antes de acercarse al lugar del acto militar” (ídem).

La crisis permitió el “debut” de la CGT “unida” en la escena política. Hugo Moyano repudió la movilización contra el Código Contravencional: “Absolutamente nada que ver con un reclamo legítimo” (La Nación, 18/7).

El mandato de Bush

El gobierno argentino fue, junto al de Brasil, el principal protagonista del desarme del levantamiento popular boliviano de octubre del año pasado. En función de este apoyo, Bolivia firmó un acuerdo de venta de gas a la Argentina a través del gasoducto del norte que ha comenzado a construir Techint con un subsidio de 1.000 millones de pesos, el cual acaba de ser votado por la Cámara de Diputados (La Nación, 8/7).

Duhalde y Alfonsín, por indicación del gobierno, forman parte del lote de “observadores” internacionales responsable de verificar el referéndum contra Chávez.

El chileno Lagos acaba de recordar “la responsabilidad” común de Brasil, Argentina y Chile en Haití.

¿Es éste un gobierno “nacional y popular”?

Inviable

La postergación de los acuerdos con el FMI para agosto o septiembre abre la instancia más importante para la crisis. La ofensiva del Fondo no es la expresión invertida de la naturaleza progresista del gobierno, sino el reflejo directo de su mayor confianza para lidiar con quienes no representan ninguna alternativa contra el imperialismo. La quebrada Parmalat acaba de ofrecer en Italia una quita del 89% en el valor nominal de su deuda, la cual llega al 97% en lo que respecta a su “valor de mercado”. Pero en la Argentina el gobierno nacional sigue arrugando luego de haber llegado a una oferta de quita del 60%. Aun así, “el nivel de pagos previstos por el país llevará en tres años a un nuevo default y no tiene sentido apoyarlo. Cuando se mira el modelo económico se ve que no va a funcionar, por eso habrá nueva inestabilidad financiera y riesgo social” (Alan Freeman, La Nación, 19/7). Pero el director del BBVA acaba de plantear “la necesidad de resolver cuanto antes las dos cuestiones que más le reclaman las entidades al Banco Central: la compensación por los amparos judiciales contra el corralito pendientes de resolución y por la pesificación asimétrica” (La Nación, 15/7). Evidentemente, la ‘agenda’ de la gran patronal se da de patadas con la de los trabajadores. En la línea del BBVA ha actuado la Corte Suprema ‘independiente’. La inviabilidad de la política de Lavagna, ante la extorsión del FMI, ha dejado abierta la posibilidad de que deba dar “un paso al costado”. ¿Esto reuniría a Kirchner y Duhalde en un mismo planteo o romperá para siempre al peronismo?

El movimiento de las masas

El desarrollo de la movilización obrero-piquetera en Tucumán, el reinicio de la lucha docente, la continuidad de la lucha en los hospitales, la derrota de la burocracia histórica (duhaldista) en el Astillero Río Santiago, la asamblea de Ford por el aumento del salario y el reclamo de elecciones de interna luego de siete años de “dictadura autoprorrogada” de la burocracia, todo esto indica que la reorganización de las fuerzas del proletariado, para luchas de un alcance todavía mayor, está avanzando sin pausa. Asimismo, la ANT está llevando adelante acciones comunes de lucha con la CCC, ambos protagonistas de la reestructuración obrera en los lugares de trabajo. De estos procesos surgen los planteos de organizar congresos de delegados de las organizaciones obreras o asambleas populares. El desarrollo de la crisis plantea una alternativa obrera y socialista.

Son las conclusiones que emergen de las tendencias de la situación objetiva del capital y de la experiencia que recorren las masas.