El país atraviesa una enorme sequía. La Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario se reunirá este viernes, mientras Santa Fe decretó ya la Emergencia Agropecuaria, reportando pérdidas masivas. Desde Entre Ríos, afirman que es el peor episodio en 60 años. En tanto, los cañeros de Jujuy y de Salta afirman que se habría perdido ya el 30% de la cosecha. Esto pone en serio peligro los planes del gobierno, que ya contaba con este ingreso de divisas para cumplir con los compromisos contemplados en el pacto de pago de la deuda externa con el FMI.

La situación se mueve bajo un mismo hilo conductor. La cuestión ambiental estuvo en el centro de la escena en las últimas semanas, entre otras cosas, por las postales del fuego azotando a medio país. El resultado devastador del proceso de sequía se salió de control en todo el suelo nacional, nuevamente, por el machaque presupuestario sobre las partidas destinadas a combatir incendios forestales para cumplir con la meta de ajuste fiscal reclamada por el Fondo. Todos los caminos conducen a Washington.

Dada la situación, el gobierno analiza ampliar el Fondo de la Emergencia Agropecuaria y otras vías de asistencia al agro, en el intento de resguardar a uno de sus “caballitos de batalla” a la búsqueda de lograr un pacto con el FMI. La soja comenzó en los últimos días a repuntar la tendencia alcista que viene sosteniendo desde hace al menos dos meses en el mercado internacional de Chicago, teniendo su punto más alto en casi medio año el pasado 9 de enero, cuando cotizó a U$S 517 la tonelada.

Ahora bien, ese boom se debió, ante todas las cosas, a las inclemencias climáticas que ya empezaban a hacer mella en el sur de Brasil amenazando la cosecha. El panorama económico para la exportación era favorable en principio para la Argentina, en tanto el maíz continúa acompañando a la soja con oscilaciones entre los U$S 230 y U$S  240 la tonelada. Pero los números de las pérdidas ahora son contundentes: la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que al momento se echaron a perder entre 8 millones de toneladas de maíz y 5 millones de soja, estimando una merma de 2.930 millones de dólares.

El gobierno ya advertía sobre la seca para redistribuir las partidas del prorrogado Presupuesto 2021, y así avanzar con un recorte nominal sobre las partidas de educación, la salud, el trabajo y la asistencia social. El peso de una sequía en un país agroexportador es incuestionable: es el mismo demonio que le desbarató el esquema económico al gobierno de Macri en 2018. Ahora bien, el problema radica en que todas las cuentas nacionales se organizan en función de acudir a un pacto para el pago de la deuda externa con el FMI, que implica incluso una mayor primarización de la economía.

La sequía se traduce entonces como augurio de una profundización brutal del ajuste. Es urgente romper con el FMI, con su agenda y con el pago de la deuda externa; y abrir paso a un programa de transformación social para nacionalizar la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos del país.