En estos momentos, están detenidas más de una docena de personas vinculadas a la organización Tupac Amaru. Entre ellas, Milagro Sala, que tiene abierta media docena de causas en su contra, la mayoría relacionadas con el manejo de fondos de los programas sociales que administraba su organización. Su marido, Raúl Noro, también se encuentra detenido (en prisión domiciliaria) por desvío de dinero de las cooperativas “Pibes Villeros”.

 

Sala está presa sin sentencia desde el 16 de enero de 2016, más de ocho meses y medio atrás. Primero, por  las imputaciones por “instigación a cometer delitos” y “tumulto en concurso real” mientras realizaba un acampe en plaza Belgrano contra las medidas del gobierno de Morales, una causa judicial en la que fue eximida de prisión. Sin embargo, los jueces ordenaron que permanezca detenida mientras se sustancian las demás causas, algunas de vieja data que fueron reactivadas tras el relevo de gobierno.

 

Todas las medidas judiciales para pedir la libertad de Sala cayeron en saco roto. El último pedido de habeas corpus presentado por ella fue desestimado por la Cámara Federal de Salta.

 

La prolongación de su prisión preventiva revela un encarnizamiento por parte del gobierno de Morales. Su aislamiento por parte de las autoridades del penal bordeó la tortura. La medida fue levantada cuando Sala se declaró en huelga de hambre.

 

Fuera del penal, su aislamiento político es completo. El recorte de las partidas que administraba provocó la diáspora de su “Estado paralelo”. Quienes se valieron de su organización para regimentar a los trabajadores cuando el kirchnerismo gobernaba con Berni y Milani fueron los primeros en abandonar el barco.

 

La Tupac Amaru se encuentra en claro repliegue. Buena parte del arco político que la sostenía está negociando con Morales su propio rescate, empezando por los intendentes del FpV, que recién ahora denuncian a Sala por las viviendas que no construyó. El bloque de Unidos y Organizados se partió por la mitad y un sector directamente se alineó con el gobierno. Jujuy probablemente sea la única provincia del país donde no existe un comité por la libertad de Milagro Sala.

 

 

Ajuste represivo

 

El gobierno de Morales lanzó una batería de ataques contra los trabajadores para descargar el ajuste. Lanzó amenazas de descuento de los días de paro, detenciones arbitrarias de los compañeros del Seom, represión y multa a los obreros de Ledesma y un largo etcétera.

 

Morales se vale del marco jurídico legado por los gobiernos de Fellner, como la llamada “ley antiprotesta”, que declara básicos todos los servicios públicos, y la ley de contravenciones. Apenas pasadas las elecciones, Morales se lanzó al copamiento del Poder Judicial, ampliando el número de miembros de la Corte Suprema provincial para que ingresen dos legisladores de la UCR. Este reforzamiento represivo se complementa con la cooptación de los punteros que anteriormente respondían a Sala.

 

El gobierno de Morales explota el desprestigio del gobierno anterior para tapar sus propias corruptelas. Avanzar en la causa por el desvío de fondos implicaría a los principales dirigentes del radicalismo. De los 1200 millones de pesos que recibió Sala, más de 700 millones fueron autorizados desde la municipalidad de San Salvador, un bastión radical. Una investigación a fondo destaparía una montaña de corrupción que involucra a dirigentes políticos de todos los bloques, jueces, policías, empresarios, prestadores de servicios e intermediarios.

 

Denunciamos la prolongación de la prisión preventiva de Sala como la imposición de una pena anticipada, mientras los corruptos que saquearon los fondos públicos

 

junto a ella permanecen impunes. Reclamamos el retiro de las multas impuestas al sindicato azucarero con motivo de la huelga del ingenio Ledesma y el cierre de todas las causas penales contra los luchadores.