28/06/2021

La “soga al cuello” del endeudamiento familiar

Cada vez más hogares recurren a un préstamo para pagar deudas anteriores o para cubrir los servicios básicos.

La depreciación de los ingresos de los hogares del país está íntimamente ligada al incremento del nivel de endeudamiento de los mismos. Alrededor del 40% de las familias se ve obligado a endeudarse nuevamente para pagar préstamos anteriores, realidad que también involucra a los sectores medios.

Las deudas contraídas con bancos y empresas que otorgan créditos no bancarios abarca al 76% de los hogares. Según un relevamiento realizado por la financiera «Adelantos.com», el 15% de los que solicitan un préstamo lo hacen para pagar servicios básicos y el 39% lo destina en cancelar otros pasivos. Por otro lado, el costo financiero para aquellas personas no bancarizadas alcanza el 200% anual, es decir, el endeudamiento es muchísimo más caro para quienes se encuentran sumidos en la informalidad laboral y no poseen un «buen perfil crediticio».

Un informe elaborado por el Banco Central arroja que más de 6 millones de personas en Argentina poseen deudas con compañías que otorgan créditos no bancarios, como por ejemplo las empresas fintech que brindan adelantos en efectivo a sola firma o las cadenas de electrodomésticos que emiten sus propias tarjetas de crédito. Los datos reflejan que la mitad de esa población nunca pudo acceder a un crédito con una entidad bancaria, por lo tanto, se ve forzada a endeudarse a una tasa de interés muy superior.

Este nivel de endeudamiento en el seno de las familias responde al deterioro salarial y al aumento del desempleo. Las cifras del Indec indican que la caída del salario real en los últimos tres años ha sido del 22,7% en promedio. Para los trabajadores registrados del sector privado el poder adquisitivo disminuyó un 15,6% en ese período, mientras que en el terreno de la informalidad laboral la desvalorización salarial llegó al 25%. En el sector público, la misma alcanzó un 20,7% desde 2018 a esta parte, lo que demuestra que el Estado, a través de los distintos gobiernos, es el primero en atacar los ingresos de los trabajadores cuando le toca oficiar de empleador. Esto, sumado a que Alberto Fernández habilitó que durante el 2020 quedaran sin trabajo 276 mil empleados del ámbito formal, 151 mil cuentapropistas y 633 mil trabajadores no registrados.

El desplome de los ingresos también se traduce en que cada vez más usurarios poseen atrasos en el pago de las facturas de los servicios públicos. Santiago Cafiero informó recientemente en el Senado que los montos adeudados en los servicios de gas y de agua potable ascendieron un 36% y un 55% respectivamente en relación a marzo del 2020; a su vez, desde que comenzó la pandemia, el nivel de morosidad en la factura de luz se ha mantenido en un 20%. El escenario descripto sin dudas se agravará debido a los tarifazos en la electricidad y el gas que dispuso el gobierno, a pedido de las empresas que transportan y distribuyen estos servicios. Por su parte, la mitad de los monotributistas, uno de los sectores más afectados por la caída de la actividad económica, posee deudas con la Afip.

Evidentemente el motivo de que 8 de cada 10 hogares se encuentren endeudados obedece a que las mayorías «no llegan a fin de mes». Esto termina de configurar un cuadro donde no solo la inflación se convierte en un mecanismo de transferencia de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia el capital y el Estado, sino que también la confiscación al salario se produce a través de la usura. Es decir, mientras que los sectores populares se endeudan a tasas siderales para pagar las cuentas o para cancelar deudas, quienes se benefician son los bancos y las empresas proveedoras de crédito, convirtiéndose en los grandes ganadores de la crisis económica.

El incremento de la carestía, como resultado de la escalada inflacionaria y los topes salariales, no solo afecta a las capas más empobrecidas de la población, sino que además golpea de lleno en los sectores medios. Sin ir más lejos, para que una familia sea considerada «de clase media» en la Ciudad de Buenos Aires necesita ingresos mensuales superiores a $140.000 debido al aumento del costo de vida, donde el 75% del dinero que percibe un hogar es destinado a cubrir servicios básicos. El agravamiento de las condiciones de vida generó que, de un año a otro, el 4,4% de los habitantes porteños dejaran de pertenecer a la categoría de «clase media». Otro dato que ilustra esta situación es que en el mes de junio 2021, un 26% menos de gente pagó las expensas del departamento donde habita, en comparación al mismo mes del 2020; consecuencia directa de la suba que han experimentado los alquileres en el último año, del orden del 70% en CABA y del 80% en el Gran Buenos Aires, por ejemplo.

Lógicamente, la cara más cruda de esta realidad la padecen los sectores más empobrecidos. En el último estudio realizado por Unicef en mayo de este año, sobre el impacto de la segunda ola de la pandemia en los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes, el 25% de las familias encuestadas informó que tuvo que endeudarse para comprar alimentos. Este porcentaje es un 11% superior al registrado en octubre del 2020. Lo anterior evidencia el fracaso de un gobierno que asumió con la promesa de recomponer «la mesa de los argentinos», y, en el camino, viabilizó un aumento del 53,4% interanual de la canasta alimentaria. Es el mismo gobierno que ahora hace demagogia con la reapertura de las paritarias, luego de haber defendido «a capa y espada» una pauta salarial irrisoria del 29% en el conjunto de los gremios y haber sellado junto a las burocracias sindicales y las patronales un salario mínimo por debajo de la línea de indigencia.

«La soga al cuello del endeudamiento familiar» debe ser subsanado por medio de recomponer el ingreso de la población trabajadora. Para ello es necesario un salario mínimo de $65.000, un seguro al desocupado de $40.000, paritarias sin techo indexadas a la inflación, prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo, plan de viviendas que emplee mano de obra desocupada bajo convenio, jubilación equivalente a la canasta de la tercera edad, prohibición de rebajas salariales y estatización de toda empresa que despida, cierre o rebaje salarios.

A su vez, la forma de terminar con los créditos usurarios es dar lugar a una banca única y nacional, que se halle bajo control obrero, la cual se rija bajo el interés de desarrollar al país y dar solución a las necesidades populares. Por otra parte, es fundamental una política de control de precios que contemple la apertura de los libros contables de toda la cadena comercial para evaluar los costos y la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior, en función de que los precios del mercado interno no se acoplen a la suba de los precios internacionales.

La ruptura con el FMI y el cese del pago de una deuda externa usuraria son pasos claves para financiar este plan de reorganización social sobre nuevas bases. Las medidas señaladas están en las antípodas de la política que han llevado adelante los sucesivos gobiernos, los cuales -sin importar si son derechistas o peronistas- persiguen el objetivo de descargar la crisis capitalista sobre las espaldas de las mayorías populares. Por el contrario, se trata de un programa de salida que emana desde el campo de la clase trabajadora y que defendemos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad.

 

         

También te puede interesar:

Miles de trabajadores ocupados y desocupados exigieron su aumento a $70.000 en la Plaza de Mayo y en jornadas en todo el país.
En los últimos cuatro años acumulan una pérdida equivalente a $10.770 y $6.680, respectivamente, respecto de los productos básicos.
El gobierno desembolsará U$S1.800 millones la semana que viene para el pago de la deuda.
El informe mensual de precios vuelve a reflejar que la pérdida del poder adquisitivo del salario.
En medio de las fricciones queda el bolsillo popular, que cada vez se distancia más del precio de los cortes.