Finalmente, el gobierno procedería a incrementar los derechos de exportación de soja del 30% al 33%. El anuncio sería formalizado el viernes, tras el encuentro que sostendrá el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con los representantes de la Mesa de Enlace.

Desde las entidades rurales han agitado las aguas para mostrar al gobierno un clima de tensión, asegurando que existe una fuerte presión “de sus bases” para proceder a medidas de fuerza contra la disposición oficial. En este cuadro, amenazan con ceses en la comercialización y cortes de ruta. El argumento que esgrimen las organizaciones empresariales del campo es que se está traspasando la tranquera de la rentabilidad y que esto llevará a la ruina al sector. ¿Es así?

Varias consultoras advierten que la suba de retenciones afectará sobre todo a las zonas de cultivo más alejadas de los puertos, y que se retraerá tanto la inversión (sea en maquinaria o infraestructura) como el área sembrada. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que podría haber una contracción de 400.000 hectáreas en la siembra de soja en la próxima campaña (La Nación, 26/2). El impacto del coronavirus en la economía mundial se hace sentir a su vez en una caída de los precios de las commodities.

Sin embargo, la realidad es que los productores de soja están bien preparados para afrontar este aumento de las retenciones, tan anticipado. Muestra de ello es que, en estos dos meses que el gobierno dejó correr desde la sanción de la Ley de Solidaridad (que habilita este aumento del 3% en los derechos de exportación), aprovecharon para vender anticipadamente el 26% de la cosecha. Incluso, hasta los insumos necesarios para la campaña fueron comprados con antelación, previendo que la devaluación los encarecería.

Por otra parte, los costos promedio de 2019 medidos en dólares fueron 11% más bajos que los de 2018 (Márgenes Agropecuarios, 9/2), a lo que se suman los superbeneficios por la megadevaluación. El inicio del 2020, además, arrojó un cierre de la cosecha fina que superó los pronósticos, y en el caso de Santa Fe la soja de primera se encamina a batir todos los récords.

En definitiva, los empresarios del campo cuentan con la ventaja que no cuentan los trabajadores argentinos, que es justamente la posibilidad de adelantar capital para explotar las mejores condiciones de mercado. Y viceversa, pueden proceder al acopio de granos a la espera de mayor rentabilidad, como lo demuestra el hecho de que todavía tienen retenidas más de 10 millones de toneladas de la campaña 2018/19 (Clarín, 28/1).

Todo esto explicaría la actitud “dialoguista” de los dirigentes de las entidades rurales, que se muestran abiertamente contrarios a desatar un conflicto como el que originó la Resolución 125 en 2008. Es un indicio de que consideran que el tema puede ser zanjado negociando algunas compensaciones. Una de las posibilidades barajadas por el oficialista Página 12 (26/2) es diseñar un cronograma de rebajas de 0,5% por año, hasta ubicarlos nuevamente en el 30%; sería nuevo estímulo a los acopiadores. Otros medios deslizan la posibilidad de que sea lubricado con una reducción de impuestos al trigo y al maíz (que proyecta la campaña más grande de la historia).

Otra variante es que la suba de los derechos de exportación pueda ser contrapesada con rebajas de otros tributos, en especial los aportes patronales. Estos vienen siendo utilizados por el gobierno como moneda de cambio, porque el costo final lo cargan los jubilados con el desfinanciamiento del sistema previsional.

Lo más importante, de todas maneras, es el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández cosechó, antes de tomar esta medida tan anunciada, el apoyo del FMI. Tras la misión con la que supervisó las cuentas públicas del país, el Fondo habría dado el aval para que ejecute este incremento del 3%, en vistas a mostrar mejoras en la recaudación que sirvan de garantía en la mesa de la renegociación de la deuda externa. Ese es, en definitiva, todo el objeto de la llamada “solidaridad”.