Entre diciembre de 2001 a septiembre 2022 el salario real cayó 20,5%, hundiéndose aún más en el caso del sector no registrado (-26%) y el público (-52%). Una demostración flagrante de que tanto el peronismo como la actual oposición de derecha, que se han alternado en el gobierno durante las últimas dos décadas, son responsables de derribar los ingresos de los trabajadores, en beneficio de las patronales. El rumbo fondomonetarista en curso terminará de sepultarlos, por medio de una concatenación de tarifazos, entre otros dictámenes.

El cálculo se desprende de los datos del Indec, que arrojan una inflación del 18.815% en ese período. Ahora bien, el bolsillo popular perdió más aún frente al aumento de la Canasta Básica Total, la cual varió 27.688%, y la Canasta Básica Alimentaria, que trepó un 30.267%. Lo anterior afecta particularmente a los sectores más vulnerables que destinan la mayor parte de sus ingresos en la compra de productos de primera necesidad.

Las políticas gubernamentales edificaron estos índices, a través de devaluaciones, tarifazos y beneficios al agronegocio que encarecen los alimentos. A su vez, permitieron remarcaciones constantes por parte de las empresas, evitando a toda costa abrir los libros de la cadena de valor en función de evaluar los costos reales. Por otra parte, bajo los distintos mandatos presidenciales se direccionó una fuerte emisión monetaria al pago de intereses usurarios a la banca y subsidios patronales.

Como contrapartida, los sucesivos gobiernos promovieron paritarias a la baja, en alianza con los empresarios y la burocracia sindical, y avalaron la extensión de la informalidad laboral donde se pagan los peores sueldos. De hecho, en la esfera estatal, en la cual ofician de patrones, la ofensiva contra los salarios y el trabajo precario avanzaron más que en ningún otro ámbito.

Ahora, el programa fondomonetarista, al cual se aferran tanto el oficialismo como la oposición patronal, comprende nuevas políticas inflacionarias, como tarifazos en los servicios públicos, cuando la misma llegará al 100% interanual en diciembre. Las inminentes subas en el gas y en la luz, y la perspectiva de aumentos permanentes, obedecen a la intención oficial de reducir subsidios energéticos para alcanzar la meta fiscal del FMI, pero perjudicando únicamente a los usuarios, dejando indemnes a los capitalistas que intervienen en todos los eslabones de la cadena energética.

Pero lo cierto es que, mientras capas enteras de la población trabajadora, que recibirá incrementos en su boleta, no llega a fin de mes, muchas compañías del rubro han mejorado sus rendimientos de un año a otro. Según un informe de la sociedad bursátil Portfolio Personal Inversiones (PPI) en base a los balances de algunos grupos empresarios, publicado en Diario Ar, las utilidades de Sociedad Comercial del Plata (que tiene entre sus principales activos las petroleras Dapsa y CGC) mejoraron un 313% interanual en los primeros nueve meses del 2022 y las de Pampa Energía lo hicieron en un 88%.

Por otra parte, según la sociedad Bull Market Brokers, entre el último trimestre de 2021 y el tercero de 2022, la rentabilidad (división entre la ganancia neta y la facturación) de Emdersa (la controlante de la distribuidora eléctrica de La Rioja) creció 40.214%; la de Transportadora Gas del Sur (TGS) un 23% y la de Edesa (la distribuidora eléctrica salteña) un 20%.

En ese sentido, corresponde rechazar los aumentos en ciernes y luchar para que la crisis la paguen los capitalistas. Frente a la escalada inflacionaria, planteamos un sueldo inicial de $190 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Abajo el acuerdo con el FMI.