Después de haber afirmado con seguridad que tras el acuerdo con los bonistas las cotizaciones no oficiales del dólar se iban a acomodar con el tipo de cambio oficial, ahora Martín Guzmán sale a consolarse aseverando que de todas maneras “el dólar blue no es referencia para los precios”. Recuerda al zorro de la fábula, que se resignaba a no alcanzar las uvas, total estaban verdes.

Naturalmente, las dos afirmaciones de Guzmán eran erróneas. Pero en lo que refiere a la reciente medida de reforzar el cepo cambiario, el ministro de Economía lisa y llanamente miente a la población. Esto porque las restricciones a las empresas en el acceso al precio oficial de los dólares necesarios para saldar deudas con el exterior o pagar a los proveedores las harán recurrir al mercado paralelo, encareciendo los costos de financiamiento y operativos. Esos mayores costos son trasladados, por supuesto, a los precios. La disparada del dólar blue, que en algunas cuevas cotiza a 150 pesos, sí incide sobre los consumidores.

El gobierno dispuso medidas el martes por la noche que llevaron al “dólar ahorro” de 102 a 130 pesos, y que solo permiten cancelar un 40% las deudas financieras de las empresas y obligarían a refinanciar el resto. Esto último tiene como efecto que los bancos desconfíen de la capacidad empresaria para cumplir con sus vencimientos, y hace se encarezca el acceso a nuevos créditos. Algunos costos, como los proveedores de servicios, ya actualizaron de forma inmediata los precios a un dólar arriba de los 130.

Los importadores, por su parte, temen mayores complicaciones para obtener permisos para ingresar insumos al país y también para acceder a las divisas para cancelar compras a crédito. Si el súpercepo del gobierno aspira a cerrar el grifo de la fuga incesante de divisas que está secando las reservas del Banco Central, todo hace suponer que tarde o temprano se sellará esa vía. Al mismo tiempo esto genera trabas en los giros de las sucursales argentinas de empresas extranjeras con sus casas matrices. Todo deriva en una mayor inflación, e incluso en una mayor recesión.

Es decir que las familias trabajadoras no solo seguirán siendo víctimas de la remarcación de precios, sino además de nuevas oleadas de despidos, suspensiones y recortes salariales. Para colmo, se les veta la única posibilidad que tenían de preservar el poder adquisitivo de sus ahorros o de hacer alguna diferencia favorable vendiendo los 200 dólares mensuales que podían comprar a “precio solidario”.

La política económica del gobierno de Alberto Fernández, para intentar garantizar el repago de la deuda, se basa en una confiscación contra los trabajadores. Guzmán no puede ocultarlo.