El fallo de la Suprema Corte bonaerense que “suspende la poda de los salarios superiores a los 1.200 pesos” y le “ordena al Estado provincial cesar con los descuentos de los salarios del mes en curso”, no hace justicia sino que indulta judicialmente a los saqueadores del salario. Según el fallo, la poda salarial estuvo justificada hasta julio de 2003, pero no de aquí en más. Se blanquea el robo de los salarios en los últimos dos años y se rechazan los reclamos presentados y retroactivos a julio del 2001. Además, la sentencia judicial no es para todos los estatales y docentes sino sólo para los afiliados de Upcn y Aeri que demandaron oportunamente.

El gobierno de Solá ya ha anunciado que apelará el fallo. Según el subsecretario de Gobierno bonaerense, la sentencia “era algo que se esperaba”; es decir que es fruto de una negociación. Recién se dejaría sin efecto la poda a partir de los 30 días posteriores al fallo en firme, una fecha que algunos estiman podría estirarse hasta el 2004. Todavía quedaría pendiente establecer la modalidad de pago de los meses transcurridos a partir del 2003.

El propio subsecretario Mouillerón afirmó que aun esta devolución “no está contemplada ni en el presupuesto ni en los recursos”. ¡Ni se acepta ni se acata! La sentencia, que apelará el gobierno, no ordena siquiera poner fin al congelamiento de la antigüedad, es decir que se adapta a la política de miseria salarial a pesar de que sólo los productos de la canasta básica de alimentos aumentaron un 80% entre enero de 2002 y febrero de 2003.

El fallo de la Suprema Corte es simultáneamente un indulto y una maniobra, que pretende desactivar los reclamos y la lucha salarial. Los paros de los docentes bonaerenses son masivos, y están más que maduras las condiciones para la huelga general por el inmediato aumento de salarios. Toda la experiencia de este año, de la gran huelga de los porteros y de las luchas de los ministerios y hospitales, coloca a la orden del día la huelga provincial indefinida.

El gobierno echa lastre porque teme la reacción de los trabajadores. El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia está en rojo y tiene un déficit multimillonario que amenaza las jubilaciones bonaerenses. Tanto el IPS como el Ioma fueron saqueados por las sucesivas administraciones justicialistas. Pero, además, para el 2004 Solá deberá cancelar obligaciones de deuda por el 10% del presupuesto provincial por eso prepara un nuevo ajuste, la fusión de ministerios y quiere las manos libres para reemplazar los organismos de contralor del Estado por “auditorías” oficiales y dibujadas.

¡Es la hora de la lucha salarial! ¡Devolución completa, inmediata e indexada de todas las quitas salariales, incluida la antigüedad y los plus que se suprimieron! ¡Por un salario básico de 900 pesos!