La decisión de la Corte Suprema, a través de una medida cautelar, de suspender las elecciones que debían realizarse en Tucumán y San Juan suscitó un enfrentamiento directo con el gobierno nacional.

El presidente Alberto Fernández salió a contestar en cadena nacional, dejando expuesto su encubrimiento a los gobernadores del PJ que buscan la reelección y también a los mecanismos que estos utilizan para perpetuarse en el poder, como la Ley de Lemas y los acoples, entre otras maniobras anticonstitucionales. Este encubrimiento forma parte del apoyo total a quienes gobiernan en provincias completamente empobrecidas, explotando a los pueblos y sus recursos naturales en favor de las megamineras y todos los negocios de las oligarquías más podridas.

Otra impostura del Presidente es adjudicarle a la Justicia que no investiga el acuerdo con el FMI, que él mismo legitimó con una ley en el Congreso Nacional y con un nuevo acuerdo ruinoso para los trabajadores con el organismo internacional. El gobierno del Frente de Todos, con Alberto Fernández a la cabeza, son tributarios de todas las políticas que el FMI le impone a nuestro país, al igual que lo hizo el macrismo.

Por su lado, la Corte saca un fallo suspendiendo las elecciones a solo cuatro días de su realización, cuando hacía más de un mes que podría haberse pronunciado. En el fallo de la Corte no se pronuncia sobre el fraude de fondo que ocurre en estas provincias: en San Juan con la ley de Lemas y en Tucumán con los acoples. Ambos hacen que este régimen político sea completamente fraudulento.

El choque entre la Corte Suprema de Justicia y los gobiernos justicialistas de la provincia de San Juan, Tucumán y el gobierno nacional expone la podredumbre y la hipocresía de todos los responsables de este régimen político. Los gobernadores y el peronismo de conjunto denuncian que “la Corte atenta contra la democracia”, pero ellos han montado un régimen basado en aspectos terriblemente antidemocráticos y violando las propias normas, perpetuándose en reelecciones permanentes. De fondo, todos son tributarios de los mismos intereses sociales, el de las mineras, los empresarios del citrus y de los ingenios. Desde el Partido Obrero repudiamos a unos y a otros, y planteamos que una verdadera democracia política es incompatible con un régimen de explotación y opresión.

Llamamos a fortalecer y construir una alternativa política de los trabajadores porque todas estas maniobras y manipulaciones del sistema electoral, que expresan una crisis política brutal, se resuelven únicamente con un gobierno de los trabajadores, terminando con el régimen podrido de políticos capitalistas y jueces enquistados y designados a dedo, a conveniencia de quienes tienen el poder.

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