La suspensión de las Paso es una maniobra que retrata la crisis del régimen político. La iniciativa habría sido empuñada con energía por lo gobernadores del PJ tras suscribir un acuerdo fiscal con Alberto Fernández, y el mandatario chaqueño Jorge Capitanich anunció que bregará por un tratamiento exprés en el Congreso que permita sancionar la modificación del calendario electoral antes de fin de año. Si el establecimiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), hace una década, pretendió contener las tendencias centrífugas del gobierno kirchnerista tras la estrepitosa derrota de 2009, hoy es el un motivo similar el que impulsa su suspensión.

Los argumentos esgrimidos para suspender las Paso carecen de todo valor. Debería avergonzar a los funcionarios del gobierno nacional y a los gobernadores alegar que la aglomeración de gente en las filas de votación expone al contagio de coronavirus, cuando en base a declarar finalizada la pandemia avanzan en recortes presupuestarios a la salud. El ahorro fiscal de 13.000 millones de pesos, que mencionan otros, no es demasiado publicitado por la presidencia, ya que al estar contemplados en el Presupuesto 2021 quedarían en todo caso como una partida a disposición del manejo discrecional del gobierno nacional.

La verdadera motivación es reforzar el control de las listas por quienes detentan el poder político. Alberto Fernández y los gobernadores quedarían, sin primarias, con el manejo de la lapicera para el cierre de las nóminas de candidatos, valiéndose de los resortes del Estado para disciplinar o equilibrar a las distintas vertientes del Frente de Todos. El origen de esta preocupación no es por supuesto sanitario ni fiscal, y mucho menos el carácter democrático de la elección: en un país con la mitad de la población sumida en la pobreza y que se orienta hacia un programa fondomonetarista, el creciente malestar social es una amenaza a la integridad de los oficialismos.

El método de dirimir candidaturas a dedo evita que dentro de los armados gobernantes afloren competencias internas que puedan originar rupturas o desgajamientos, o incluso que sean derrotados los candidatos de los gobernadores, intendentes, etcétera. Por eso quienes rechazaron de plano este intento de suspender las Paso fueron las fracciones del PRO y no los mandatarios radicales, que tendrían así mayor potestad para delinear las listas en sus provincias. La oposición declarada de Rodríguez Larreta a esta medida contrasta con la posición benevolente que adoptaron el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y hasta en forma ambigua el mendocino Rodolfo Suárez. De hecho, habían sido sectores de Cambiemos los que intentaron evitar las primarias obligatorias en 2017 y 2019, cuando gobernaban.

Para las alas de Juntos por el Cambio que, interna y externamente, buscan posicionarse como recambio político hacia las próximas presidenciales, sería un problema. Tanto para el eje bolsonarista que lideran Macri y Patricia Bullrich, como para quienes se presentan como renovación de la fracasada experiencia macrista encabezados por Larreta y Vidal, plantearía una difícil tarea de equilibrar las demandas de cada sector. Por otro lado, si se vota directo en las generales las alternativas derechistas de los Espert y Milei tendrían más chances, ya que entre las Paso y la definitivas las variantes menores suelen perder votos por la concentración del electorado en las fuerzas que quedan posicionadas para disputar la elección.

Con todo, tanto el jefe de gobierno porteño como el bloque mayoritario de senadores bonaerenses cambiemitas podrían frustrar que la suspensión se apruebe en los dos distritos electorales más importantes del país, que concentran casi la mitad del electorado. En ese caso los cargos electivos provinciales deberían atravesar igual las primarias. En estas condiciones, y a contrarreloj, la iniciativa de suspender las Paso tiene serias probabilidades de quedar empantanada. Por lo demás, algunos gobernadores ya han sancionado leyes para evitarse esa instancia, como sucede en Catamarca y Salta.

Los mandatarios provinciales peronistas -y muy en especial los intendentes del Conurbano- se evitarían disputas abiertas, por ejemplo, con candidatos camporistas. Estos últimos aceptarían resignar esa competencia, siendo que esa convivencia con el pejotismo podría compensarse en otros ámbitos con el dedo de Kicillof y de la vicepresidenta en las categorías nacionales de la provincia de Buenos Aires. No hay, por fuera de las disputas por los sillones y espacios de poder, ningún conflicto en la orientación que debe seguir el Frente de Todos: todos están alineados con la perspectiva del pacto con el FMI que conduce toda la política oficial. Sin ir más lejos, acaban de firmar un consenso fiscal dictado por esa directriz, el cual suspende nuevamente las rebajas de impuestos que gravan a los consumidores como Ingresos Brutos.

Como muestran estos tironeos, si las primarias abiertas y obligatorias venían a democratizar la política su resultado es un rotundo fracaso. En realidad, tamaño objetivo no puede lograrse mediante la injerencia de Estado sobre los partidos políticos. Este sistema electoral no erradicó el peso de los aparatos, lo cual requeriría en realidad que las organizaciones políticas funcionaran en base a congresos y deliberaciones en las que participen sus afiliados. En este régimen de hambre y saqueo, en el cual se alternan en el poder las distintas variantes políticas patronales, los partidos que componen a estas son incapaces de definir sus objetivos y listas en instancias abiertas de participación democrática. El carácter conspirativo y de aparato de los armados políticos se corresponde con el contenido que representan.

Estos vericuetos de la realpolitik argentina no son más que expresiones de un régimen que se basa en verdaderas camarillas, que se aglutinan o se escinden al amparo del Estado. Las Paso eran una herramienta de crisis, y como vimos su suspensión responde al mismo problema: rescatar a los responsables del empobrecimiento de la mayoría de las familias trabajadoras del país, para sostener un rumbo fondomonetarista.

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