A medida que pasan los días la “historia oficial” de lo sucedido en La Tablada se está cayendo estrepitosamente.

El “armamento sofisticado especialmente importado de Checoslovaquia, la URSS Y China”, que se había adjudicado a los atacantes, era en realidad -según reconoció el propio ministro del Interior- “en su mayoría, fusiles viejos” (Nación 29/1)

El “grupo de mercenarios y especialistas militares extranjeros, llegados de Cuba y Nicaragua para participar del ataque", debió ser desmentido por el canciller Caputo en declaraciones efectuadas en Estados Unidos. “No había ningún extranjero en el grupo". (Clarín, 12/2).

El “soldado indefenso que cayó asesinado al ser cobardemente aplastado en la puerta del cuartel por el camión de los asaltantes", resulta que “goza de buena salud, no está muerto, sino que guarda reposo por fractura de una pierna" (Clarín, 17/2).

La “actitud criminal de los atacantes, que apostaron francotiradores en la zona asesinando a mansalva y por la espalda a las fuerzas de seguridad” no fue tal ya que se comprobó que “no hubo francotiradores sino que las propias tropas policiales y del Ejército, estaban tan desorganizadas que se cruzaban disparos entre sí; las de atrás a las de adelante" (Ámbito Financiero, 21/2).

La versión oficial aseguró que “la lucha duró tantas horas y costó tantas vidas porque los atacantes no quisieron rendirse”. Según acaba de publicarse “los ocupantes del cuartel ofrecieron en forma Inmediata y por lo menos en tres oportunidades la rendición, no siendo esta aceptada por las autoridades encargadas de la represión" (Página 12,19/2).

A todo esto se suma la denuncia de los propios acusados sobre el fusilamiento liso y llano de varios de los detenidos con vida. Las fotos publicadas por el diario “La República” de Montevideo del 15/2/89 demuestran que por lo menos el detenido Ivan López aparece con vida entre los detenidos, en tanto figura como “muerto al resistirse" en la versión oficial.

Esta serie de hechos ponen de relieve que el gigantesco escenario de sangre y fuego de La Tablada, fue montado enteramente por el gobierno, Cafiero y la camarilla militar, cuando estaban reunidas todas las condiciones para un desenlace pacífico del enfrentamiento. La masacre fue un acto políticamente motivado para apresurar el acuerdo con los militares y sacar réditos electorales para el radicalismo.

Estado de Derecho

Mientras las “pruebas irrefutables"del régimen caen como moscas, éste insiste en que reprimió en La Tablada “aplicando el Estado de Derecho".

Los hechos demuestran lo siguiente:

• La orden de reprimir a los ocupantes del regimiento no fue dada por el juez de turno, sino por el Presidente, a quien le está expresamente prohibido hacerlo por la Constitución; salvo en caso de Estado de Sitio, que no fue declarado por el Parlamento. Es decir que se aplicó de hecho la suspensión de las garantías constitucionales, violando abiertamente la Constitución.

• No sólo no existió orden previa de un juez sino que ningún juez se hizo presente en el lugar de los hechos, como era su deber (así se hizo en los levantamientos de Rico y Seineldin; así se hace ante un simple motín de presos en Villa Devoto). Es también deber del juez, si existen individuos o grupos armados, intimarles la rendición. Es deber judicial parlamentar con los insurrectos, para que depongan su actitud. De no producirse rendición, el juez y las autoridades deben recurrir a los métodos de reducción de personas: gas lacrimógeno, grupo especial de policía, etc. Nada de todo esto que es obligación legal, se hizo en Tablada.

• Durante más de 36 horas, tiempo en que finalmente se hizo cargo formal de la situación un juez, imperó en La Tablada una situación de tierra de nadie, pues los detenidos estuvieron a merced de un grupo de tareas militar, sin control de razonabilidad alguno. El lugar fue, técnicamente, un campo de concentración.

• El cuartel -lugar de los hechos investigados- debió ser inmediatamente cerrado y clausurado, como ordena la ley, para evitar que se destruyesen o perdiesen pruebas de lo ocurrido. El juez —en cambio—  lo dejó abierto y ocupado por una de las partes que intervino en los hechos, los militares. Se perdieron así valiosas evidencias (es un dato llamativo que la mayoría de los muertos estuviesen desnudos sin que se haya encontrado la ropa en el lugar).

• El juez concurrió personalmente al cuartel recién el 13 de febrero, ¡veinte días después del hecho! (La Nación, 14/2)

• El procurador general del estado, D’Alessio, ha desechado públicamente investigar las denuncias del grupo que se adjudica el ataque, sobre fusilamientos, torturas y desapariciones (Cronista 16/2). Esto va contra el principio de evaluación de la prueba, ya que es norma que hasta el peor delincuente y sus allegados pueden denunciar y reclamar la investigación por los tormentos e ilícitos de los que hayan sido víctimas.

• El fiscal de la causa, Plee, representante del Estado en el juicio, ha vulnerado el principio de inocencia hasta que no se pruebe lo ocurrido por sentencia firme. ‘Esta gente actuó en un juego sucio, por lo que nada podemos creerles" (Clarín, 17/2) afirmó sin vacilaciones, algo que le está expresamente prohibido por la ley. Aún para hacer su acusación debe basarse en pruebas objetivas y no en sus empinadas opiniones.

• Las declaraciones de los policías que participaron en la Tablada fueron recibidas no por el juez... sino por los propios policías. Los militares declararon en el cuartel, asistidos por sus superiores, cuando la ley establece que deben hacerlo en sede judicial, sin “asistencia” de jefe alguno. (Cronista, 20/2).

• El juez tampoco ha tomado en cuenta todos los elementos de prueba para calificar los hechos. Existe objetivamente una fuerte desproporción entre la cantidad de atacantes y sus medios y la forma en que se afirma fue ejecutada la represión. Más de 3.500 efectivos, cañones 105 milímetros, helicópteros artillados, bombas de fósforo (prohibidas por la “Convención de Ginebra" hasta para los casos de guerra) todo esto para reducir a 50 personas, munidas de fusiles, en un área de 450 metros cuadrados! Según afirmó un coronel especializado “con media centena de especialistas, los hubiésemos reducido en dos horas, sin romper un solo vidrio" (Página 12, 16/2) Acá se reventó el cuartel entero, y con él a todo ser viviente en su interior, fuese tropa propia o ajena. De acuerdo a la ley, los códigos y el estado de derecho esto encuadra cuanto menos, en “exceso en la legítima defensa" si no en comprobado “homicidio calificado”. Así se actúa en los tribunales penales de acuerdo a la ley. Así no se actúa en este caso.

Todo lo analizado demuestra que si hay algo que no se aplicó ni se está aplicando en el caso Tablada es el estado de derecho.

Investigación y castigo

En este cuadro de situación está claro que sólo en las manos de los trabajadores concientes y de la ciudadanía verdaderamente democrática reposa la decisión de movilizarse por una profunda investigación de lo sucedido en Tablada. Ese es el eje, al margen de las profundas discrepancias políticas que tengamos con el putchismo y el foquismo. Cuando un régimen político llega a la matanza indiscriminada de personas por un mezquino objetivo político es que está dispuesto a encontrar, según la necesidad del momento, el justificativo adecuado. Actuaron sólo circunstancialmente sobre los putchistas. Hay que movilizarse consecuentemente por la investigación y castigo a todos los responsables -políticos y materiales- de la matanza de Tablada.