La provocación montada por el Estado en las puertas de la Legislatura porteña se desató en un momento preciso: las organizaciones que se habían movilizado hasta allí acababan de iniciar un acto de repudio al Código Contravencional reaccionario. Ante toda la televisión del país, el Partido Obrero denunció la naturaleza represiva del nuevo “ordenamiento urbano” de Macri e Ibarra. Aunque las escaramuzas frente a las puertas de la calle Perú comenzaron en ese momento, la provocación había tenido sus preparativos: media hora antes, la Legislatura había cerrado todas sus puertas, anticipando así que sesionaría en secreto. Desde la improvisada tribuna de la calle, denunciamos que “no habría sesión, sino una conspiración contra el pueblo”. El cierre de las puertas fue acompañado por el retiro completo de toda presencia policial. La “zona” había quedado liberada para la acción de seudo“piqueteros” con handy y de policías de civil, la tropa de una provocación cuyos resortes partieron del Estado.

Progresistas y transversales se sacan la careta

Resulta claro que la puesta en escena de los servicios pretendió desprestigiar a la lucha popular contra el Código “antipiquetero” y fabricar un clima político favorable a su sanción. Pero para que ello fuera posible, era necesario que se subiera al carro de la provocación todo el arco del progresismo nacional, comenzando por el propio Kirchner. Los legisladores que responden al Presidente -y que rumiaban contra el “código macrista”- comenzaron a reclamar “su tratamiento inmediato”, al tiempo que otros condenaban (Verbitsky) a “algunos centenares de troskos exaltados”. En pocas horas, los progres se treparon al libreto de Macri, en reclamo de mano dura. Así, se puso de manifiesto el carácter puramente retórico de la oposición ibarrista y kirchnerista al Código. Es que su reforma traduce la exigencia de toda la burguesía y sus partidos a penalizar a las expresiones del Argentinazo y, principalmente, al movimiento piquetero. La provocación de la Legislatura servía, en este sentido, no sólo para “justificar” el nuevo código, sino incluso para procesar a quienes lo combaten, al presentar a los desmanes como un “exceso” de los manifestantes.

Pero esta operación se derrumbó bajo el peso de la crisis política general, que terminó revelando la verdadera naturaleza de la provocación montada. Fue el mismo Aníbal Ibarra quien involucró al gobierno nacional en los hechos, al denunciarlo por haber retirado a la policía de las puertas de la Legislatura. Desde luego que al desalojador del Padelai no lo mueve la causa de las libertades, sino la disputa por el botín del presupuesto porteño con la clique kirchnerista. Como también se supo después, tampoco Ibarra estuvo ajeno a las conspiraciones de ese viernes: no es un secreto que el macrismo ha comenzado negociaciones con Ibarra en favor de una reforma del código “con mayor consenso político” (así lo reveló la legisladora derechista Estenssoro). Es por ello que un sector del macrismo se rehusaba a “dar quórum” el viernes pasado, a la espera de culminar estas negociaciones con Ibarra. El humo y la confusión a las puertas de la Legislatura cumplieron, también, la función de disimular esta crisis política. Los diputados se “lamentaban” de “no poder sesionar”, cuando, en verdad, tampoco habían reunido las condiciones políticas para hacerlo. La disputa entre Ibarra y Kirchner reveló, por un lado, de qué modo los funcionarios de este último habían creado una “zona liberada”, y, del otro, la cuña brutalmente reaccionaria del progresismo porteño, que clama ahora por “firmeza” contra los piquetes y las cacerolas.

La determinación piquetera

Luego de los crímenes del Puente Pueyrredón y de la bomba instalada en diciembre pasado en Plaza de Mayo, la de la Legislatura es la tercera provocación dirigida a asestarle un golpe decisivo a los portavoces del Argentinazo. Con toda seguridad, también en esta ocasión las “investigaciones” terminarán en expedientes y archivos silenciosamente guardados o destruidos. Pero como en aquellas dos ocasiones, la “operación” se hundió bajo el peso de la crisis política de los explotadores, y de la consistencia política del movimiento piquetero que se agrupa en el Bloque y en la ANT. La decisión de convocar a marchar contra el Código el próximo jueves 22 desbarata la tentativa oficial de “congelar” la movilización contra el Código reaccionario, y de presentarlo como una cuestión “vecinal” o de “orden urbano”, esto es, ajena a las grandes luchas de las masas contra el régimen social vigente. Como también ocurrió con las provocaciones anteriores, esta crisis terminará reforzando a quienes estaban llamados a ser sus víctimas –los piqueteros–, como portavoces y alternativa de todo el pueblo explotado.