Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Seguridad Social, entre marzo y junio de este año, las asignaciones por hijo se redujeron en 8,4%, con lo cual se dejó de percibir esa prestación por 264.476 chicos. Esto producto de que los pisos salariales que están habilitados para percibir una prestación no se actualizan al ritmo de la inflación, por lo que cada vez son más los asalariados que ven restringido su acceso a este tipo de asistencia, incluso a pesar de que la necesiten para llegar a fin de mes.

Para cobrar por hijos menores a cargo, el salario mensual individual no debe superar los $131.444 netos. A su vez hay un tope $316.731 brutos para el ingreso total del hogar, es decir en el caso de que ambos padres trabajen. Estamos hablando de ingresos que apenas superan una canasta básica, sin contar alquiler ni expensas, es decir que el Estado excluye de la asistencia a un montón de trabajadores que la necesitan, porque sus salarios no le permiten llegar a fin de mes, mientras al mismo tiempo también interviene contra los trabajadores en las discusiones paritarias, como lo hizo con el Sutna e intentó hacerlo con Camioneros.

Esto se agrava cuando vemos que el piso salarial se actualiza tan solo una vez al año logrando que muchos trabajadores con un poder adquisitivo igual o inferior al de antes, vaya perdiendo el derecho al cobro por hijo que antes percibía, sin contar tampoco con ningún tipo de mejora en sus ingresos. Mientras que en marzo de 2021 las asignaciones por hijo habían sido 3.242.734 en el caso de los asalariados, en febrero de este año (el mes previo a la última actualización) fueron 2.246.412; es decir, la cifra se redujo en 996.322 casos (en más de 30%).

Esta es una herramienta de la que se vale el gobierno para arrimarse a la meta de déficit fiscal que impone el FMI, porque licúa el gasto del Estado destinado a asistencia social mediante la inflación. El Presupuesto vigente para programas sociales para este año es de 322.602 millones de pesos, un 42,4% superior a lo utilizado en 2021 cuando en el propio proyecto de Presupuesto 2023 proyecta culminar este año con una inflación del 95%. A su vez, el Presupuesto 2023 estipula una proyección inflacionaria del 60%, mientras la Oficina de Presupuesto del Congreso la proyecta en un 76% y el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) en un 91%. En este caso la AUH, por ejemplo, cae un 12% en relación a 2022, mientras crece en un 99,8% en el gasto de servicios de la deuda pública.

Es necesario combatir esta orientación peleando por un paro nacional y un plan de lucha que ponga en el centro de la escena la defensa del poder de adquisitivo de los trabajadores. Debemos exigir un salario mínimo igual a la canasta básica y aumentos salariales y previsionales indexados a la inflación.

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