CORDOBA – EL CASO CBI

 

El ¿suicidio? en febrero de Jorge Suau, vicepresidente de la financiera CBI, ha desembocado en una crisis que tiene en vilo a delasotistas, mestristas y también kirchneristas.

 

Suau dejó claro en una carta que CBI era, en realidad, una mesa de dinero, obviamente clandestina, con un giro de 300 millones de pesos, que había entrado en quiebra como resultado de la devaluación (tenía compromisos en dólares imposibles de cumplir) y por una maniobra del empresario Euclides Bugliotti, muy ligado en el pasado a De la Sota y desde hace unos años al kirchnerismo. Bugliotti, además de alquilarles uno de los locales donde funcionaba, retiró 40 millones que tenía y frenó la bicicleta -aparentemente este empresario estaba montando su propia mesa de dinero.

 

El tema quedaría sólo ahí si no fuera porque Suau, a través de una carta, y el presidente de CBI en sus declaraciones revelaron que políticos, sindicalistas (uno de los mencionados off de récord es dirigente K) e incluso jerarcas de varios credos religiosos eran los clientes de la mesa de dinero, quienes se quedaban con los beneficios de las altas tasas de interés. A la timba financiera iba plata de las obras sociales, recaudaciones de intendencias y aportes de creyentes, entre otros. Como todas las operaciones eran ilegales, no hay registros oficiales.

 

Sin embargo, el escándalo fue creciendo y picó en punta hacia funcionarios de los gobiernos. Uno es el caso de Fabián Maidana, actual presidente del Banco de Córdoba y uno de los fundadores de CBI. La desvinculación que Maidana proclama está más que cuestionada y pende como la espada de Damocles sobre el gobierno provincial.

 

Peores parecen las cosas para el intendente radical Mestre. Suau dejó escrito que el secretario privado del intendente y el secretario de Transporte de la Ciudad de Córdoba eran los encargados de retirar la cometa porque eran los encargados de llevar a CBI el dinero de la recaudación del transporte público de pasajeros. La recaudación es efectuada por una empresa privada que actúa entre el municipio, las empresas y los usuarios, y para favorecer este negociado se cambiaron condiciones por lo que se permitió que éstas empresas retuvieran la recaudación por 72 horas hábiles.

 

Un pacto de impunidad

 

La lucha por mantener el caso CBI controlado se ha trasladado a la Justicia federal, y aparece en una pelea entre el fiscal del causa, Senestrari (miembro de Justicia Legítima, K), y el juez Bustos Fierro, ligado al establishment local -tanto al delasotismo y al radicalismo, como al sector empresario (Bugliotti).

 

El juez ha decidido no hacer lugar al reclamo del fiscal de encarcelar a Rodrigo, presidente de CBI, quien ha sido denunciado por asociación ilícita y estafa por los que tenían registradas sus operaciones. El juez ha entendido el mensaje de Rodrigo y su abogado: están dispuestos a hablar y largar todo.

 

Lo que pueda decir debe ser mucho, porque los medios atribuyen al caso CBI una inesperada reunión y tregua entre De la Sota y Mestre, quienes venían echándose dardos en público desde hacía rato.

 

Senestrari ha dicho que apelará a la Afip para avanzar, pero la Afip y el Banco Central están cuestionados porque la mesa de dinero funcionaba bajo sus narices: es imposible que no lo supieran.

 

Estamos ante una bomba de tiempo que la crisis capitalista hará estallar.

 

Eduardo Salas