Tras la explosión que se cobró ya 19 vidas, el gobierno de Bonfatti y la Justicia provincial se apuraron a buscar un "responsable". En menos de lo que canta un gallo, el gasista particular que estaba haciendo los arreglos ese día fue detenido y procesado. Como ocurriera con la masacre de Once, buscaron salvar la responsabilidad de los privatizadores – en este caso, la empresa Litoral Gas- y la suya propia, por el control sobre el estado de los edificios de la ciudad.

La concesión del servicio de gas en la provincia está a cargo el grupo Tibsa, junto a Tecpetrol (del grupo Techint), cuando bajo el menemismo se privatizó Gas del Estado. Luego de 21 años, el 46% (un millón setecientos mil) de los santafecinos no cuentan con servicio por red.

Mientras los peritos se desviven por hallar dónde estuvo la "falla", está comprobado que las instalaciones de gas en el interior del edificio estaban deterioradas y datan de su construcción, en 1976. La inusitada presión que tenía el escape de gas (fuera de lo normal en el interior de un edificio) o la posible falla en la llave de paso son responsabilidad de la empresa. Tras la explosión, la empresa no pudo cortar el gas en la zona, porque las válvulas de cierre de la vía pública se encuentran clausuradas: es que su mantenimiento resulta "costoso". A su vez, desde 1995 rige una disposición para cada edificio que establece un sistema de corte automático del gas frente a pérdidas -el cual, naturalmente, no se cumple.

Tercerización

Pero también en este caso, lo que subyace detrás del desastre es la tercerización, moneda corriente en el conjunto de las privatizadas. Cuando se privatizó Gas del Estado bajo el menemismo, se produjeron 5.300 despidos. Entre ellos, de numerosos técnicos formados en el conocimiento de la red integral de gas. Las privatizadas los reemplazaron por tercerizadas, con un agravante: el "control" de los servicios prestados no los lleva adelante el Estado, sino los propios concesionarios, lo que vale también para el mantenimiento y para las inspecciones. La lógica del privatizador es la reducción de costos en detrimento de las necesidades de seguridad en las redes. El Ente Regulador del Gas ha sido cómplice de estos desmanejos.

Tanto el gobierno de Bonfatti, como el gobierno nacional se han cuidado muy bien de denunciar esta trama tercerizadora, que ellos avalan en la provincia y en el país. Mientras tanto, el gobierno "socialista" anunció una línea de créditos "blandos" a 20 y 30 años para los vecinos que se quedaron sin vivienda. Sólo atinan a endeudar a los que se quedaron sin nada.

Planteamos la investigación a fondo del hecho por parte de una comisión independiente de trabajadores, técnicos y vecinos, y el juicio y castigo a los culpables. Determinar las responsabilidades de Litoral Gas y del gobierno del Frente Cívico. Reclamamos un inmediato subsidio estatal que contemple un resarcimiento completo a todas los damnificados.

Justicia para las víctimas.