Cuando reiteradamente escuchamos decir que “vivimos en democracia”, lo que realmente se debe entender por esto es que vivimos en el reino de la hipocresía. No podría ser de otra manera con relación a un régimen político que afirma lo que no es; la paz, en tanto encubre la violencia-de la explotación de una clase por la otra; la libertad, de la que solo disponen realmente los grandes capitalistas, fundamentalmente para saquear a los trabajadores; la justicia, cuándo se confisca al que no tiene en beneficio del potentado.

La huelga docente ha sido una fuente inagotable de ejemplos de la hipocresía democrática. Los que han destruido la educación para pagar, entre otras cuentas, la deuda externa, acusaban a los docentes de privar de enseñanza a los estudiantes. Para pagar esa deuda externa, la democracia se vale del régimen unitario, que permite al gobierno central succionar todas las energías nacionales hacia los centros imperialistas; pero para pagar los sueldos docentes el régimen se declara federal, lo cual es un mecanismo inventado hace solo diez artos por Martínez de Hoz para reducir los salarios del magisterio al nivel de los recursos de las provincias más pobres. Para propugnar una educación apolítica y contrarrevolucionaria, el régimen democratizante se ratifica a si mismo como sarmientino; pero se olvida del sanjuaneo a la hora de tener que respetar la gratuidad e igualdad formales de la enseñanza pública.

Cuando Ideler Tonelli dictó la conciliación obligatoria fundándose en la presunción cierta de que existían ya las bases de un arreglo del conflicto docente, el régimen alcanzó la cima de la hipocresía. Es que no hay tal conciliación, es falso que sea obligatoria y es más falso todavía que exista un arreglo o. un principio de arreglo del conflicto.

El Ministerio de Trabajo no dictó ninguna clase de conciliación obligatoria sino simple y descaradamente, un ultimátum. Fue un acto desvergonzado de violencia. O levantan o los reventamos.

La conciliación obligatoria es completamente ilegal. Viola en primer lugar el derecho constitucional de huelga, que ningún acto gubernamental tiene la facultad de anular. No tiene apoyo tampoco en la legislación laboral que fuera dictada de un modo inconstitucional. “No es algo estrictamente legal” —dijo el propio Tonelli (Ámbito Financiero,19/4). “Pero debe recordarse —agregó— que se trata de un conflicto atípico y de una intervención atípica de esta cartera”.

¿Podría existir una confesión más descarnada y despojada de vueltas que ésta respecto a la completa ilegalidad de la posición oficial?

Nadie ha olvidado, por otra parte, que Tonelli repitió durante tres semanas que su ministerio carecía de las facultades legales para imponer la conciliación obligatoria.

En definitiva, el gobierno ha violado su propia constitución y su propia ley para poder ejercer sin subterfugios la violencia que se concentra en las manos del Estado.

Pero el ministro Tonelli no solo invocó la ley para colocarse al margen de la ley, perpetrando un delito de Estado, también invocó la ley suprema de la voluntad popular. Cuando fue interrogado sobre por qué no se esperaba al acuerdo de partes, que el ministro juzgaba inminente, para resolver el conflicto, el ministro respondió que “había una demanda de la sociedad" para hacer levantar la huelga. Cuarenta y ocho horas antes, sin embargo, un paro general había revelado que la “sociedad” se enfrentaba frontalmente, no a los docentes, si no al gobierno, a los gobernadores y al Estado, con la voluntad de derrotarlos y llevar a los docentes a la victoria. La conciliación obligatoria no ha sido otra cosa que un golpe del Estado contra la "sociedad”, que se radicalizaba en su conciencia y en su lucha contra los personeros de la destrucción nacional. El régimen democratizante de Cafiero y Alfonsín invocó por boca de Tonelli la razón de la ley y la razón popular por la precisa razón de que pretendía aplicar la violencia desnuda del Estado sin escrúpulos legales y con toda la Intención de ahogar al conjunto de los reclamos y movilizaciones populares.

Como cualquiera se lo ha podido imaginar, “las bases del acuerdo inminente” que Tonelli usó de pretexto, son un puro cuento. En este aspecto el conflicto está exactamente en el mismo punto que antes de iniciarse. No existe la menor aproximación a los ₳ 770.- que la CTERA (g) reclamaba para marzo o a los ₳ 1.030 de la CTERA(a) y de la Federación Sarmiento. Pero tampoco existe un acuerdo entre el gobierno y las provincias en relación a cómo se financiarían los supuestos ₳ 640 que el gobierno estaría dispuesto a dar para abril. En los días siguientes a la conciliación obligatoria se volvieron a poner en evidencia todas las divergencias ya conocidas entre las diversas camarillas de políticos y legisladores patronales. Todo esto sirve para demostrar que la conciliación obligatoria, lejos de fundarse en una hipótesis de acercamiento de las posiciones en conflicto, tuvo su fundamento, en la certeza de que la violencia estatal era el único recurso contra la huelga ante la completa incapacidad del Estado para acercarse a una solución, de los reclamos y a una superación de las contradicciones entre el gobierno central y las provincias.

El viernes 15, Alfonsín y Cafiero protagonizaron una ficción de acuerdo para perpetrar el acto de violencia que constituye la conciliación obligatoria.

Fingir un acuerdo fue el acuerdo, para golpear la huelga, de la misma manera que fingir que tienen un pacto de gobierno es el pacto que les permite unirse contra los trabajadores a pesar de sus múltiples divergencias.

En este conflicto se ha llegado a tales extremos de hipocresía que cuando todo el mundo creía que uno de los temas principales de la reunión de gobernadores justicialistas en La Pampa había sido la cuestión docente, Clarín (14/4) informaba que esto no se había puesto siquiera en consideración.

En la reunión entre Cafiero y Alfonsín tampoco se discutió el paquete salarial para los docentes sino el rescate de las oligarquías provinciales cuyas deudas incobrables son la causa deja, bancarrota de los bancos oficiales. La prueba es que el mentado incremento del impuesto a los depósitos recaudaría seis veces más que lo necesario para sufragar los gastos dé las siete provincias que afirman no poder, pagar un reducido aumento salarial.

Alfonsín y Cafiero han explotado la huelga docente para justificar una nueva exacción, contra los consumidores que supera holgadamente lo que se dispondrían a dar los maestros.

La conciliación ni siquiera es obligatoria; en Capital, Córdoba y Río Negro sus gobernadores o intendentes ya han declarado que proseguirán con una política implacable de represión económica y política contra los huelguistas y los activistas. En la Capital especialmente la furia de la burguesía democratizante se desata contra la docencia qué les quebró la “vidriera" de cara al país y al exterior y donde la huelga se cumplió con el sacrificio de no cobrar los salarlos durante dos meses.

La conciliación es todavía menos obligatoria paca los capitalistas, quienes como consecuencia de la traición a la huelga han logrado la liberación de los precios de los artículos escolares, apenas minutos después de levantada la lucha.

Pero el gobierno no recurrió a su descarado acto de fuerza porque se encontrara fuerte sino porque se sentía en él máximo punto de debilidad. No había podido quebrar la huelga en ningún lado, en tanto que en los distritos principales de Buenos Aires y Santa Fe estaba granítica.

El miércoles 13 una gigantesca manifestación de 25.000 maestros recorrió el centro de la capital. El cuadro del conflicto en las vísperas de la conciliación obligatoria se caracterizaba por mayor nivel de combatividad de la huelga, en su conjunto y por la mayor división del frente oficial en relación a los recursos para hacer frente a una parte al menos de los reclamos y en relación a las vías de salida para el conjunto de las crisis provinciales, de la bancarrota fiscal, de la inflación y de la recesión industrial.

Este marco desnuda la completa traición de la CTERA de Garcetti, Mary Sánchez y Solimano. No pueden justificar el levantamiento de la huelga en el respeto a la ley; en la certeza de un acercamiento de las propuestas oficiales a los reclamos del sindicato; en la existencia de un acuerdo dentro del frente oficial sobre como financiaría su propia propuesta; en la debilidad de la huelga; en un reclamo de la base. Ni siquiera obtuvieron el pago de los días de huelga salvo como “recomendación” a los distintos gobiernos, ni la garantía contra las represalias.

La burocracia de Garcetti, Mary Sánchez y Solimano capituló simplemente ante el ultimátum elaborado por Cafiero y Alfonsín. En estricto rigor, esa burocracia elaboró con el ministerio de Trabajo el ultimátum para poder justificar la traición abierta a la huelga mediante una capitulación. Clarín (20/4) dice textualmente: “el consenso logrado por Tonelli para dictar la conciliación obligatoria fue obtenido principalmente entre la conducción de la CTERA, aun cuando muchos de sus dirigentes salgan a desmentirlo o a explicarlo dialécticamente de mil modos”.

La burocracia cafierista de CTERA violó sin escrúpulos sus reiteradas promesas de que convocaría a un "confederal" en caso de producirse cualquier clase de oferta oficial. Dijimos desde “Prensa Obrera" que esta promesa jamás sería cumplida porque ese “confederal" libremente formado por delegados elegidos por las bases en huelga, simplemente no existe en el estatuto regimentador de la CTERA (g). Detrás de esta promesa falaz vimos rápidamente que la burocracia había tomado ya hace bastante tiempo la decisión de golpear a las bases sin ninguna clase de miramientos. Naturalmente, la CTERA (g) se negó a conducir la huelga con todos los gremios en lucha sobre una base representativa de las asambleas de distrito. Solamente una dirección consciente de que deberá entregar la lucha actúa de esta manera.

Mientras los Cafiero y los Alfonsín llamaban a defender la democracia contra un golpe, lo que en realidad estaban preparando era un golpe de características militares por su operatividad contra el movimiento sindical docente. Para esto contaron con el acuerdo previo, absolutamente imprescindible, de la burocracia sindical. Esta comprendió rápidamente que un movimiento que en su desarrollo se había despojado de todas las ilusiones en los Alfonsín y en los Cafiero debía oportunamente llegar a la misma conclusión respecto a la burocracia sindical. La dependencia política de la burocracia respecto a los Cafiero y compañía quedó a la luz del día; los Garcetti y sus amigos son agentes de la patronal en el movimiento obrero.

Es indudable que en la operación político-militar contra la huelga ocuparon un lugar “señero" dos personajes que ningún activista deberá pasar por alto en el futuro: el clero y la burocracia y la CGT.

En vísperas de la traición, los curas y la burocracia llamaron a las partes a “ceder en sus exigencias” en beneficio de la “paz social”. Era la señal del episcopado para que sus agentes en el movimiento sindical, dentro de los que Ubaldini, Garceta y Sánchez ocupan un primerísimo lugar, pusieran fin al coqueteo con la huelga.

Por profundo que sea un movimiento de lucha, ocupa en él un lugar decisivo la dirección y la conciencia que los trabajadores en lucha tengan de ella al comienzo del combate. Por profundo que sea un movimiento, las masas no tienen la capacidad para reemplazar con la rapidez suficiente a una dirección traidora, en el curso mismo de la lucha si no cuentan con una poderosa vanguardia en su seno y si no han avanzado en una apreciación propia de las fuerzas políticas actuantes. El movimiento docente avanzó una barbaridad por este camino de autodeterminación sindical y política y en el fogueo de una nueva generación de activistas.

Precisamente por eso la burocracia no podía demorar su traición. Una traición que es químicamente pura precisamente porque su única motivación ha sido poner fin a un movimiento con proyecciones independientes gigantescas para las masas argentinas.

A partir de esto podemos decir con toda confianza a los Alfonsín, Cafiero y Garcetti: “quien ríe último ríe mejor”.