11/08/2021

La UIA quiere despedir a quienes no se vacunen

Reclaman un “corredor sanitario” que los exima de responsabilidad y les permita avanzar en el desmantelamiento de los protocolos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) acaba a dar a conocer que impulsará el no pago de los salarios y el cese laboral de aquellos trabajadores que no se encuentren vacunados contra el Covid-19. Se trata de una extralimitación antijurídica de las patronales, que busca obtener mayores prerrogativas en los lugares de trabajo, eximirse de responsabilidad privada, reducir “costos” laborales y presionar por una regulación estatal.

El debate viene a propósito de aquellos trabajadores que no se encuentran vacunados y/o que han decido no hacerlo. La última normativa del Estado nacional establece la dispensa laboral para quienes no cuenten con al menos una dosis, el retorno al trabajo presencial para los que sí la tengan y la dispensa hasta 14 días de pasada la segunda inoculación para los casos de riesgo.

Respecto a los primeros, la decisión patronal invertiría la carga de la prueba, obligando al trabajador a demostrar los inconvenientes o la demora oficial a la hora de vacunarse. Sobre los segundos, representa el intento de avanzar en la ofensiva contra los trabajadores, planteando una reforma laboral de hecho para eximirse de la responsabilidad sanitaria en los establecimientos laborales, ya que no existe ninguna normativa nacional que declare la obligatoriedad de la vacuna.

Cheque en blanco sanitario

El presidente de la UIA, Funes de Rioja, señaló que “Aquellos que no se vacunan o no quieren hacerlo, nadie puede obligarlos a vacunarse. Pero en ese caso, lo que se plantea es que cese la dispensa, para que a su vez cese la asignación no remunerativa correspondiente”.

El cese de la dispensa parece un debate prematuro cuando el gobierno aún no ha garantizado el esquema de vacunación completa, ni puede asegurar una salida de la crisis sanitaria producto de la pandemia, cuando todos los análisis epidemiológicos arrojan que estamos en las vísperas de una tercera ola de contagios, con las variantes Delta y Manaos extendiéndose en el país.

La arenga de la UIA viene a cuento de pisar el acelerador respecto a la imposición de la “nueva normalidad” y hacer añicos cualquier vestigio de restricción, regulación o impedimento que limite las facultades y prerrogativas de las patronales.

Las patronales se han amparado, durante la pandemia, en el art. 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT) para imponer suspensiones y pagos parciales de salarios, con carácter no remunerativo. Y han sido beneficiadas por subsidios estatales, como el ATP y ahora el Repro II, y exenciones a los aportes patronales.

En medio del dudoso cuadro sanitario y de las inseguridades de una porción de la población, alimentadas desde el propio Estado y fuerzas conservadoras, las patronales buscan convertir una regulación que actualmente “sanciona” los despidos –decreto de prohibición de despidos- a una que los facilite. En el medio, buscan un cheque en blanco para eximirse de las responsabilidades sanitarias en los establecimientos de trabajo.

Las patronales entienden que la vacunación es una especie de “cobertura general de riesgos” que los habilita al desmantelamiento de los protocolos y a cubrirse las espaldas por los riesgos que provoca la continuidad laboral sin haber salido del cuadro de emergencia epidemiológica. También temen que las ART no cubran los casos de los trabajadores no vacunados y que la responsabilidad recaiga sobre sus espaldas, sin ofrecer ningún esquema de contención o adaptación de los lugares de trabajo para hacerlos más funcionales al combate de la pandemia.

 

Dime qué protocolos tienes y te diré a quién representas

Para Funes de Rioja “Nadie puede obligar a una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la comunidad en el ámbito laboral”. Las patronales buscan ampararse en una interpretación forzada y antojadiza de la Resolución conjunta (Salud y Trabajo) 4/2021 y del artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, basados en el Principio de Buena Fe, que en nada hace a las obligaciones del personal para este caso. De la primera solo se desprende que quienes decidan no vacunarse deberán “llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores o empleadoras”, pero esto no implica la renuncia a sus puestos de trabajo.

Estas mismas patronales han violentado sistemáticamente las disposiciones reglamentarias, decretos y normativa de la LCT (art. 75), que hacen a los deberes de seguridad e higiene y al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias respecto al cuidado de la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores. La violación y deficiencia -incluso la ausencia- de los protocolos sanitarios ha sido uno de los principales factores de propagación del virus y de pérdidas de vidas ocasionadas por contagios en los lugares de trabajo.

El 76% de las muertes laborales del 2020 fue por Covid-19 y para mediados del 2021 la SRT contabilizaba unos 1.701 trabajadores fallecidos por esta razón, con datos que subestiman la incidencia real ya que solo son tenidos en cuenta los casos reconocidos por el organismo oficial.

La negativa a vacunarse no implica incumplimiento alguno del contrato de trabajo, ni violación de ninguna obligatoriedad emanada de la ley, y no puede ser alegada para cesar unilateralmente la relación laboral.

La medida anunciada por la UIA incluso podría interpretarse como violatoria de la ley 23.592, como un acto discriminatorio contra una decisión emanada de convicciones religiosas o ideológicas, y de la Constitución Nacional, en sus artículos 16 y 19.

Punitivismo sanitario

Desde la institución patronal señalan que se encuentran en diálogo con el gobierno nacional respecto a este asunto. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, también dejó entrever que el gobierno analiza alguna normativa en la dirección de lo que plantean la UIA (El Cronista, 10/08). Se trataría de un error que busca responsabilizar a la población trabajadoras de los límites y contradicciones del propio Estado.

Es la misma decisión por la que optó el gobernador jujeño Gerardo Morales, “decretando” la obligatoriedad de la vacuna para el personal estatal de la provincia y apelando a que la medida se extienda al sector privado. Los responsables del vaciamiento sanitario y de los aceitados vínculos con el oscurantismo clerical y conservador quieren dar cátedra de cuidados de la salud.

Las centrales obreras y sindicatos deben rechazar cualquier ofensiva de estas características y toda imposición que vulnere los derechos plasmados en la normativa y convenios laborales. Abriendo a su paso una deliberación en los lugares de trabajo respecto al combate contra la pandemia, la defensa de las medidas sanitarias y la necesidad de garantizar una vacunación del conjuntod e la población.

El punto de partida para abordar esta situación debe ser una profunda campaña de concientización sanitaria, poniendo a disposición y alcance de la población toda la información relativa a las vacunas y a los contratos con los laboratorios productores, ante quienes el gobierno ha otorgado todo tipo de condiciones.

Los sindicato y centrales obreras también tienen que tomar esta tarea en sus manos, partiendo por hacer cumplir las medidas sanitarias y los protocolos confeccionados por los propios trabajadores, y desarrollando un debate en cada lugar de trabajo para explicar los beneficios de la vacunación contra el Covid-19. Ninguna imposición ni represalia del Estado y las patronales.

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