26/09/1995 | 466

La última colonia de Inglaterra

Menem presentó el acuerdo con Gran Bretaña sobre la explotación petrolera en las Malvinas como “el mejor que se logró en 163 años … el primer paso real y legal de la Argentina por recuperar las Malvinas”.


Pero lo cierto y real es que el próximo 3 de octubre, el gobierno de ocupación de las islas convocará unilateralmente en Londres a una licitación internacional para otorgar licencias de exploración petrolera en las aguas de las Malvinas, sin que el gobierno argentino oponga la mínima protesta.


El canciller Di Tella dijo que “es la primera vez en 163 años que podemos entrar en las zonas disputadas … esto nos acerca a la discusión sobre soberanía”.


Lo cierto y real es que —mediante el acuerdo— el gobierno menemista de hecho le reconoce al ocupante colonial de las Malvinas el status de “estado ribereño” … es decir, que reconoce de hecho sus “derechos” sobre las islas y el mar adyacente. El acuerdo menemista implica un reconocimiento implícito de la soberanía británica sobre las Malvinas: “la Argentina reconoce los derechos de la parte ocupante en la medida que acepta compartir un típico producto de la soberanía, el petróleo y el gas” (El Economista, 22/9). Tan obvia es la capitulación del menemismo, que uno de los medios que defiende el acuerdo —El Cronista (20/9)— lo presenta como “el primer paso hacia la soberanía compartida en Malvinas” … lo cual no es sólo una barbaridad lingüística (la “soberanía” no puede ser “compartida”) sino sobre todo política: el gobierno británico ha sido muy preciso al dejar en claro que “el hecho de que las Falkland (Malvinas) puedan proceder a ofrecer las licencias petroleras en la plataforma continental circundante es un importante ejercicio práctico de soberanía” (Clarín, 22/9).


El gobierno presenta como un “logro” del acuerdo la conformación de una “comisión” que convocará a licitación para la explotación petrolera en una  “zona especial de cooperación” de 21.000 kilómetros cuadrados al oeste de las Malvinas y que será “integrada” por partes iguales por Gran Bretaña y Argentina. Un acuerdo de estas características es propio –y sólo aceptable– en el caso de “estados fronterizos”, que se asocian para explotar un recurso en común. ¡Pero Gran Bretaña no es un “estado fronterizo” sino un ocupante colonial! ¡El acuerdo menemista le otorga a Gran Bretaña un status legal que ningún gobierno argentino le otorgó en 163 años! Pero todavía hay más sobre la “zona especial de cooperación”, porque Argentina “pone” 10.500 kilómetros —indisputadamente argentinos— y Gran Bretaña “pone” otros 10.500 kilómetros —cuya soberanía también es argentina, pero sobre la cual ejerce una usurpación colonial. El “logro”, por lo tanto, es que los británicos “nos autoricen a explotar nuestros propios recursos” (Miguel Bonasso, en Página/12, 16/9).


Sobre las aguas que rodean a las Malvinas y sobre todas las aguas al este de las islas, el ocupante tendrá el derecho indisputado –reconocido por el gobierno menemista– de otorgar unilateralmente las licencias. En estas aguas, la “comisión” se limitará a “estudiar el impacto ecológico de la explotación” … Argentina obtendría “algún beneficio” (Financial Times, 20/9) —que será “magro”, según El Economista (22/9)— por la exploración petrolera en estas aguas, pero no bajo la forma de “regalías” –que sólo un estado soberano puede cobrar. Los británicos han dejado en claro que “el acuerdo no cubre el reparto de regalías (porque) no aceptamos ningún derecho argentino de imponer impuestos a las compañías alrededor de las Falkland (Malvinas)” (Clarín, 22/9).


El acuerdo que fue presentado con tanto énfasis como un “éxito” fue, en realidad, un “acuerdo de último minuto” (El Economista, 22/9), firmado por el gobierno menemista para evitar el completo hundimiento de su política malvinera. Si los ocupantes de las islas hubieran convocado a la licitación sin el acuerdo del gobierno argentino —como amenazaban hacerlo—, toda la política de “seducción” de los kelpers y el supuesto “paraguas” menemista —que “protege” los reclamos argentinos de soberanía— se habrían venido abajo irremediablemente. El acuerdo logró evitar el derrumbe de la política menemista pero, precisamente por eso, hundió los reclamos argentinos de soberanía sobre las Malvinas: “Hasta ahora los ingleses tenían el poder y nosotros el derecho; ahora ya ese esquema binario desaparece” (ídem). El menemismo “logró”  lo que nadie  en un siglo y medio: que el ocupante colonial pudiera invocar para su dominación los “derechos legales” que surgen de los documentos firmados por el propio gobierno argentino.


El acuerdo permite a las “empresas argentinas” tomar parte en “empresas mixtas” (sólo hasta el 49% de las acciones) para la explotación petrolera. Se trata de una cláusula “con nombre y apellido” pues, dado el monto de la inversión necesaria, sólo YPF podría intervenir. Pero con anterioridad a la firma del acuerdo, YPF ya se había asociado a la British Gas para explorar el petróleo y el gas malvinense en una “empresa mixta”, en la que participarán también Petrobras (de Brasil) y Sipetrol (de Chile). No es ésta, claro, la única participación de la British Gas en la Argentina: además de otros negocios, está asociada con Pérez Companc en Metrogas (la mayor distribuidora de gas del país) y ha obtenido ocho bloques exploratorios privatizados por YPF.


Como a diferencia del petróleo, el gas no puede ser transportado por barcos-tanque, Argentina —es decir, YPF/British Gas— serían los únicos clientes del gas que se encuentre alrededor de las Malvinas: casualmente, o no tanto, British Gas e YPF se encuentran asociadas, también, en la construcción de un gasoducto que abastecerá de gas a Chile.


Según The Financial Times (21/9), habría existido una fuerte presión de Estados Unidos para la firma del acuerdo, ya que las petroleras norteamericanas —las mismas que operan en Argentina— serían las más interesadas en participar en la licitación convocada por el gobierno colonial de las islas. Mucho antes de que se firmara el acuerdo, John Martin, el funcionario designado por el gobierno malvinense para supervisar la licitación, advertía que “el ejercicio puede ser puesto en peligro por la falta de un acuerdo con Argentina (porque) será muy difícil avanzar con las licencias sin un acuerdo con Argentina” (Financial Times, 22/6).


No sólo las operaciones petroleras en Malvinas, sin embargo, podían haber sido puestas en “peligro” por la falta de acuerdo. Si los kelpers hubieran convocado a la licitación sin el visto bueno argentino, el gobierno menemista se hubiera visto obligado a penalizar a las compañías petroleras que intervinieran en él, que son las mismas que operan en nuestro país. Es decir que se hubiera visto obligado a “revisar” toda su política de privatizaciones y entrega petrolíferas.


Cuando Ambito Financiero (19/9) informa que “YPF, British Gas y Shell ejercen el padrinazgo empresarial del acuerdo”,  está claro que no es el “interés nacional” el que se ha impuesto con el acuerdo, sino el de los grandes pulpos petroleros que saquean el territorio continental y que ahora se aprestan a saquear el mar que rodea a las Malvinas.

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