“La Reserva Federal de los EE.UU. mantiene algunos interrogantes respecto de la salud de la convertibilidad”, fue la conclusión que extrajo el diario La Nación (15/6) de la reunión que mantuvo Machinea con Alan Greenspan, el presidente del Banco Central norteamericano.

El mismo escepticismo había manifestado unas semanas antes el Financial Times (24/5): “En verdad, la tasa de riesgo de la Argentina ha estado subiendo desde marzo. El indice de la Bolsa cayó a niveles que no se veían desde marzo de 1999. La cotización futura, a un año, del peso ha ido aumentando, reflejando un aumento de las presiones sobre el tipo de cambio”. Para el diario económico uruguayo El Observador (21/6), “todo indica que hay que prender una vela por el gobierno de Fernando De la Rúa”.

Recesión permanente

Aunque Machinea anunció ya cinco veces que la Argentina ha salido de la recesión, los datos oficiales de mayo son lapidarios; la producción, las ventas y el empleo volvieron a caer. El único ‘logro’ que exhibe el gobierno es un aumento de las exportaciones, pero el 86% de ese incremento obedece a las subas de los precios internacionales del trigo y del petróleo crudo. Si no se produce ninguna nueva crisis externa o interna, recién en el 2001 “se alcanzarían los niveles del segundo trimestre de 1998”, dicen la mayoría de los economistas. También es unánime la opinión de que la recesión se está comiendo el “ajuste fiscal” –recorte de sueldos y de jubilaciones– que lanzó el gobierno a fines de mayo. Pero Argentina podría pasar de la recesión a la depresión, en caso de producirse nuevos aumentos de la tasa de interés internacional o un nuevo desplome de Wall Street o una devaluación en Brasil.

Aun sin esto, el gobierno deberá encarar antes de setiembre un nuevo “ajuste”, porque el déficit fiscal se sigue potenciando por el peso de los intereses de la deuda y por la caída de la recaudación de impuestos. La decisión del gobierno de implantar una especie de “moratoria permanente” de impuestos es una declaración formal de bancarrota fiscal.

Esta vez el ajuste buscaría atacar directamente el presupuesto de educación, los llamados programas sociales, el salario familiar y hasta las jubilaciones.

“Chacho” Alvarez ya está trabajando en esa dirección. El “nuevo ajuste ” se llamará Plan Nacional de Empleo. (La reforma laboral se llamó “promoción del empleo estable”). “El proyecto apunta a subsidiar a las Pymes para que contraten a jefes y a jefas de hogar desocupados” (Página 12, 21/6). Con ese argumento, se unificarían todos los planes sociales y de empleo, como el Trabajar, y el seguro de desempleo.

Se busca utilizar todos esos fondos sociales –sumarían más de 1.000 millones de pesos– para seguir tapando el déficit fiscal que generan los intereses de la deuda, con una parte, y el resto usarlo para una política de subsidios generalizados a la patronal y, por esa vía, eliminar un conjunto de beneficios, bien misérrimos, que hoy reciben los trabajadores.

Claro está que el gobierno no está en condiciones políticas de emprender semejante tarea. Esta contradicción provocará una crisis política y el desplazamiento de Machinea y Terragno; Lombardo (Salud) será despedido porque quiere limitar las pretensiones de las prepagas en la privatización de las obras sociales. De este modo, se buscaría provocar un realineamiento de fuerzas capaz de emprender un nuevo ataque a los trabajadrores, docentes y estudiantes.

Sin embargo aun procediendo a cambios políticos, la política del “ajuste” está muerta, no puede darle nueva vida a la convertibilidad, o sea volver a atraer el ingreso de capitales. Debido al elevado nivel de endeudamiento, a los precios internacionales deprimidos, a la falta de empresas públicas a privatizar, la “luna de miel” del capital internacional con la convertibilidad concluyó hace rato.

No obstante, el temor a las consecuencias de una devaluación en Argentina mantiene dividido tanto al imperialismo como a la burguesía nacional. La crisis ha partido en dos a la Unión Industrial. “Los sectores que pensarían abrirse de la UIA serían petroleros, plásticos y petroquímicos” (Clarín, 16/6).

La mayoría de los patrones industriales, capitaneados por el frente devaluacionista de Techint y Fiat, logró que la UIA se pronunciara a favor de aumentar los aportes patronales de los bancos, empresas privatizadas y supermercados, y de que el gobierno adopte un conjunto de medidas “proteccionistas”. La división también alcanza a las automotrices. Para el ‘patrón’ de General Motors, el paquete impositivo de enero y el reciente ajuste del Estado afectan el corto plazo, pero van a dar sus frutos dentro de algunos meses. Pero para el “mandamás” de Fiat, De la Rúa deberá imitar a De la Sota y bajar los impuestos “para que se consuma y se recaude más” (Clarín, 16/6).

Los choques en la burguesía traducen la completa impasse en la que se encuentra la clase dominante. La burocracia sindical, tanto la de Moyano como la de Daer, se ha alineado con el ala devaluacionista y con la Iglesia, aunque ésta también está claramente escindida, lo que se expresa abiertamente en el reclamo del “diálogo social”.

La lucha de clases ha ingresado en una nueva etapa, motorizada por el derrumbe económico, el rápido agotamiento del gobierno centroizquierdista y el impulso a la lucha que se manifiesta en todas las capas oprimidas.