Después de un verano donde los cortes de luz fueron la regla, la recaudación de Edesur se va a incrementar en un 260% gracias a los nuevos tarifazos que entran en vigencia en abril y junio. El gobierno, que tuvo que intervenir la empresa ante la presión por el sin fin de reclamos de los usuarios sin suministro, autoriza nuevos aumentos en el servicio.

El valor agregado de distribución (el componente de la boleta que cobran las distribuidoras Edesur y Edenor) se incrementará 108% en abril y 74% en junio en el área metropolitana, lo que acumulado implica una recomposición para las empresas de 261%. En el total de la factura, los consumidores residenciales definidos como de ingresos medios (entre $177.000 y $619.000 por hogar) tendrán en el trimestre un aumento sumado de 68%, los de ingresos bajos del 43% y el segmento más alto de 114%.

Queda claro entonces que la intervención no es más que una respuesta demagógica que no va a resolver el reclamo de los usuarios sino a ocultar que el Frente de Todos ha sido cómplice del vaciamiento del servicio de distribución eléctrica, dando luz verde a la desinversión, la falta de mantenimiento y la precarización laboral, mientras les condona deudas multimillonarias (que acumulan por el impago de la energía que reciben de Cammesa). Es decir, le pasan la factura a las víctimas, mientras sigue la desinversión por parte de las privatizadas.

De hecho, la huelga de inversiones se expresa en toda la cadena energética. Es lo que vemos en la falta de mantenimiento de las generadoras eléctricas, que también ocasionó perjuicios durante el verano por haber dejado fuera de operación hasta un 40% de la capacidad de generación, pero en este caso el Ejecutivo busca revertir esto mediante la dolarización de una parte del precio que el Estado les paga por la energía. El componente de la boleta que comprende el precio base de la generación de electricidad es el que aumenta con la segmentación tarifaria para recortar los subsidios cargando el costo al grueso de la población.

A su vez, también otorgó un aumento de tarifas en el otro de los componentes de la factura, el que va a las transportadoras (líneas de media y alta tensión), a pesar de que el Enre había reconocido públicamente que las empresas del sector invirtieron solo una cuarta parte del monto que se comprometieron para 2022. Todos estos incrementos se van a agravar hacia adelante, porque el FMI apretó a Alberto Fernández, Cristina y Massa a que avancen más rápido en el ajuste a los subsidios energéticos.

La intervención administrativa a Edesur es en este contexto una pantomima. No solo que se está llevando adelante luego de todas las olas de calor, sino que no toca las operaciones para garantizar las inversiones necesarias para que no se repita la situación con los picos de demanda del invierno y tiene como marco contratos de concesión hechos a medida de las privatizadas, que promedia los cortes de luz sobre el total de usuarios y permite hasta 10 horas por semestre. Es decir que los tarifazos van a los bolsillos de las empresas que afectaron las condiciones de vida de miles de usuarios, que dejaron sin suministro a hospitales que lo necesitan para garantizar equipos y respiradores y perjudicaron incluso el servicio de agua de miles y miles de familias durante, en algunos casos, más de 15 días bajo temperaturas extremas.

Hay que terminar con esta política de tarifazos y vaciamiento. Para eso es necesario abrir los libros de Edesur al control de trabajadores y usuarios, para ver qué hizo con el dinero de los subsidios millonarios, cuáles han sido las inversiones y los movimientos de capital en estos casi 15 años, y determinar qué se necesita para remediar la situación en la que está el servicio. Esto vale para todo el sistema energético. La única salida de fondo es la nacionalización sin pago de las privatizadas vaciadoras bajo control de sus trabajadores.

https://prensaobrera.com/politicas/devaluacion-mas-tarifazos-y-restringir-el-derecho-a-jubilarse-las-exigencias-del-fmi