El gobierno yanqui y el argentino han pactado “encapsular” el escándalo de la valija, excluyendo de la causa cualquier elemento que afecte al kirchnerismo. Según el subsecretario para las Américas de Bush, Tom Shannon, “la relación bilateral es buena y debería continuar sin problemas”. El acuerdo exige “la eventual cooperación de la Argentina en las investigaciones en curso en Estados Unidos” y que “los funcionarios argentinos ayuden a esclarecer el caso y respondan a los pedidos” de Miami (La Nación, 29/1). En otras palabras, los Kirchner le sueltan la mano a Chávez y colaboran con la “operación basura de la CIA”.

El “halcón” Roger Noriega ya había fijado las condiciones en diciembre, cuando exigió que CFK entendiera que iban sólo contra Chávez, reconociera “la independencia de la Justicia norteamericana” y esperara a que ésta probara su inocencia (La Nación, 14/12/07). A los pocos días, Alberto Fernández dijo que la causa no competía al Ejecutivo, sino a la Justicia de ambos países, y el kirchnerismo adoptó silencio de radio. Como respuesta, Shannon destacó como “un entendimiento positivo” que Fernández reconociera que “había que dejar evolucionar el caso sólo en el seno del sistema judicial estadounidense”. Shannon insistió que la operación “no estaba dirigida a la Argentina” (Clarín, 13/1).

En sintonía, el fiscal Mulvihill ha eliminado de sus presentaciones los vocablos “Argentina” y “Cristina Kirchner”, aunque anunció que tiene “nueva información sobre altos funcionarios de Venezuela”.

Moisés Maiónica, el preso más comprometido por las grabaciones del FBI, que se declaró culpable y reconoció “haber conspirado para encubrir el origen y el destino de la valija de Antonini”, tampoco menciona al kirchnerismo. Abogado, banquero, proveedor del Estado y lobbista de intereses italianos en Caracas, Maiónica hizo negocios con el vicepresidente Jorge Rodríguez, desplazado este mes del gobierno chavista. Aunque también se lo vincula con Julio De Vido y su ex número dos, Claudio Uberti (Perfil, 26/1), la declaración de Maiónica se restringe a Caracas. Dijo que presionó a Antonini a pedido del vicepresidente Rodríguez y admitió que el tal Arvelo, con quien habla en una grabación, es el jefe de la inteligencia venezolana, Henry Rangel Silva. Dijo que la valija no era de Antonini sino de otro de los pasajeros: todas las fuentes apuntan a Daniel Uzcategui Specht, hijo del ex vicepresidente de PDVSA, Diego Uzcategui Matheus. O sea a PDVSA y a Chávez (La Nación, 26/1; Clarín, 27/1).

Los dichos de Maiónica se ajustan como un guante al “objetivo político del juicio”, que es “determinar cuál es el alcance del apoyo que Venezuela provee a los países de la región y/o el grado de corrupción de sus funcionarios” (Clarín, 27/1). El apriete excede, obviamente, al chavismo, al punto que la fiscalía deslizó “off de record” que ciertas grabaciones implican a funcionarios del consulado argentino en Miami, que se habrían reunido con Antonini. Curiosamente, el cónsul general Gregorio Dupont dejó su función “apenas estallado el escándalo”, y el cargo está vacante (Perfil, 27/1). Por otra parte, si otro procesado quisiera arrepentirse, “deberá presentarle al fiscal información que vaya más allá de la que posee Maiónica, quizá relacionada con el involucramiento del gobierno venezolano en otros asuntos”.

En Buenos Aires, la Justicia parece en línea con sus colegas norteamericanos: sigue sin tocar a ninguno de sus integrantes (no citó a Exequiel Espinosa, de Enarsa, ni a Claudio Uberti) pero convocó formalmente a Diego y a Daniel Uzcategui. Si no se presentan, deberían pedir la extradición a Caracas. Nada de lo suceda en la causa está fuera del control del gobierno: CFK firmó el pliego para que el juzgado, a cargo de una subrogante, sea ocupado por Daniel Petrone, un hombre “estrecha relación con el procurador general Esteban Righi” (Clarín, 28/1).