08/02/2001 | 696

La verdad sobre las inundaciones en Belgrano

Apenas una semana después de la catastrófica inundación del día 24 de enero, un chaparrón de media hora volvió a transformar en un río el centro de Belgrano, así como a diversas zonas del centro y norte de la ciudad. De este modo, se derrumbó brutalmente la tesis de Ibarra, que presentaba a la inundación como resultado de un «acontecimiento climático excepcional», cuya probabilidad de reincidencia era… «de 230 años» (Página/12, 28/1). Es claro que las inundaciones pusieron de manifiesto el derrumbe político y conceptual de la administración «progresista».


Depredación de la ciudad


Los inundaciones porteñas no responden a una impericia circunstancial, sino a causas sociales profundas. Los megaproyectos inmobiliarios de toda la zona norte de la ciudad han restado progresivamente los espacios verdes necesarios para el escurrimiento de los efluentes de lluvia. Un aspecto particular de ese proceso es la progresiva privatización de la costa porteña, obstruyendo la salida de los diversos canales de evacuación de las cuencas pluviales.


La privatización de Obras Sanitarias agravó todo este cuadro: mientras que la ex OSN realizaba la gestión integral de los conductos de agua, la privada Aguas Argentinas retuvo solamente los servicios de provisión de agua potable y cloacas, mientras que «la red pluvial, que consta de 780.000 metros de conductos y 20.500 sumideros, fue transferida a la órbita de la Municipalidad. La ciudad fue dividida en cuatro grandes sectores y se contrató a empresas privadas que se encargaron solamente de la limpieza de los sumideros» —es decir, no del mantenimiento y extensión de los aliviadores— (Prof. Silvia González, UBA, «La gestión de riesgo en las inundaciones»).


La «fractura» del sistema de conductos de agua condujo rápidamente al desquicio actual. En primer lugar, una parte crucial de ese sistema pasó a ser un coto privado, es decir, un secreto de Aguas Argentinas. Respondiendo a una requisitoria de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno de la Ciudad señalaba, en febrero pasado, que «no existe un plano con todas las redes (de agua) superpuestas. Las empresas prestatarias de los servicios públicos tienen los planos de las redes que son de su responsabilidad». Este dislocamiento se agrava por la existencia de conexiones clandestinas entre las cloacas y las redes pluviales. Para el concesionario Aguas Argentinas estas conexiones son un factor de «reducción de costos», ya que le permiten eliminar residuos cloacales sin tener que realizar los tendidos complementarios necesarios. Esta explotación «privada» de la red pluvial «estatal» explica por qué, en Belgrano, los desbordes del arroyo Vega están acompañados de olores fétidos. Con estas «obstrucciones», y sin el mantenimiento adecuado, la red de aliviadores pluviales ingresó en un deterioro imparable.


Otra confiscación en puerta


Existen evidencias de que el gobierno «progre» de Ibarra dejó «pudrir» aún más esta situación en estos seis meses de gestión. El ingeniero Clause, ex secretario de Obras Públicas del gobierno anterior, caracterizó que «el problema tiene que ver con la limpieza de las calles (..), la limpieza de las cañerías, que están sucias». En relación a ello, un técnico del Gobierno denunció que «el contrato con el concesionario de limpieza (de los sumideros) es por una cantidad de veces que limpia (…) En el segundo semestre del año pasado, para ahorrar plata, se redujeron los adicionales en la limpieza de los sumideros» (Página/12, 26/1). Precisamente, en el área de Obras Públicas se registró una «subejecución» (dinero no gastado) presupuestaria de 28 millones de pesos durante el año 2000. En el presupuesto 2001, el plan plurianual de obras para la ciudad fue reducido de 3.500 a 1.800 millones de pesos, lo que representa para el año en curso una caída de 1.000 a 770 millones. Los legisladores de Cavallo y Beliz *que ahora lamentan la «falta de presupuesto para obras»— saludaron este brutal recorte como «un baño de realismo» (intervención de Miguel Doy en la sesión informativa del presupuesto de obras públicas).


A este panorama se suma, finalmente, la propia interrupción de la obra de canalización del arroyo Vega, que afecta directamente al barrio de Belgrano.


La contrapartida de esta caída en la inversión pública es el anuncio de un préstamo de 250 millones de dólares del Banco Mundial, dirigido precisamente a la realización del «Plan Hidráulico». Para obtener este préstamo, el Gobierno de la Ciudad ha encargado una costosa «consultoría» de 3,5 millones de dólares; ello a pesar de que el secretario de Obras Públicas acaba de exhibir un «plan» ya confeccionado… Pero, inclusive, para la adjudicación de este estudio «esperamos *dice Fatala* la aprobación del Banco Mundial» (Página/12, 28/12). El Banco Mundial decide quién realizará el plan, quiénes serán los contratistas privados que lo ejecutarán, y aún más: sin que se conozca todavía el «plan de obra» *que debería ser establecido por la «consultora»—, el Banco Mundial ya ha determinado su costo, que será de 250 millones de dólares…


Como los menemistas, el frepasismo porteño ha dejado pudrir el subsuelo de la ciudad para facilitar una política de endeudamiento y privatización. En este caso, se trata de la entrega de la red pluvial al Banco Mundial, cuya «remodelación» pagaremos, con seguridad, a través de un tarifazo en las tasas municipales.


Pero este costoso «plan» tampoco constituirá una salida: como lo demostró la obra del arroyo Vega, un verdadero plan de conjunto para el subsuelo de la ciudad es incompatible con los intereses de los diferentes monopolios privados (ver recuadro). La salida no es «hídrica», sino política: hay que renacionalizar el sistema de aguas y trazar un plan único de provisión de agua potable, cloacas y aliviadores bajo control de los trabajadores y usuarios.

 

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