En medio de los ataques del gobierno al movimiento piquetero y al Partido Obrero, en medio de páginas enteras pidiendo la represión a los piquetes en nombre del “ordenamiento público”, el “tránsito” y “la ley”, un pequeño párrafo de un editorialista de La Nación deschava la verdadera razón de semejante histeria colectiva.

Al explicar por qué “el gobierno debe rechazar” el reclamo de universalización y elevación del monto de los planes de 150 a 350 pesos, el columnista revela que “para empezar, hay en la Argentina unos dos millones de trabajadores en negro que reciben menos de 200 pesos por mes y que en algunos casos trabajan más de ocho horas diarias” (19/8). La conclusión es simple. El subsidio universal de 350 pesos “interferiría” en esa gigantesca operación de superexplotación obrera, que abarca al quince por ciento de la fuerza laboral activa. Los defensores de la ley, los que reclaman a los gritos “la presencia de fiscales y jueces” en los piquetes, no hacen más que defender la apropiación —ilegal, en negro— de las energías laborales de dos millones de argentinos.

El columnista de La Nación no dice que otro treinta por ciento de los trabajadores ganan menos de 500 pesos, es decir que perciben menos del 30% de los recursos necesarios para recomponer su fuerza de trabajo, por lo que también deben trabajar más de ocho horas para vivir.

El programa y el vigor del movimiento piquetero —expresados en el acampe de la semana pasada— se levantan, precisamente, contra el empobrecimiento y la miseria social que sostienen a la “recuperación” de Lavagna y Kirchner, que sólo ha “recuperado” y enriquecido a los grandes monopolios industriales y exportadores.

El acampe puso a la orden del día ese pliego, el del salario mínimo de 1.800 pesos y el subsidio universal de 350 pesos, que golpea en el espinazo del operativo de confiscación social que comanda el gobierno. Por eso, Lilita Carrió dejó por un momento sus críticas a Kirchner para adherir al “imperio de la ley y el orden”, es decir, reclamar el fin de los piquetes. Para Carrió, el “costado social” debe limitarse a una ayuda misérrima para niños o ancianos, pero no interferir en el “contrato inmoral” que mantiene a la mayoría de la clase obrera trabajando por debajo de la línea de pobreza, con salarios en negro o con jornadas laborales extenuantes.

El acampe desenmascaró la “ilegalidad” del gobierno y de los candidatos del hambre, de cara a los intereses de la mayoría trabajadora.