El levantamiento popular de Tartagal, Mosconi, Aguaray y Cornejo (todas poblaciones del departamento de San Martín) está motorizado por los sectores más explotados, los que constituyen la amplia mayoría de la población, esencialmente la enorme masa de desocupados, que en ciertas zonas llegan al 65%; por los sectores aborígenes, que en algunas localidades, como Cornejo, son mayoría; por la docencia y los trabajadores públicos, que ganan salarios supermiserables y están sufriendo permanentes‘ajustes’.

También se ha sumado una inmensa masa de jóvenes (estudiantes, desocupados). Esta masiva reacción popular también ha arrastrado a los sectores profesionales y el comercio, incluido el Centro Empresario de la zona. Como ocurrió en Neuquén, aquí también se procedió al corte de rutas, a la paralización de los principales centros capitalistas (se ha paralizado la circulación de la producción petrolera, y está a punto de paralizarse el funcionamiento de la destilería de Campo Durán); se ha votado el paro indefinido de la docencia.

Todo el levantamiento ha seguido como algo natural a la Asamblea Popular, algo que ya venía de la experiencia de lucha contra la privatización de YPF. La Asamblea funciona diariamente (en algunos casos con más de 5.000 personas); se ha elegido una dirección (comisión de vecinos de 16 miembros) que tiene que rendir cuentas de cualquier negociación a la Asamblea Popular. Se ha votado un programa que es representativo de todos los sectores, que se ha ido ampliando a lo largo de los días y donde aparecen reivindicaciones vitales para las masas de la región: subsidio al desocupado de 400 pesos o 5.000 puestos laborables estables (no al plan ‘Trabajar’), y otras que abarcan a todos los sectores, que incluyeron a último momento numerosos reclamos de sectores patronales en crisis de la zona, que están buscando explotar toda esta rebelión para sacar tajada.

Hasta el momento se han logrado abortar todas las maniobras del gobierno provincial (se ha desconocido al primer mediador). Se han frenado en gran medida diversas maniobras de sectores burocráticos, del Centro Empresario o de sectores vinculados al PJ, de impedir que exista la Asamblea Popular, luego que hubiera una dirección reconocida (pretendían que la representación estuviera en manos de una concejala del Frepaso y un periodista, que antes del levantamiento había iniciado una huelga de hambre), o la pretensión de reemplazar el reclamo del subsidio por los puestos del Plan ‘Trabajar’.

Esta lucha ha puesto al desnudo el abismo completo entre los reclamos elementales de la mayoría de la población, en medio de las fabulosas ganancias de las petroleras, y las miserables propuestas del gobierno provincial o del gobierno nacional.

Con este cuadro, ¿cómo avanzar para lograr la victoria de los reclamos? Es necesario extender la lucha y el corte a todos los pueblos y la elección de comisiones de vecinos responsables y revocables por las asambleas.

Esta misma noche del martes 13, se procedería a cortar la ruta que pasa por Embarcación; para el miércoles se cortaría la ruta que pasa por Güemes; en la zona de Orán se han organizado asambleas para sumarse a la lucha.

Los sectores combativos del movimiento obrero y de la juventud y la izquierda, del resto de la provincia y del país, tienen que convocar a una campaña solidaria de actos, colectas y agitación, y por el paro general.

Es necesario que los sectores más combativos coordinen su accionar, para impedir el accionar coordinado de los sectores conciliadores, propatronales, que en forma sistemática están trabajando para que el movimiento de lucha se levante sin que se hayan resuelto los reclamos fundamentales de los desocupados, del sector educativo y de la salud pública, y de los aborígenes.

Antecedentes

Hace dos meses, un apagón masivo, seguido de una Asamblea Popular, multitudinaria, fue la respuesta ante un corte de más de 24 horas. Los cortes de luz son muy frecuentes en una zona de gran producción de gas y petróleo, la energía eléctrica se recibe desde el sur, la ruta también se corta durante el verano a veces por varios días.

Comenzó luego a funcionar una “Comisión de Vecinos” que empieza a ser el canal de todos los reclamos.

En la docencia comienza a desarrollarse el movimiento de los autoconvocados, como respuesta al cierre de cursos y otras reivindicaciones.

Mil personas manifestaron por Teresa Rodríguez. El paro en las escuelas de Tartagal es total.

Se envía un documento con las reivindicaciones a Corach, con un plazo de 15 días. Corach suspende un viaje que tenía previsto a la zona.

El 1º de Mayo, varios sindicatos, junto al Frente de los Trabajadores, apuntalaron la convocatoria para el miércoles 7 a una Asamblea Popular.

La asamblea del 7 reúne a 2.000 personas y lanza el plan de lucha (dos días antes había comenzado una huelga de hambre). El intendente no puede hablar y es repudiado por la asamblea. Se corta la ruta en tres puntos.

Jueves y viernes se suceden multitudinarias asambleas populares, paran las escuelas y los hospitales, cierra el comercio.

Sábado, la asamblea rechaza una oferta del gobierno, que se gana el repudio generalizado, porque volantea sobre la ruta la oferta, que consiste apenas en algunos planes‘trabajar’, obras públicas que ya estaban previstas en su mayoría y un seguro de desempleo con condiciones a las que casi nadie puede acceder.

La docencia exige la suspensión de la aplicación de la ley en el departamento, hasta su derogación definitiva.

La Asamblea Popular de la tarde reúne no menos de 5.000 personas.

En la localidad de Aguaray, al norte, se decide cortar la ruta.

Se vota la organización de un fondo de huelga.

Domingo. Una asamblea de la docencia de Tartagal, Mosconi y Aguaray decide continuar con el paro, exigir a la ADP y a la CTERA la convocatoria a un paro provincial y nacional en solidaridad. Ambos responden ese día con comunicados de “apoyo moral”… Se impulsan comisiones, que en la tarde concretan asambleas docentes, que visitan Aguaray y Pocitos. En esta última ciudad, en la frontera con Bolivia, se decide parar y cortar la ruta a partir de ese momento.

La asamblea general vota un petitorio cuyo punto central es la exigencia de 5.000 subsidios a los desocupados hasta tanto consigan trabajo, y 5.000 puestos de trabajo.