Un día antes del masivo paro de 48 horas que protagonizó la docencia en la provincia de Buenos Aires, como respuesta la burocracia Celeste de Baradel en Suteba anunció un "acuerdo paritario" provincial con el gobierno sobre erradicación, resguardo y reparación frente a las situaciones de violencia, las cuales se extienden cada vez más en las escuelas y sufrimos lxs docentes. El intento de tratar de desactivar este paro en el nivel inicial o en aquellos distritos que se vienen organizando frente las situaciones de violencia fue un fracaso rotundo, y por el contrario el paro del 17 y 18 de mayo volvió a ser masivo superando cualquier intento de contención de la burocracia y el gobierno.

El texto que circula rabiosamente la burocracia Celeste de Suteba y el FUDB sobre “sobre prevención, erradicación, resguardo, y reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores y trabajadoras docentes“ no cuenta con ninguna firma ministerial; mientras, se siguen sumando nuevas denuncias, linchamientos físicos y mediáticos del que son objeto lxs docentes. Este miércoles sucedió una situación de violencia hacia un jardín de infantes en Lomas de Zamora, lo mismo que unas semanas antes en escuelas de La Matanza y José C. Paz. La falta de firma pone en duda si este word es realmente el texto definitivo de acuerdo paritario, si hay una resolución oficial, incluso si esa es la letra chica final o no.

El word no presenta demasiadas variaciones y modificaciones en relación a la resolución 2672 sobre resguardo y reparación frente a las escuelas y la docencia, del 2015, y la guía de orientación en situaciones conflictivas, del año 2012. En realidad, salvo alguna especificación muy puntual, se repiten formulaciones que ya estaban enunciadas.

Este “acuerdo”, lejos de ser un avance concreto con medidas para erradicar, prevenir, resguardar a la docencia y a las escuelas sobre los hechos de violencia, de las falsas denuncias, más bien es una cobertura para cumplimentar con el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno suscribió y que plantea un rechazo a la violencia y acoso en el ámbito del trabajo, pero sin tratamientos efectivos.

No queda duda que los reclamos, movilizaciones, paros y demás acciones (principalmente del nivel inicial) pusieron en evidencia que el gobierno firma convenios que no aplica, e incluso mantiene esa postura en declaraciones de funcionarias de la DGCyE en Página 12 (24/5), minimizando las situaciones de violencia en las escuelas hacia lxs docentes.

El “acuerdo paritario” (sin firma) que la burocracia acuerda a espaldas de la deliberación de la docencia enuncia una cantidad de artículos que no tienen explicación concreta de cómo se van a llevar adelante.

Un "acuerdo" que ya es papel mojado

Vayamos por partes, tomando dos artículos centrales.

El artículo 5  plantea “acciones de prevención, resguardo… contra la violencia” pero sin precisar cuáles serían ni qué medidas van a tomar desde la Dirección General de Cultura y Educación para prevenir estas acciones de violencia en las escuelas. ¿Van a construir las escuelas que faltan para que no haya hacinamiento en las aulas? ¿Van a crear y nombrar los cargos faltantes? ¿Van a resolver el ajuste social en los barrios dónde falta atención a la infancia, las niñeces y la adolescencia, mientras aumenta la pobreza, el hambre y desocupación? ¿Van eliminar toda la presión social que recae en las escuelas? Nada de esto se puede leer ni en el word.

Conscientes de que no van a tomar ninguna medida concreta para prevenir, resguardar y erradicar la violencia hacia las escuelas y la docencia, en el punto A y B del artículo 5 se dice: “de no resultar suficiente las medidas preventivas y de configurar hechos de violencia y de acoso, se trabajara en garantizar vías fáciles de acceso para efectivizar las denuncias”. Todo muy ambiguo y más engorroso. ¿Quiénes serían las víctimas de las denuncias y quiénes los denunciantes? ¿A quién se debe proteger? ¿Hablamos de las infancias que son víctimas de vulneración y abusos? ¿De docentes y equipos que elevan constantemente informes que hoy la DGCyE cajonea? ¿Hablamos de las denuncias que pueden hacer docentes o auxiliares víctimas de violencia? La imprecisión y mezcla de estas situaciones incrementan un cuadro explosivo de abusos y vulneraciones de todo tipo. Incluso, la identidad secreta de los denunciantes se deja librada mientras la investigación lo permita, es decir no existe resguardo.

En el artículo 6 inciso A plantea que “la DGCyE promoverá la conformación y funcionamiento regular de un ámbito interministerial para el abordaje integral de las situaciones de conflicto y violencias en las escuelas” esto es una continuidad de las comisiones mixtas de higiene y seguridad, que en algunos distritos existen por la resolución anterior pero no se han puesto en marcha, son completamente inocuos y no son resolutivos. Decir que la “DGCyE arbitrará” cuando hoy tenemos instituciones que están siendo violentadas físicamente y un linchamiento a docentes es una burla y una irresponsabilidad frente a los hechos de violencia.

El inciso B de ese mismo artículo indica que “propiciará espacio de revinculaciones… con la escuela”, volviendo a colocar una suerte de responsabilidad en la escuela sobre la vinculación o no. Al final de este inciso coloca el punto sobre la defensa legal a docentes y auxiliares, el mismo dice que “ofrecerán a los trabajadores y las trabajadoras información y orientación jurídica a través de los correspondientes delegados y delegadas de legal y técnica de cada región educativa”, es decir que desconoce que sea un tema laboral mientras el docente es acusado en el desarrollo de su desempeño, lo coloca en el terreno de lo privado. No propone ninguna claridad de cuáles son sus alcances prácticos y cómo realmente va a servir para proteger al docente. No existe ningún tipo de defensa legal. Este aspecto fue defendido por funcionarios cuando se lo plantearon las docentes de inicial en la ocupación de DGCyE de semanas atrás. El Estado, en tanto patronal, tiene responsabilidad de las denuncias que caen sobre las escuelas y trabajadorxs, el patrocinio y la defensa legal. Hablar de orientación e información es desligarse completamente de la defensa de lxs docentes violentadxs y denunciadxs falsamente.

Lo mismo ocurre en relación a la protección de la ART que es manejada por la patronal y que en el inciso D del artículo 6 dice “debiendo en este aspecto seguir los procesos de denuncia relativos a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo” vuelven a enunciar que la ART atenderá a docentes y auxiliares en los términos de la ART. Es lo que ya decía la resolución de reparación del 2015, pero que la aseguradora en general rechaza con el argumento de que en los casos que lxs docentes denuncian no hay una situación de consecuencias en base a violencia física concreta. Es decir nada concreto y ningún cambio manteniendo una revictimización de lxs docentes que sufren violencia.

No propone nada de medidas preventivas concretas en relación a poner en marcha o reforzar los servicios locales, nada concreto sobre nombramiento de cargos,  ninguna claridad y especificación por nivel o modalidad, siendo que existen diferencias entre uno y otro, como aspectos que ayuden a resolver situaciones.

Sobre el tema de los medios de comunicación, el desagravio público es con posterioridad. Es muy insidioso porque dice, en el supuesto de que trabajadores y trabajadoras docentes hubieran sido imputados y resultan absueltos y o la causa penal haya sido archivada y o  las investigaciones administrativas resultar en deslinde de responsabilidades, la DGCyE garantizará actos de reparación. Esto es muy confuso, porque deja en duda el desagravio si se cumplen varios requisitos, ejemplo: ¿qué pasa si la investigación administrativa dice que el docente no fue, pero la causa penal se mantiene abierta?, algo que ha pasado en tantos casos; ¿y si la causa penal sigue abierta pero la investigación administrativa dice que el compañere no es un victimario, se efectúa el desagravio? Se mezclan las instancias, no es para nada preciso.

En el último inciso, el G, con relación al accionar de la justicia dice “ante denuncias penales dirigidas a trabajadores de la educación y en caso de iniciarse una causa penal que las o los impute, la Dirección General deberá monitorear su desarrollo. En función de ello, y en los casos que la dirección de escuela entienda necesaria su participación en procesos penales, se deberá cursar comunicación a la Fiscalía de Estado en el marco de su competencia" ¿Qué quiere decir monitorear su desarrollo?  ¿Qué quiere decir entender que debe intervenir? ¿En qué casos va a intervenir en defensa de los padres, de docentes? ¿Cómo va a intervenir? Luego patean la pelota afuera indicando que “procuraran formación en ESI” mientras sigue sin haber formación en servicio y no se crean los recursos para su implementación.

No conforme con esto cierra con que van a “arbitrar las medidas necesarias en articulación con el Ministerio de Seguridad para que en los casos en los que deben intervenir las fuerzas policiales no interfieran en la actividad escolar”, es decir que se produce una situación que demanda que esté la policía, porque por ejemplo hay unas familias enardecidos que quieren linchar a todxs, ¡las fuerzas de seguridad van a intervenir de manera tal de que no se interfiera la actividad escolar! Lo mismo que las intervenciones de prevención, donde tienen que ir los inspectores, plantea que “si hay una situación de conflicto tienen que ir los jefes distritales y regionales, pero todo realizarse sin interferir y sin suspender la actividad escolar”; o sea que se sigue recargando la situación de violencia sobre la escuela, no permitiendo la suspensión de actividades escolares. Un ridículo y un desconocimiento de las situaciones que se están viviendo.

El único punto concreto es el C, donde dice que en relación al encuadre laboral de las trabajadoras y trabajadores, plantea que ante una situación que se considere que el docente está realmente en peligro, físico o psicológicamente, se dispondrá a evitar la exposición de los docentes y, por lo tanto, les van a dar otro destino transitorio sin importar la situación de revista (mientras no existe una causal de cese por cuestiones estatutarias). Este agregado es positivo porque no se basa en el estatuto del docente, que pone ciertos límites de acuerdo a situación de revista. Este punto debe ser aprobado por el jefe distrital y luego la dirección de modalidad o de nivel.

Por un verdadera política de resguardo, reparación y erradicación de la violencia en las escuelas y la docencia

Este "borrador" o "acuerdo" que promueve la burocracia del Suteba y el FUDB nada que tiene que ver con una preocupación o resolución real. La protección de las infancias y trabajadores de la educación son vulneradas sistemáticamente con total responsabilidad del Estado.

La presión social que viven las escuelas no es más ni menos que el resultado directo del ajuste que ataca a todos lxs trabajadores; salarios de pobreza e indigencia, 60% de las infancias en la pobreza, falta de establecimientos educativos, de cobertura de salud, falta de vivienda.

El resguardo de trabajadores e infancias nacerá como resultado de un proceso de lucha, de las autoconvocatorias, de las movilizaciones y de paros docentes como promueve la docencia organizada en la Multicolor, que toma definiciones de lucha opuestas por el vértice a las de la dirección Celeste.

Para una verdadera política de reparación, resguardo y erradicación de la violencia sobre las escuelas y la docencia, es necesario triplicar el presupuesto en educación. Más profesionales en los equipos de orientación, nombramientos, construcción de dependencias. Creación de todos los cargos faltantes. Construcción de escuelas. Triplicación del presupuesto nacional, provincial y de las municipalidades para la promoción y protección de las niñeces y adolescencias. Apertura de servicios locales, más cargos y recursos para los servicios zonales. Más departamentales de justicia de familia, con los cargos y especialistas necesarios. Construcción de casas de abrigo. Aplicación real y efectiva de la ESI. Mesas distritales con autoridades escolares, sindicatos y docentes de inicial para abordar los casos y llevar a la práctica el resguardo desde la primera hora. Implementación inmediata de los acuerdos paritario de resguardo y reparación, pero introduciendo los reclamos de la docencia que no se han contemplado. Financiamiento de abogados penales por parte de DGCyE, en su defecto, por parte del sindicato.

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