Ayer, sábado 4, a Jorge Lanata sólo le faltó citar a la comunista Rosa Luxemburgo: la libertad es para el que no piensa como yo. Así habría logrado poner a la revolucionaria polaca del lado de Gómez Centurión. Pero el objetivo de Lanata no es defender la libertad.

Es que la técnica discursiva de Lanata se caracteriza por el enredo. Lo que se ha puesto en discusión no es lo que piensa o dice que piensa el carapintada defensor de la dictadura genocida. En primer lugar porque las opiniones de este carapintada valen tan poco, como lo demuestra que se encuentre integrando un gobierno constitucional luego de haber levantado en armas a un parte del ejército contra un gobierno con esos mismos títulos. Ocurre que Gómez Centurión no es un ‘private citizen’ sino integrante de un gobierno. Exigir que se retracte revela la duplicidad o confusión de quien se lo reclama, porque esto sólo lo podría hacer como un acto de hipocresía. Lo que corresponde es que el gobierno lo eche, de lo contrario se convierte en políticamente solidario o cómplice de la línea política de Gómez Centurión. Todo el país sabe que eso es así, que los descendientes políticos de Alsogaray y de la Ucedé coinciden con Gómez Centurión, pero que se inhiben de decirlo por el temor al repudio de la ciudadanía. ¿No lo demostró, acaso, el intento de correr el 24 de Marzo a un fin de semana turístico?

Si no hubo un plan sistemático de tortura y aniquilamiento de ciudadanos argentinos y residentes en Argentina, como alega Gómez, Videla y sus secuaces se habrían limitado a cumplir con el mandato que le confiere la Constitución a las FFAA de proteger el sistema político vigente mediante medidas excepcionales. El linaje político del macrismo y de la mayoría de los partidos tradicionales quedaría salvado. El juramento de Zaffaroni por el Estatuto de la dictadura, por ejemplo, habría sido legítimo. De hecho, la vigencia de la legislación dictada por el régimen militar es una muestra de los hilos de continuidad de la democracia actual con la dictadura. Gómez Centurión, en calidad de integrante del gobierno de Macri-Cambiemos, está justificando una actuación similar en alguna circunstancia futura. En lugar de denunciar todo esto, Lanata (que cigarrillo y puteadas mediante busca figurar como transgresor) se ha alineado con el conformismo más mediocre.

Como ya ocurrió con su impugnación al “periodismo militante”, Lanata usa al kirchnerismo como el pretexto para sus dislates, cuando sabe que el liderazgo kirchnerista nunca luchó contra la dictadura, que muchos de sus dirigentes vienen de la Ucedé, que formó parte del gobierno del indulto a los militares genocidas hasta el día final (Menem), y que al final se jugó por Milani. Así como desnaturalizó el concepto de ‘periodismo militante’, evitando toda referencia a periodistas militantes reales y auténticos, como Mariano Moreno, Sarmiento, incluso Mitre, José Martí, José Carlos Mariátegui, o Luis Franco y Rodolfo Walsh, ahora se lanza a defender el derecho de Gómez a opinar (como si no integrara un gobierno), como un vulgar pretexto para seguir su lucha faccional contra el círculo K.

Para Lanata (y muchísimos más), el desarrollo de un genocidio en Argentina no estaría avalado por los números (versión Lopérfido), ni tampoco habría afectado a un grupo homogéneo (raza, grupo nacional o religioso, población urbana en Cambodia). No existió, punto. Esto significa que, después de varias vueltas, Lanata termina coincidiendo con Gómez – porque si no hubo un objetivo social definido, no hubiera podido haber habido un “plan de aniquilamiento o destrucción”. Para Lanata, la lógica es invisible a los ojos. Ese plan, sin embargo, no solamente existió, sino vino siendo elaborado por los estados mayores desde el golpe ‘libertador’, pasando por Onganía. Era un plan político a ser ejecutado por vía militar: la fundación de una 2° República, mediante la eliminación de los sectores activos de la clase obrera y de la juventud, que constituyen el 85% de los desaparecidos (uno de los primeros fue Felipe Vallese, mi compañero de la secundaria, hasta tercero). El gobierno Perón-Perón-Lopecito-Osinde pensó, por un momento, que podía ejecutarlo por una vía paramilitar (triple A). Pavimentó, de este modo, el camino del golpe genocida.

Lanata descalifica a todo el movimiento de luchadores obreros y de la juventud, con el mote ‘juventud maravillosa’ que le había estampado Perón con el objetivo obvio de desvirtuar su carácter social (no la iba a llamar “joven guardia” o “guardia roja”). Con esta adulteración, los luchadores populares dejaban de ser el producto de las contradicciones y antagonismos cada vez más agudos de la sociedad argentina y el esfuerzo consciente por superarlos, y se convertían en una construcción demagógica armada por el peronismo.

Sobre la base de esta manipulación, los advenedizos como Firmenich, Verbitsky y otros, se subieron (incluso con apoyo de sectores de la jerarquía de las fuerzas armadas) al operativo de desviar el movimiento que nació en el Cordobazo hacia la política del “retorno de Perón”. Los detractores de la lucha popular presentan a esta ‘juventud maravillosa’ como eufemismo de una fuerza de choque mimada por sus jefes, que se opone a la ‘democracia’. Lanata ‘olvida’, entonces, que ella fue plebiscitada ¡en las urnas! (esa caja que endiosan ahora los demócratas tardíos) el 11 de marzo de 1973 –un plebiscito que fue enseguida desconocido y desbaratado por el retorno de Perón y los sucesivos golpes de estado en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, etc., en primer lugar, y la convocatoria de un nuevo plebiscito, en septiembre de 1973, en un marco de violencia política creado, principalmente, por el gobierno de los golpistas, en segundo lugar. O sea violencia desde el poder. Bajo la rúbrica de ‘gobierno constitucional’, que luego decretaría la “aniquilación de la subversión”, desde junio de 1973 hasta marzo de 1976 hubo un gobierno ‘constitucional’ golpista o nacido de un golpe, que luego nombró a Videla comandante en jefe de las FFAA –en agosto de 1975.

La defensa del derecho de ‘opinión’ para un carapintada convertido en funcionario político es un pretexto para no reclamar su expulsión del gobierno. La impugnación del genocidio avala que no hubo el “plan sistemático”, con lo que los defensores del derecho de opinión acaban coincidiendo con el opinante. Todo este nuevo intento de banalizar a la dictadura genocida responde a la necesidad de los ‘demócratas’ y todos sus partidos de absolver sus responsabilidades en el establecimiento de la dictadura militar. Después de todo: ¿no son legión los burócratas sindicales que formaron parte de grupos de tareas y colaboraron con la dictadura; los ‘empresarios’ que reclamaron a gritos el golpe genocida y luego lucraron como nunca con el gobierno militar y entregaron a los delegados de sus empresas a los asesinos; de los medios de comunicación que encubrieron los crímenes; de los ‘progres’ y no progres que se ofrecieron como jueces; de los políticos que sirvieron como intendentes, y de aquellos que después se aliaron con ellos en las elecciones ulteriores? Después de todo: ¿el régimen constitucional actual no representa la continuidad jurídica del Estado dejado por Bignone y Nicolaides, con su deuda externa –sea estatal o estatizada, que sirvió para el asalto a los cofres públicos por parte de la burguesía nacional?

Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Lanata ha hecho todo lo contrario de lo que dice el título de su artículo en Clarín: “Pensar la historia”.

Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/692038460977018 el 5 de febrero de 2017.