Es lo que
declaró Enrique Piñeyro, ex piloto de Lapa y cineasta, sobre el fallo que dejó
en libertad a todos los responsables de la catástrofe del vuelo 3142 de esa
empresa, que se estrelló en la noche del 31 de agosto de 1999 frente a Puerto
Carrasco por no haber podido despegar en el Aeroparque Jorge Newbery. Depende de
quién sea el que mata, habría que añadir.

El
fallo del Tribunal Oral Federal 4 hizo mucho más que liberar a una banda de
empresarios y un par de oficiales de la Fuerza Aérea. El
fallo intenta asegurar impunidad a un rubro, el del transporte aerocomercial, hundido
en una crisis profunda y metido en un sumidero de negociados y privatizaciones
fraudulentas.

La
decisión también apunta, en este caso, a encubrir la participación orgánica de la Fuerza Aérea en ese
intercambio tétrico que consiste en bajar costos por medio del sabotaje
permanente a la seguridad de los vuelos. Y, por supuesto, los jueces
protegieron, aun a costas de un escándalo, al Estado argentino, cómplice y
partícipe de esos crímenes.

Piñeyro
había renunciado a su puesto de comandante en Lapa dos meses antes del desastre,
después de advertirle al dueño de la empresa, Gustavo Deutsch, que una
catástrofe con un avión de Lapa era inevitable dadas las condiciones en que se
volaba. Pues bien: Deutsch fue absuelto de culpa y cargo, al igual que el
entonces vicepresidente de la compañía, Ronald Boyd, y otros ex ejecutivos. También
fueron absueltos los dos oficiales de la Fuerza Aérea
encargados de supervisar el vuelo.

En verdad, el juicio en sí mismo era
una forma perversa de encubrimiento, aunque el fallo hubiese sido otro. Bastante
antes de que ese avión se incendiara, se habían denunciado en los registros de
vuelo las fallas decisivas que presentaba la nave, pero la Fuerza Aérea y todos
los organismos de control permitieron que continuara en servicio. Se trataba de
salvar por ese medio a una empresa que bordeaba la quiebra y preparaba un
negociado con su venta y/o fusión con otra compañía.

Los
organismos de control y la burocracia de los sindicatos aeronáuticos también
hicieron la vista gorda con el régimen de superexplotación al que se encontraba
sometido el personal de Lapa. El piloto del vuelo 3142, Gustavo Weigel, tenía
postergadas sus vacaciones desde hacía dos meses y trabajaba con una sobrecarga
horaria insoportable. Además, su foja indicaba que no estaba en condiciones de
comandar un avión, sin que la
Fuerza Aérea ni los sindicatos dijeran ni mu.

Ahora,
toda esa asociación criminal se completa con este fallo del "partido
judicial".

Se viene
Austral

El fallo de Lapa
anticipa la impunidad anunciada de los responsables de la muerte de 74 personas
el 10 de octubre de 1997, cuando un avión de Austral se estrelló cerca de la
ciudad uruguaya de Fray Bentos. Después de más de doce años, ese caso, con 27
procesados, ni siquiera ha ido a juicio oral, el que está en veremos.

El
abogado de los querellantes, Norberto Caputo, recordó que la Sala I de la Cámara de Casación Penal
lleva dos años sin dar dictamen acerca de la apelación de los procesamientos
presentada por los acusados, lo cual tiene todo el asunto paralizado. "Además
-dice Caputo- debe resolver si unifica este expediente con otro sobre la
presunta compra irregular por parte de Austral de aviones de descarte a Iberia (...)
Hay intereses para que el caso Austral no llegue a juicio oral, para que no se
ventile la corrupción que habría existido en el proceso de privatización"
(Clarín, 4/2). Véase qué clase de pudriciones oculta el encubrimiento judicial
a estas catástrofes aéreas.

Hay
otro antecedente, también de Austral. En 1995, una azafata, Lilian Almada, cayó
desde un avión que volaba a 4 mil metros de altura cuando intentó cerrar una
puerta que se había abierto en pleno vuelo por las malas condiciones del
aparato. En el juicio por ese hecho, en 2001, los ejecutivos de la compañía
fueron absueltos y sólo se condenó a penas en suspenso a un gerente de
mantenimiento y a un mecánico.