Larreta salió a criticar la firma del pacto fiscal entre Alberto Fernández y gobernadores de 23 provincias que habilita la suba de impuestos, por ejemplo en las alícuotas de ingresos brutos. Sin embargo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracteriza por tener un régimen impositivo totalmente regresivo hacia la población trabajadora de la ciudad.

En primer lugar, el ABL (que incluye en su composición el impuesto inmobiliario) es pagado indistintamente, ya sea que se posea una vivienda única o se tenga múltiples propiedades, como caracteriza a los especuladores inmobiliarios que crecen gracias a la política oficialista. De hecho, esta se actualiza por inflación, cosa que no ocurre con los salarios de los trabajadores que viven en CABA; ni siquiera de aquellos que dependen del gobierno de la Ciudad.

Por otro lado, luego de la quita del punto de coparticipación a la Ciudad, el larretismo implementó, en “compensación”, un impuesto del 1,2% para los consumos de tarjeta de crédito. Se trata de un impuesto regresivo, ya que grava de igual forma al que utiliza la tarjeta para realizar consumos suntuarios como para el que tiene que financiar gastos corrientes (como puede ser el supermercado o la carnicería) a tasas altísimas.

A su vez, cuenta como forma de recaudación el impuesto a los ingresos brutos, que impactan en los precios de los productos, también en perjuicio de la población trabajadora, y las patentes siguen el valor de los autos que están dolarizados.

Adicionalmente a ello, en las últimas semanas promovió el aumento de algunas tarifas que se cobran en la ciudad, como el 30% a la bajada de bandera de los taxis (tercer aumento en lo que va del año). Además, prevé un alza del 45% en peajes y un 51% para la Verificación Técnica Vehicular para enero.

Desde el Partido Obrero rechazamos la impostura de Larreta, que cuenta con un régimen impositivo regresivo. Le oponemos un programa que parta de un salario mínimo igual a la canasta familiar y que se actualice por inflación, la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito, la implementación de un impuesto a la vivienda ociosa y a los especuladores inmobiliarios y la eliminación del impuesto a la vivienda única.

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