En Tucumán, el reclamo policial arrancó por un salario de 12.000 pesos y la reincorporación de varios policías exonerados en abril, cuando se produjo otro conflicto salarial. Ante la falta de respuestas, desde la propia policía se alentó lo que en horas se transformaría en un caos de saqueos y paralización completa de la provincia. Brigadas motorizadas de la policía recorrían zonas y obligaban a levantar guardias policiales en comercios, que quedaban así expuestos a los saqueos. Grupos motorizados de hasta 300 motos recorrieron diversas zonas, respaldadas con autos y camionetas, marcando un alto grado de organización. En varias localidades del interior, sin embargo, los saqueos fueron protagonizados por sectores empobrecidos de la población. El lunes se impuso el terror, y los vecinos se refugiaron en sus casas. A la noche hace su aparición Gendarmería, no para cuidar a los ciudadanos sino a la Casa de Gobierno.

El acuerdo y las barricadas

El lunes, se conoció un ofrecimiento del gobierno de un sueldo inicial de bolsillo de 8.500 pesos, que fue rechazado por una parte de los policías. Simultáneamente, otro ala aceptó levantar con 10.000 pesos iniciales. En esas circunstancias el gobierno denunció que la acción policial constituía un acto de extorsión. Mientras tanto, la población comenzó a levantar miles de barricadas. En diversos lugares, las bandas habían procedido a invadir y saquear viviendas y departamentos, además de los comercios. La auto-organización fue masiva. Con el sistema de barricadas y con todo el armamento casero imaginable, se creó un sistema de disuasión; la gente repudiaba por igual a los saqueadores y a la policía. Incluso en varios barrios hubo grandes enfrentamientos con la policía, de donde fue expulsada.

El arzobispo organizó una mediación. Hacia las 19 horas, se estaba firmando el decreto que lleva el salario de bolsillo a 8.700 y la reincorporación de los tres policías. En esas mismas horas en todo el microcentro estallaba en un cacerolazo. Un sector marchó a la plaza Independencia, donde se asoció con la marcha de los martes de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad, que encabeza Alberto Lebbos. En defensa del gobierno, la policía, que acababa de firmar el acuerdo, reprimió brutalmente la manifestación.

La crisis policial y la pueblada

El acuerdo fue firmado por los voceros del ala dura de la revuelta. El jefe y subjefe de policía, en desacuerdo con las reincorporaciones arrancadas, renunciaron. Fueron reemplazados por dos oficiales comprometidos por encubrimiento en la causa del crimen de Paulina Lebbos. El nuevo jefe está denunciado también por encubrimiento en otro crimen resonante, el caso Marchese, en el que está involucrado el hijo del actual ministro de Gobierno.

La población -inclusive sectores ultraK- repudió el festejo de CFK en Plaza de Mayo. Las noticias oficiales indicaban para esas horas cinco muertos, las extraoficiales indicaban varias decenas y más de un centenar de heridos de bala.

El miércoles, ya disipado el conflicto policial, la provincia siguió paralizada por las barricadas. En esas circunstancias, una convocatoria impulsada por las redes sociales reunió a más de 15.000 manifestantes. A diferencia de otras manifestaciones caceroleras, esta vez el gran protagonista fue la juventud, muchos de ellos participantes de la "primavera estudiantil" que sostuvo una toma de favor de un aumento salarial para los trabajadores.

La crisis no se ha cerrado

La revuelta policial y la pueblada hicieron estallar al gobierno de Alperovich, a partir de los lazos entre el aparato represivo de la provincia y las mafias capitalistas ligadas al gobierno. La crisis policial ha enancado al sector más sospechado en el crimen de Paulina. La repulsa popular a la policía es generalizada: los colectiveros decidieron no permitir que viajen gratis y en numerosos comercios han decidido no atenderlos. En estas circunstancias se tendría que decidir si la gendarmería se va o se queda, en una suerte de intervención federal. Mientras tres legisladores actúan ya como bloque massista, Susana Trimarco realizó denuncias incendiarias contra la justicia y contra el actual ministro de Gobierno.

En todo este escenario, la burocracia sindical se ha llamado a completo silencio. A pesar de ello, un conjunto de gremios estatales realizó diversos reclamos, relacionados con la equiparación del básico que arrancó la policía. En simultáneo, también en Tucumán se ha convocado a la jornada del 19, convocada por el sindicalismo clasista y la CTA.

El Partido Obrero plantea: asamblea en todos los lugares de trabajo y en los barrios para reclamar un salario mínimo de 9.000 pesos; pase a planta a todo el personal contratado, monotributista o tercerizado; 82% para los jubilados; abolición del impuesto al salario; reapertura de las paritarias; desmantelamiento de todas las mafias policiales y de los aparatos de espionaje; fuera la gendarmería; apertura de todos los archivos de la policía y del Ministerio de Seguridad; juicio y castigo a los autores y encubridores del crimen de Paulina, el secuestro de Marita Verón y de todos los casos de impunidad. Impulsemos asambleas en todos los gremios, y asambleas en los barrios, para desarrollar este programa.