Si hasta ahora la salud era un negocio, en adelante será un “negoción”. El plan inte­gral de salud pública que lan­zó el gobierno tiene básica­mente tres ingredientes: la llamada “autogestión” del hospital público, la desregu­lación de las obras sociales y la creación de las Administra­doras Privadas de Salud (APS). Estas APS pretenden ocupar en la salud el lugar que tienen las AFJP en la ju­bilación y las ART en los acci­dentes de trabajo, lo cual de­lata ya su carácter delictivo y confiscador.

En los últimos meses, grandes multinacionales de la salud desembarcaron en Argentina, comprando algu­nas compañías, como Exxel Group, un grupo financiero norteamericano, Cruz Blanca y varias compañías de segu­ros de salud, como Principal, de EE.UU.

También la burocracia sindical ya está trabajando activamente en crear estas APS para lucrar, junto a los grupos económicos capitalis­tas, con la salud obrera. Las burocracias de la UOCRA y FATSA han formado un holding con ITT Hartford, de EE.UU., y las de Luz y Fuer­za, Smata y Municipales han formado por su parte otro, lo que corona el negocio de las AAA (AFJP, ART, APS).

“Autogestión” hospitalaria

El plan de privatización de la salud liquida al hospital público mediante la llamada autogestión y descentraliza­ción hospitalaria. La “auto­gestión”- no es tal, sino autofinanciación, y ello signi­fica que el hospital público debe autofinanciarse arancelizando sus prestaciones. Jus­tamente, los médicos munici­pales denunciaron una induc­ción en 300 millones de pesos del presupuesto porteño de salud para 1995, una cifra que deberá cubrirse cobrando a los' pacientes la atención médica.

De este modo, la “auto­gestión” significa la muerte de los hospitales públicos ubi­cados en las zonas obreras y con alta desocupación, ya que contarán con ingresos inferio­res a los ubicados en zonas de más alto poder adquisitivo. Para no pagar el arancel, habrá que exhibir certifica­dos de pobreza, a cambio de lo cual se obtendrá una atención de segunda. La diferencia­ción de la atención médica re­sultará también del hecho que los hospitales “autogestionados” podrán privatizar ciertas áreas y celebrar con­tratos privados con clínicas y entidades de medicina priva­da.

El gobierno dice que la “autogestión” logrará que las obras sociales y empresas de medicina prepaga paguen por la atención de sus afilia­dos en los hospitales, pero para eso no se requiere ningu­na “autogestión” sino sim­plemente la voluntad de co­brarles, lo cual se puede hacer mediante un sistema de débi­to automático.

La “autogestión” apunta a eliminar el presupuesto es­tatal de salud y derivar el dinero al pago de la deuda externa.

Liquidan las obras sociales

El segundo paso es la des­trucción de las obras sociales, tarea que queda a cargo de la “desregulación”. La “desregulación” significa que el actual aporte a las obras so­ciales podrá ser destinado a cualquier entidad privada de salud, para lo cual cada tra­bajador comprará el plan de salud que corresponda a su salario. Habrá una presta­ción médica básica y a partir de ahí otra diferenciada, se­gún el mayor salario del tra­bajador. Si el trabajador re­quiere una atención médica superior a estos planes, debe­rá realizar aportes “volun­tarios” adicionales.

En una primera etapa, la “desregulación” permitirá el traspaso del trabajador de la obra social de su gremio a la de otro gremio hasta un 20% del padrón , pero en el caso de los que están fuera de convenio o de personal supe­rior, la “desregulación” será aplicada en beneficio de la medicina privada, por ejemplo Medicus, Diagnos, etc. Un plan privado de salud familiar no baja de los 200 pesos, cuando el aporte del trabajador, incluida la con­tribución patronal, es hoy de 50 pesos. La diferencia de 150 pesos será lo que el traba­jador tendrá que aportar de su bolsillo para acceder a una atención médica mediana.

Justamente, para que el trabajador emigre de la obra social, el gobierno dispuso la rebaja de los aportes patro­nales, lo que obligará a recor­tar en mayor medida las pres­taciones médicas de las obras sociales.

La “autogestión” del hospital público, la “desre­gulación” de las obras socia­les y la creación de las APS forman un único plan, que tiene por objetivo ampliar el negocio de la salud. Se estima que las APS podrían tener un giro de negocio de 13.000 mi­llones de pesos anuales, lo que da una dimensión de los intereses que están en juego.

Por una salida obrera

El Partido Obrero plantea, i la defensa integral de la sa­lud trabajadora y la de toda la población, cuya primera me­dida es la anulación de los decretos de “desregula­ción” de las obras sociales y “autogestión” hospitalaria.

Planteamos que la salud sea estatizada y sea sosteni­da exclusivamente con el aporte patronal, a cambio de una cobertura integral y uni­versal a toda la población. Para que la salud deje de ser un negocio, se requiere la ex­propiación de los grandes sa­natorios y laboratorios y la elaboración de un plan esta­tal de salud único, dirigido por los trabajadores.