Desde el mismo momento en que el gobierno y las patronales lanzaron la jubilación privada, el Partido Obrero denunció en una campaña nacional su carácter fraudulento. A poco más de 2 años, los datos confirman puntillosamente esa caracterización.

Sobre 12 millones de trabajadores en actividad, hay 7,5 millones en situación irregular, y de ellos, 6,3 no tienen cobertura previsional.

De los 5,5 millones de afiliados a las AFJP, 2,7 millones no están al día con los aportes, porque las patronales los evaden.

A éstos hay que sumarles los 4 millones de desocupados, que tampoco tienen ningún tipo de cobertura.

Si se tiene en cuenta que queda 1,2 millón aportando al sistema de reparto, sobre 16 millones de trabajadores (entre ocupados y desocupados), sólo tendrían cobertura 3,9 millones.

Las 3/4 partes de los trabajadores, entonces, carece de cobertura previsional.

La situación es, si cabe, aún más grave, porque incluso los que aportan también están perjudicados, ya que las AFJP, aduciendo un incremento de los costos, reducen, cobrando más comisiones, el ahorro de los aportantes.

Junto con esto, han modificado el carácter de sus inversiones, abandonando una posición más ‘conservadora’ de colocar los fondos en títulos públicos, ante la caída de éstos, y se han volcado a inversiones de ‘riesgo’. Cabe la aclaración que el riesgo lo terminarán corriendo los afiliados, porque es su dinero el que está en juego

Un mecanismo parasitario

La sola constitución de las AFJP puso en marcha un mecanismo parasitario. Las Administradoras cobran suculentas comisiones por administrar los fondos, gestión que antes realizaba directamente el Estado. Por ese mecanismo, el Estado dejó de percibir los fondos requeridos, para hacer frente a los jubilados, de los aportantes al sistema público. Pero resulta que las AFJP siguen siendo deficitarias; según el secretario de Seguridad Social, Carlos Torres, el Tesoro deberá aportar a las mismas 1.100 millones de dólares.

Este funcionario calcula que las administradoras serían superavitarias recién en el año 2010. Esto ocurre cuando las Administradoras aún no han tenido que hacer frente a pagos de jubilaciones.

El gobierno, para hacer frente al pago a los jubilados del Estado, ha salido a pedirles dinero a ... las propias AFJP. Para ello ha creado un ‘jubibono’, de colocación obligatoria en las Administradoras, al que se le garantiza una rentabilidad superior a la media, aumentando aún más el endeudamiento y el déficit fiscal. Se cierra así el círculo de un ‘negocio’ capitalista fabricado por el Estado, cuyo costo pagan los trabajadores directa e indirectamente.

Queda por resolver cómo hará el Estado para hacer frente al pago de jubilaciones para los trabajadores cuyas patronales retienen sus aportes.

De lo único que se ufana el gobierno es de que las jubilaciones de los afiliados al sistema de capitalización se incrementó un 38% con respecto al año pasado. Lo que no dice es que ese incremento incluye el PBU que aporta el propio Estado, sin el cual las jubilaciones serían inferiores a las del sistema público.

Todo esto revela la demolición de la Previsión Social.