La cantidad de camas de terapia intensiva disponibles y ocupadas para el tratamiento de pacientes con coronavirus es de los principales problemas que enfrenta, tanto el gobierno como la población. En un contexto de crecimiento sostenido de los contagios, el epicentro de los mismos está dado en la zona de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, concentrando el 91% del total de 83.426 infectados en el país (Ministerio Salud Nación, informe diario, 7/7).

El gobierno anunció, hace unos días, con cifras oficiales, que el sistema de salud cuenta con 612 pacientes Covid internados en terapia intensiva (UTI) de todo el país y que, palabras del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, la disponibilidad de camas es de un 95%, ya que estiman que el nivel de camas de UTI a nivel nacional es de 11.517.

Ginés, rehén de propia desidia

Cuando el ministro de Salud afirma la disponibilidad de 11 mil camas para enfrentar la pandemia está falseando la realidad, ya que el Estado no tiene la potestad de hacer uso de esas camas en función de la necesidad de la población, porque el 61% corresponde al ámbito privado (Ambito Financiero). ¿O nos va a decir Ginés, que cuando no haya camas en un hospital público de la Ciudad, el Hospital Italiano, por ejemplo, va a recibir solidariamente a un paciente sin obra social? De ninguna manera, hará valer caras las camas de las que disponen, montando un negociado incluso a costa de sus afiliados. Esto también cuenta para el total de la geografía argentina; no hay que ser un gran científico para saber que un paciente en estado grave no va a ser derivado de la Ciudad de Buenos Aires a Córdoba buscando una cama disponible.

Los números que preocupan

En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los últimos datos publicados en la página del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente hay 263 pacientes con Covid internados en UTI de hospitales de la Ciudad. En este informe, el gobierno no suma los datos de sanatorios privados. Por otro lado, el gobierno asume que ese número corresponde a un 65% de camas ocupadas, ya que declara contar con 400 camas. Pero podemos afirmar que el sistema público de la Ciudad no cuenta ni por asomo con 400 camas. Una denuncia sentida por los trabajadores de la salud es que no hay una publicación real de camas por hospital. El relevamiento de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad logró contabilizar 250 camas, siendo el porcentaje de camas ocupadas muchísimo mayor al que declara el gobierno, superando el 100% de camas de UTI.

El gobierno no declara el colapso porque contabiliza camas de sectores que poseen ventiladores, pero no están equipados para internaciones prolongadas (guardia, shock room). Por las características de los pacientes que requieren ser internados en UTI, las camas ocupadas suelen variar diariamente. Pero el número de camas requeridas para Covid viene en aumento y, sumado a esto, los pacientes Covid suelen requerir internaciones en UTI por un promedio de 21 días. Es decir, que el aumento de casos sostenido que estamos atravesando imposibilitará cualquier tipo de internación, agravando la salud de los pacientes.

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La provincia de Buenas Aires, víctima de un abandono histórico

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, informa parcialmente cuando dice que la provincia tiene un 51% de camas ocupadas, que escala al 60% en el Gran Buenos Aires. Una radiografía ya de por sí alarmante cuando entramos de pleno en el invierno y aumentan las enfermedades infecciosas y virósicas.

El dato sobresaliente y negativo es, sin embargo, la creciente saturación de las unidades de terapia intensiva en los municipios más poblados de la zona oeste y sur, que suman casi el 40% del total de infectados de la provincia. Los municipios que están en una situación crítica son La Matanza, Quilmes, José C. Paz, Lanús, Moreno y Escobar, que tienen entre el 75 y el 90% de plazas ocupadas. En La Matanza, el distrito más populoso, suman 5.500 los afectados por el Covid-19, una consecuencia directa de la falta de agua, cloacas y servicios en los barrios, pero también de la apertura económica que propició el intendente Espinoza. En la zona norte del Gran Buenos Aires, San Fernando se ha convertido en el foco de la pandemia de la región, con una suba del 85% en los últimos siete días con focos en las villas San Jorge y Presidente Perón, ubicadas en el límite con Tigre. La pandemia sacó brutalmente a luz las condiciones de miseria social en las que vive una masa de los trabajadores bonaerenses en los casi 2.000 asentamientos, villas y barriadas precarias.

Otros distritos comprometidos por la cantidad de casos positivos son los pertenecientes al Gran La Plata, con 1.000 infectados en la ciudad capital, 119 en Ensenada y 228 en Berisso. En La Plata, los trabajadores de la salud son los más castigados por el avance del Covid-19 y la falta de elementos de protección. Una característica de la región es el crecimiento de contagios en los lugares de trabajo bajo la intimación de los empresarios que amenazan con despedir.

Esta escalada, que llevó en la última semana a un aumento del 50% de contagios en por lo menos 26 municipios bonaerenses, está saturando la posibilidad de recepción de enfermos graves en grandes municipios, como ocurre con el Hospital Interzonal de Agudos “Luis Güemes” de Morón, el “Simplemente Evita de González Catán” en La Matanza, el “Magdalena Villegas de Martínez” de Tigre y el Hospital Regional “Dr. Iriarte” de Quilmes, que tendría ya completa su capacidad instalada.

La cantidad diaria de infectados y la proyección exponencial en el Gran Buenos Aires son una catástrofe social para los trabajadores. Es una tarea de la hora la puesta en pie de las comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y barrios bajo el control de representaciones de la clase obrera para elaborar y hacer cumplir los protocolos de protección. Los comités de crisis bajo la batuta del gobierno y las intendencias han demostrado ser apéndices de una política al servicio del capital y para que la clase obrera pague la crisis.

La privatización de la salud en el Amba

Según un informe publicado por Infobae, en la Ciudad de Buenos Aires hay 1.417 camas de UTI. Creyéndole al gobierno de Larreta, las 400 camas significan un 28%, ajustado a la realidad, el número no llegaría al 15%. La superación de recursos privados por encima de los públicos se exacerba en la Ciudad. En la provincia, el 66% de los pacientes de Quilmes depende del “subsistema privado” y aumenta en toda la provincia la dependencia de los capitalistas de la salud que ponen condiciones para ceder camas, como lo han hecho con la imposición del subsidio de 410 millones de pesos mensuales para clínicas y hospitales privados, que saldrán de las arcas del Ioma, desfinanciando a la obra social de los trabajadores del Estado. Los pacientes infectados son enviados a su casa por el sector privado y de obras sociales, que no se hacen cargo del aislamiento, de manera que no se sabe qué pasó con sus contactos estrechos, no hay seguimiento ni se garantizan las condiciones adecuadas para cumplir con la cuarentena total.

Ante el agravamiento de la cuarentena, una salida de fondo

Está claro que ningún gobierno ha planificado de antemano el reforzamiento del sistema de salud con la seriedad que se merece. La planificación sanitaria no es algo que se plantea solo en pandemia, sino una política de Estado que debe garantizar el acceso a la prevención y promoción de la salud de la población de manera cotidiana. Una situación histórica de vaciamiento hospitalario y privatización de la salud se agrava con el avance de la pandemia y la llegada del invierno, que colapsa efectores con enfermos respiratorios.

La centralización del sistema de salud sería la única manera de disponer de todas las camas de manera unificada, para poder empezar a hablar de porcentajes y disponibilidades. La disparidad en recursos que posee el sector privado por encima del público debe ser administrado por el Estado nacional y un comité de sanitaristas y trabajadores.

En el mismo sentido, el acceso a la salud de trabajadores de distintos barrios podría verse beneficiado, de manera urgente accediendo a hospitales mejor equipados y, en el mediano plazo, equipando adecuadamente servicios y efectores que atiendan a la población vecina. Evitando las restricciones por región, pero también pacientes viajando horas para llegar a un hospital. Es fundamental aumentar el personal y centralizar las tareas para reducir la jornada laboral, aumentar salarios y prevenir exposición y muertes de más compañeres. Esta no es una tarea fácil, porque la precarización sanitaria, los bajos salarios y altos niveles de estrés han generado una escasez de personal capacitado, sobre todo en enfermería, que no se soluciona a corto plazo. Es necesario un plan académico que incorpore a las universidades, poniendo la formación intensiva y gratuita de profesionales al servicio de la pandemia. También el reconocimiento de enfermería como profesionales de Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Ponderar la formación gratuita científica y de calidad, mejorar los salarios y las condiciones laborales son la manera de terminar con el pluriempleo y fortalecer el recurso humano.

Un plan integral de enfrentamiento de la pandemia y la colocación de los recursos al servicio de la población debe incorporar la reconversión del sector industrial para abastecer las demandas necesarias: respiradores, camas, monitores, fármacos. En cuanto a los recursos económicos, queda claro que la apertura de los libros de contabilidad de las clínicas privadas y el aumento del presupuesto público destinado a Salud deben formar parte de este plan estratégico.

El impuesto a las grandes fortunas debe ser establecido de manera urgente junto al no pago de la deuda, las medidas para destinar el presupuesto sanitario necesario, para poner en pie un sistema de salud público fortalecido, que termine con la precarización laboral y la falta de acceso a un derecho universal.

https://prensaobrera.com/salud/privatizacion-o-combate-de-la-pandemia-por-que-planteamos-la-centralizacion-del-sistema-de-sal