El interior del país se encuentra en estado de rebelión, por la simple razón de que ha sido sometido también a una implacable confiscación económica por parte del régimen de Menem-Cavallo y de su tan mentado “plan”.

La quiebra final del federalismo

Ocurre que contra lo que dicen Cavallo y los “especialistas”, los trabajadores de las provincias han sido llevados a niveles de miseria sin precedentes como un medio necesario para financiar el plan económico, es decir, para pagar  la deuda externa y conseguir los altos superbeneficios capitalistas de estos tres últimos años. Cavallo rebajó y en algunos casos eliminó los impuestos que gravan en forma directa al capital y concentró la recaudación de impuestos en el IVA, en los combustibles e impuestos internos, todos los cuales son tributos sobre el consumo. “Los cambios implementados implicaron un incremento de la regresividad del sistema impositivo. Esto se debe a que, por un lado, la presión fiscal se recostó sobre los impuestos al consumo (fundamentalmente el IVA), que al gravar proporcionalmente el consumo terminan extrayendo una parte mayor de los ingresos de las personas de menores recursos (que consumen todo su ingreso). Pero, la inequidad distributiva no termina allí. También se hicieron modificaciones en los impuestos encargados de imprimirle progresividad al sistema como son los impuestos al patrimonio y a los ingresos …” (Informe de Coyuntura, Centro de Estudios Bonaerense, abril de 1994). Esto significa que las diferentes clases sociales de las provincias no fueron confiscadas en bloque, ya que el perjuicio de la regresión impositiva ha recaído enteramente sobre los trabajadores.

De acuerdo a la ley de coparticipación de impuestos, a los Estados  Provinciales les corresponde el 57,048% y al Tesoro Nacional el 41,952%. Con el 1% restante se forma un Fondo de Emergencia. Sin embargo, por medio del Pacto Fiscal el gobierno nacional le redujo a las Provincias la masa de los impuestos a repartir; por ejemplo, derivó una parte del IVA a las Cajas de Previsión, que en realidad deben ser atendidas por el Tesoro Nacional, y, en otro caso, le entregó el 10% del impuesto a las ganancias (que es coparticipable) a Duhalde con el pretexto de “atender las necesidades del conurbano bonaerense”. Todas estas deducciones “determinaron que del 57,05% establecido por la ley, las provincias recibieran durante 1992 sólo el 45,9 de los recursos coparticipables” (ídem, Centro de Estudios Bonaerenses, abril 1994). Esto equivale a una merma del 20%, algo así como unos ocho mil millones de dólares.

“Sin embargo —continúa el estudio— la proporción atribuible a las provincias cayó aún más desde entonces. Dado que en aogosto de 1992 comenzó a regir el Pacto Fiscal entre el Estado Nacional y las provincias, las detracciones variaron (por ejemplo, se agregó la retención del 15% destinado al cofinanciamiento de la Seguridad Social), configurando una nueva situación en la distribución primaria de los recursos coparticipables” (ídem). Esto explica que, de acuerdo a los datos del Presupuesto de 1994, la parte de los impuestos que corresponde a las Provincias haya disminuido un 30%. Es así, que sobre impuestos coparticipables esperados de 28.200 millones, el total que se distribuye es de 19.800, de los cuales 11.200 millones (57% de 19.800 millones) le corresponde a las provincias. “Esta cifra representa el 39,8% de los 28.202,6 millones consignados más arriba: vale decir, implica una disminución de casi 17 puntos del porcentaje atribuible a las provincias por la Ley de Coparticipación” (CEB, ídem). Algo así como una pérdida relativa de ingresos del orden de los 10.000 millones de dólares.

Estos 17 puntos de diferencia se los quedó Cavallo para pagar la deuda y los compromisos del Plan Brady. Que no fueron a pagar la deuda con los jubilados lo revela un reciente informe de la ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social), donde señala que no recibió el 15% de los fondos de la coparticipación federal asignados por el Pacto Fiscal (Clarín, 21/6/94).

Claro que todo este desfalco por el lado impositivo o de los ingresos no contempla lo ocurrido por el lado de los gastos que estaban originalmente a cargo del Tesoro Nacional, y que fueron transferidos a las provincias, como educación y salud, sin la contrapartida de los recursos. “Sin las transferencias de servicios de salud y educación la situación financiera de las provincias hubiera mejorado sustancialmente: habrían contado con una disponibilidad de recursos adicionales superior a los 1.000 millones de pesos anuales” (CEB, ídem).

Cavallo quiere transferir ahora las Cajas provinciales a la Nación, pero no para que el Tesoro Nacional se haga cargo del supuesto déficit que se les atribuye, sino para volcar a más de un millón y medio de trabajadores provinciales a las arcas de las AFJP y eliminar el sistema previsional provincial, es decir, eliminar el aporte patronal de los Estados provinciales a esas Cajas y reducir las jubilaciones que se pagan en las provincias (82%  a partir de los 55 y 60 años para mujeres y hombres, unos 600 pesos promedio) a los 300 de promedio que pagarían las AFJP. Para esto, Cavallo pretende imponer, a través de la Constituyente, la jurisdicción nacional de las jubilaciones, que no es otra cosa que instituir la “jubilación privada” en todo el país.

Esta inmensa confiscación  de 10.000 millones por año de los recursos provinciales son utilizados para:

1) pagar los intereses de la deuda pública (externa e interna).

2) financiar la eliminación de los aportes patronales a la jubilación, asignaciones familiares, etc., y de los pocos impuestos al capital que quedan.

3) financiar a las Cajas Nacionales por los fondos que dejarán de recibir en beneficio de las AFJP (esto hasta que salga el decreto de “necesidad y urgencia” que elimine definitivamente el subsistente “régimen estatal de reparto”).

4) pagar los reembolsos y devolución de impuestos a los exportadores.

A pesar de estas cifras apabullantes, es “normal”  leer en los diarios o escuchar por radio o por televisión que son las provincias las que “succionarían” el dinero de la Nación, o que gracias a la “convertibilidad” las provincias habrían recibido una inyección de fondos nunca vista. La Nación (12/6/94), por ejemplo, pregunta con poca ingenuidad: “¿a qué obedece la nueva puja si en apariencia las provincias fueron tan favorecidas por la convertibilidad que hoy reciben una masa de recursos inédita desde 1983 y, además, sus déficits son casi irrisorios frente a los de otras etapas?”. El lector ya sabe la respuesta por todo lo dicho en este artículo.

Gobernadores

Pero los gobernadores, a pesar de conocer cuáles serían las  consecuencias,  firmaron el Pacto Fiscal. El Tesoro Nacional ha esquilmado a las provincias con el apoyo de los gobiernos de éstas, lo cual demuestra que el golpe al federalismo ha sido descargado, no sobre las oligarquías o los capitalistas que operan en las provincias, sino con el concurso de ellos. El federalismo está agotado en términos capitalistas; la democracia federal (igualdad y autogobierno provinciales) sólo puede ser recuperada por un gobierno obrero.

La crisis capitalista y el endeudamiento nacional, sin embargo, le exigen a Menem-Cavallo una cirugía aún más profunda: eliminar lisa y llanamente el régimen de coparticipación federal; reservar los impuestos directos y el IVA exclusivamente para la Nación, y obligar a las provincias, mediante despidos en masa y “privatizaciones”, a financiar sus administraciones públicas con un impuesto a las ventas, que se sobrepondría al IVA. A esto apunta la reiterada manifestación de la intención de crear “regiones económicas”, que sustituirían las principales funciones de los Estados provinciales en ese terreno.

Este es el verdadero meollo del problema: la completa y total liquidación del federalismo. Algunos gobernadores, viéndola venir, han planteado darle rango constitucional a la coparticipación federal y hasta incluir en ella a todos los impuestos (incluidos los de comercio exterior). Pero como hasta ahora han cedido a todas las exigencias del gobierno nacional, lo que probablemente estén buscando es una negociación y el respaldo (avales) para contratar deuda pública provincial en el exterior (lo disponen así varias reformas constitucionales provinciales recientes).

En oposición a esta tendencia centralizadora-confiscatoria del capital financiero internacional y nacional, nosotros, los del Partido Obrero, planteamos el cese del pago de la deuda pública usuraria y el control y la gestión obrera y provincial de las políticas financieras y monetarias; el impuesto directo progresivo a los beneficios capitalistas; el aporte patronal exclusivo; la eliminación de los impuestos al consumo; el control obrero y provincial del comercio exterior y la estatización bajo control obrero de todos los monopolios instalados en el pais y en cada una de las provincias.