El diario La Nación tituló este viernes que “el FMI confirmó que no impondrá medidas concretas sobre la economía”, lo que es doblemente falso. No sólo porque el acuerdo con el organismo incluiría el cumplimiento de metas de ajuste (en primer lugar de déficit fiscal), sino también porque el Fondo ya ha hecho “recomendaciones” al gobierno que trazan una hoja de ruta de ataque contra las masas.

El anuncio de Macri de ayer contra los regímenes especiales laborales y jubilatorios -de trabajadores docentes, judiciales, mineros y científicos, entre otros sigue a pie juntillas las recomendaciones expresadas por el propio FMI a fines de 2017, en su informe anual para la Argentina conocido como Artículo IV. Allí este organismo del capital financiero instaba a “abordar los desequilibrios en las pensiones” y explícitamente planteaba –en el marco de un plan de ajustes– un régimen previsional “sin la estructura existente de regímenes especiales y excepciones” (IMF.org, 29/12/17). Esto significa avanzar sobre los regímenes previsionales conquistados por varios gremios, como el de los docentes, que les permiten cobrar una jubilación por encima de la indigencia. María Eugenia Vidal viene de hacer lo propio con la caja de jubilaciones de los trabajadores del Banco Provincia mientras que el cordobés Juan Schiaretti viene de anunciar el fin del fondo compensador que garantizaba el 82% móvil para los operarios de la empresa provincial de energía.

La presentación macrista de los regímenes especiales de trabajadores como “de privilegio” es una falsificación plena, ya que se trata de trabajadores que realizan aportes mayores.

De fondo, el FMI y el gobierno nacional y los provinciales procuran la demolición de las jubilaciones y su conversión en una prestación de tipo asistencial, negándole su carácter de salario diferido. Esto sería acompañado con otra medida, la recreación de un mercado de seguros de retiro (tipo AFJP), con los aportes adicionales de los trabajadores que intenten cobrar un “complemento”.

El FMI también le ha dado letra al gobierno en materia laboral. En un informe del 29 de diciembre de 2017, que reseñó La Nación (16/5), se afirman una serie de sugerencias para un mercado laboral “más flexible”. Fundamentalmente, bajar las indemnizaciones –el gobierno mantiene en su proyecto la eliminación del aguinaldo y bonificaciones para su cálculo-, facilitar los despidos, reducir el empleo público, y ampliar la aplicación del impuesto a las ganancias sobre el salario.

Por su parte, los gobernadores del PJ han expresado su apoyo a un acuerdo con el Fondo, lo que equivale a un compromiso con este plan anti obrero.

Es necesaria una inmediata respuesta de los trabajadores: un paro activo y un plan de lucha contra el acuerdo infame con el FMI, a partir de un congreso de delegados con mandato de base de todas las centrales y sindicatos.